El relevamiento buscó determinar la incidencia real de las falsas denuncias. Los resultados fueron presentados tras analizar casi 8,4 millones de causas de 19 jurisdicciones.
Desde el Observatorio reafirmaron que el objetivo es avanzar hacia una política criminal basada en evidencia
Foto: Sijumendoza
El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos presentó un relevamiento nacional que buscó poner números a un debate que ganó espacio en los últimos años: las falsas denuncias dentro del sistema judicial. Sobre casi 8,4 millones de causas ingresadas en 19 jurisdicciones del país, las vinculadas con falsa denuncia representaron apenas el 0,09%.
Los datos fueron expuestos por Rosana Dottori, directora de la Dirección de Enlace Institucional y Codirectora del Observatorio de Violencia de Género en Mendoza en el marco de las XIV Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos que tuvieron lugar en Mendoza entre el 27 y 28 de agosto. En este panel, se repasaron los diez años de trabajo del organismo, el cual también contó con la participación de Carla Cerliani, representante del MPF de Santa Fe y del Procurador General de Chaco, Jorge Canteros.
El estudio sobre las falsas denuncias fue analizado durante los años 2023, 2024 y 2025 y buscó determinar qué cantidad de las causas que ingresaron a los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos, correspondía a delitos relacionados con falsa denuncia y falso testimonio.
En una primera instancia participaron 17 jurisdicciones, que aportaron información sobre más de 8,2 millones de causas. Posteriormente se sumaron otras dos, por lo que la cantidad se amplió a 19 jurisdicciones y casi 8,4 millones de expedientes.
Según los resultados expuestos por Dottori, las causas por falsa denuncia representaron el 0,09% del total relevado, mientras que aquellas vinculadas con falso testimonio alcanzaron aproximadamente el 0,025%. La incorporación de las últimas dos jurisdicciones, señalaron desde el Observatorio, prácticamente no modificó esos porcentajes.
Además de determinar la incidencia de estas causas sobre el total, el Observatorio buscó conocer qué tipo de conflictos estaban detrás de las falsas denuncias. Quince jurisdicciones pudieron aportar información desagregada. De acuerdo con los datos presentados, el 92% de las falsas denuncias relevadas correspondía a otro tipo de conflictos, entre ellos cuestiones económicas, patrimoniales, laborales o vecinales.
En contraposición, solo el 8% estaba relacionado con casos de género, violencia intrafamiliar e integridad sexual, según se explicó durante la presentación. Desde el organismo calificaron esta incidencia como un fenómeno marginal y remarcaron la importancia de discutir el tema a partir de información empírica.
Sin embargo, durante la exposición también se realizó una aclaración metodológica central: el relevamiento contabilizó las causas que ingresaron a los sistemas de gestión, pero no analizó cuál fue posteriormente el recorrido procesal ni el resultado definitivo de cada expediente.
Por ese motivo, los porcentajes no significan que el 0,09% del total de denuncias haya sido judicialmente determinado como falso, sino que esa fue la proporción de causas ingresadas bajo esa figura dentro de los datos recolectados.
La elaboración del relevamiento surgió a partir de la preocupación del Observatorio frente a discursos que advertían sobre una supuesta masividad de denuncias falsas, especialmente en conflictos que involucran a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Ante ese escenario, el organismo impulsó un comunicado institucional y posteriormente propuso reunir información de los Ministerios Públicos para determinar cuál era la dimensión real del fenómeno. Uno de los principales conceptos planteados durante la exposición fue que una denuncia que no termina en una condena no puede ser considerada automáticamente falsa.
Una causa puede ser archivada, desestimada o finalizar con una absolución por insuficiencia de pruebas, por los estándares probatorios exigidos durante el proceso o por la aplicación del principio de inocencia. Equiparar esos resultados procesales con la falsedad de una denuncia, remarcaron desde el Observatorio, constituye un error conceptual y puede distorsionar la interpretación sobre el funcionamiento del sistema judicial.
La preocupación del organismo radica, además, en que este tipo de discursos pueda convertirse en una nueva barrera para quienes atraviesan situaciones de violencia y evalúan recurrir a la Justicia
En contraposición con el debate alrededor de las falsas denuncias, desde el Observatorio señalaron que diferentes estudios de prevalencia muestran la persistencia de un problema de subregistro de la violencia, es decir, hechos que nunca llegan formalmente al sistema judicial.
Durante la presentación se citaron investigaciones realizadas en 2019 y 2022 para advertir sobre la cantidad de víctimas que no formalizan una denuncia, especialmente frente a situaciones de violencia dentro de la pareja.
También se hizo referencia a información del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Según señaló Dottori, solo el 18% de las víctimas directas de femicidio había realizado una denuncia formal previa, aun cuando existían antecedentes de violencia.
En ese sentido, uno de los desafíos señalados es reducir las barreras que todavía dificultan el acceso a la Justicia y evitar la reproducción de estereotipos que puedan desalentar a las víctimas a denunciar.
La presentación también sirvió para hacer un balance del recorrido del Observatorio de Violencia de Género, creado en 2015 y que comenzó a funcionar al año siguiente.
El organismo trabaja a través de una red federal de referentes designados por las máximas autoridades de los Ministerios Públicos y tiene como uno de sus principales objetivos incorporar la perspectiva de género dentro de esas instituciones mediante relevamientos, diagnósticos, informes, capacitaciones e intercambio de buenas prácticas.
Entre las acciones recientes se destacó una alianza institucional con Alemania para implementar el programa de entrenamiento "mejorando la persecución penal de casos de violencia de género en América Latina"
A una década de su creación, desde el Observatorio reafirmaron que el objetivo es avanzar hacia una política criminal basada en evidencia, respetuosa de las garantías del debido proceso y orientada a la protección efectiva de los derechos de las víctimas, con el desafío de continuar eliminando obstáculos para el acceso a la Justicia.
