Un síndico que interviene en expedientes concursales declaró como testigo en la investigación por la presunta estafa contra Rapicuotas y advirtió que detectó maniobras que, a su criterio, podrían haber tenido como objetivo concretar el delito mencionado. Su testimonio fue incorporado a un caso que ya acumula decenas de expedientes.
Se trata de un contador, quien declaró el 26 de agosto de 2026 ante el fiscal y explicó que cumple funciones como síndico designado por el Tercer Juzgado de Procesos Concursales. Según detalló, una de sus tareas consiste en analizar las causas del desequilibrio económico y la cesación de pagos de las personas que llegan a una quiebra.
El testigo explicó que, al estudiar uno de los expedientes, detectó que la deuda de un concursado había pasado de niveles que consideraba normales a un endeudamiento de $16,7 millones en abril de 2024, $39,3 millones en mayo y más de $43 millones posteriormente.
Para Benaroya, esa evolución no correspondía a un endeudamiento habitual y podía tener como objetivo perjudicar a la empresa denunciante.
El testimonio del síndico y las similitudes entre los expedientes
Benaroya sostuvo que encontró circunstancias similares en tres expedientes concursales y señaló que los casos tenían, a su entender, un patrón común. También declaró que en uno de esos procesos detectó que un pedido de quiebra había sido copiado en forma literal, situación que comunicó al tribunal.
Ante las preguntas de la querella y del Ministerio Público, el síndico aclaró que no pudo determinar que el concursado de ese expediente hubiera tomado créditos específicamente con Rapicuotas o Finanpro. Sin embargo, explicó que sus facultades de investigación permitieron advertir movimientos que, por sus características, justificaron que se remitiera una compulsa a la justicia penal para determinar si existió algún ilícito.
La investigación por la presunta estafa a Rapicuotas comenzó en junio de 2025 y apunta a un esquema en el que cientos de personas habrían obtenido créditos que luego no pagaron y posteriormente recurrieron a concursos preventivos o quiebras. La causa fue dividida en cinco investigaciones paralelas y cuenta con la intervención de distintos fiscales.
La investigación también analiza los vínculos entre algunos de los concursados, sus representantes legales y los movimientos de los fondos obtenidos mediante los créditos.