El proyecto pretende incorporar un sistema de evaluación periódica del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, sin crear nuevos organismos ni sanciones.
Buscan reforzar el esquema de acceso a la información pública.
La diputada provincial Griselda Petri (UCR) presentó un proyecto para modificar la Ley Nº 9.070 de Acceso a la Información Pública y sumar una herramienta de evaluación que permita medir, de manera sistemática, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el Estado mendocino.
La iniciativa incorpora un nuevo Título III a la norma vigente, enfocado en la evaluación y seguimiento, y crea el Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP), un instrumento que buscaría aportar datos objetivos sobre el desempeño de los organismos públicos.
El eje central del proyecto parte de la idea que no alcanza con reconocer derechos si no se controla su cumplimiento. En ese sentido, la propuesta plantea que la provincia debe completar el “ciclo” de la política pública en materia de transparencia.
En ese sentido, la propuesta plantea que la provincia debe completar el “ciclo” de la política pública en materia de transparencia:
El IPTP se presenta como la herramienta para cubrir ese vacío. Según el proyecto, funcionará con criterios técnicos, uniformes y verificables, basados exclusivamente en evidencia, y sus resultados serán públicos.
El índice medirá el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los organismos del sector público provincial.
Entre sus principales características:
Además, el esquema prevé una aplicación progresiva: evaluaciones anuales durante los primeros dos años y, luego, semestrales.
En el caso de otros poderes del Estado y organismos autónomos, la implementación será mediante protocolos de colaboración, con el objetivo de respetar su independencia.
Uno de los puntos que subraya el proyecto —y que también remarca la autora— es que no se crean nuevas obligaciones, sanciones ni organismos.
En lugar de ampliar el marco normativo, se busca fortalecer el cumplimiento de lo que ya existe, incorporando una herramienta de monitoreo institucional. Esto, según los fundamentos, permitiría generar información objetiva para mejorar la gestión pública y reforzar la confianza ciudadana.
El texto del proyecto se apoya en distintos fundamentos:
Además, retoma experiencias ya existentes: a nivel nacional, la Agencia de Acceso a la Información Pública aplica un esquema de evaluación similar.
El proyecto también busca institucionalizar una práctica que hoy, en muchos casos, realizan organizaciones de la sociedad civil: evaluar el nivel de transparencia del Estado.
Con esta iniciativa, esa tarea pasaría a formar parte del propio sistema institucional, con métricas oficiales y continuidad en el tiempo.
La apuesta, según plantea la autora, es que Mendoza pueda dar un salto en calidad institucional, no solo por contar con normas de acceso a la información, sino por medir de manera concreta cómo se cumplen.
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