Cinco niñas quedaron expuestas tras un homicidio en Guaymallén. El Estado intervino y resolvió qué hacer ante la falta de un entorno familiar seguro.
Qué pasará con las cinco hijas de la acusada por el macabro homicidio en Guaymallén
Luego del macabro homicidio ocurrido en Guaymallén, el destino de las cinco hijas de Adriana Valeria Suárez quedó en manos del Estado. Las menores presenciaron una escena de extrema violencia, lo que motivó una intervención urgente por parte de las autoridades provinciales.
Tras el crimen, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE trabajó junto al Programa de Maltrato Infantil y Salud Mental del hospital Carrillo. Ambas instituciones confirmaron que las niñas fueron víctimas de maltrato crónico, negligencia grave y exposición a extrema violencia. Según la información relacionada al caso, estuvieron presentes durante el homicidio de César Darío Rodas, lo que agravó la situación emocional de las menores.
Frente a este cuadro crítico, el Estado aplicó una medida de protección excepcional, ya que las niñas no tienen familiares cercanos que puedan hacerse cargo. De este modo, las hermanas serán trasladadas a distintas instituciones provinciales, donde recibirán atención individualizada.
Las adolescentes de 15 y 13 años serán derivadas a residencias diferentes y descontextualizadas entre sí. Esto tiene el objetivo de minimizar posibles riesgos y favorecer la recuperación de cada una.
Por su parte, las tres niñas de 11, 9 y 7 años permanecerán juntas en una misma institución. En su caso, el Estado priorizará el vínculo fraterno y buscará fomentar nuevas dinámicas afectivas que colaboren con su proceso de recuperación, dada la alta afectación psicológica sufrida desde el entorno materno.
El Estado dispuso un seguimiento técnico y terapéutico diario para todas las menores. Además, el juzgado interviniente fue notificado formalmente y se garantizará que las niñas accedan a un proceso de reparación emocional profundo y sostenido en el tiempo.
La intervención es urgente y necesaria, ya que el impacto del entorno materno y el hecho traumático ocurrido en Guaymallén podría generar secuelas graves.
En el caso, la más complicada fue Suarez, ya que cuenta con varios antecedentes. La mujer gozaba en esa vivienda del régimen de prisión domiciliaria, al estar cumpliendo una condena a más de 6 años de cárcel por un robo agravado en poblado y en banda. Esa sentencia fue en enero del 2019.
Pero antes, en agosto del 2012, Suarez ya había sido condenada por otro robo agravado en poblado y agravado por el uso de arma de fuego.
Fuentes policiales dijeron que Suarez, madre de cinco hijos, fue acusada de cometer robos sumamente violentos y que también ha tenido vinculación con tenencias y comercio de estupefacientes.
Todo ocurrió el jueves 19 de junio en una vivienda de Adolfo Calle al 1.900, en Dorrego, Guaymallén. En ese lugar vive la principal acusada, quien le alquilaba una habitación a la víctima fatal.
Según las primeras pericias, Suárez habría contado con la ayuda de su pareja, un hombre de 35 años, y un amigo de este, de 46 años. Los tres cuentan con abundantes antecedentes penales por robos, amenazas y daños, entre otros.
Lo cierto es que Rodas fue asesinado a golpes y puñaladas y luego descuartizado. Peor aún, luego los sospechosos prendieron fuego el cuerpo en la parrilla de la vivienda. Vecinos de la zona destacaron que durante horas se sentía en el barrio un “olor a quemado muy fuerte”.
En medio de ese brutal ataque, Suarez le envió una foto del cadáver incinerado al hermano de la víctima fatal. Ese hombre se dirigió de inmediato a una comisaría y tras la notificación de lo sucedido, la policía fue al domicilio.