Condenada a muerte en Estados Unidos, Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones de pentobarbital y suspendieron las ejecuciones.
Pena de muerte en Estados Unidos: la fallida ejecución de Christa Pike conmociona a la sociedad
El sistema penitenciario y judicial de Estados Unidos atraviesa una controversia sin precedentes tras un episodio que conmocionó a la opinión pública internacional. Condenada a la pena de muerte hace más de tres décadas, Christa Pike sobrevivió a la aplicación de dos dosis letales de pentobarbital, lo que forzó la cancelación inmediata del cronograma estatal de ejecuciones.
En 1995, la ciudad de Knoxville quedó conmocionada por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años. Pike, quien tenía 18 años y cursaba estudios en el Job Corps Center, cometió el ataque junto a su novio Tadaryl Shipp (de 17 años) y otro amigo.
Pike ya había tenido algunas peleas con Colleen Slemmer por celos, estaba convencida que Slemmer quería quitarle a su novio. Fue así que Pike ideó un plan, junto a su novio y un amigo, para engañar a Slemmer y llevarla a una zona de bosques con la excusa de fumar un cigarrillo de marihuana y hacer las paces. En el lugar la atacaron; según dice la investigación a la joven la torturaron durante un tiempo prolongado incluso le grabaron una estrella de 5 puntas en el pecho. Pero el dato que sentenció a Pike fue que una vez consumado el crimen, Christa extrajo un pedazo del cráneo de Colleen y lo ostentaba como un trofeo.
Tanto Pike como su novio confesaron el crimen y fueron declarados culpables de homicidio en primer grado. Por la gravedad extrema de la tortura y la alevosía comprobada Pike recibió además la pena capital y pasó casi treinta años en el corredor de la cárcel de Riverbend en Nashville, convirtiéndose en la única reclusa en espera de ejecución en todo Tennessee.
Durante las décadas posteriores, la madre de la víctima, May Martinez, se mantuvo firme reclamando el cumplimiento de la sentencia capital. Por su parte, la defensa de Pike intentó apelar el castigo señalando que, al cometer los hechos a sus 18 años, padecía graves traumas no tratados derivados de abusos sexuales en su infancia y severos trastornos de salud mental, factores que no fueron valorados por el jurado en 1995.
La propia reclusa, en una petición formal de indulto presentada semanas antes de la ejecución fallida, admitió: «Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos (...) Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen».
Sin embargo la justicia de Tennessee encontró que no había motivos suficientes para suspender la condena. La fecha de ejecución que se estableció fue el 30 de septiembre a las 10 PM (Estado Unidos).
La ejecución marcaba un precedente histórico: iba a ser la primera mujer ejecutada en el estado en dos siglos. Los incidentes dentro de la cámara comenzaron formalmente tras el ingreso de los testigos:
Los defensores presentaron recursos urgentes ante la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que someterla a ese procedimiento constituía un castigo cruel e inusual. Además, cuestionaron la falta de atención a los abusos sufridos durante su infancia y sus trastornos psiquiátricos no tratados al momento del juicio original.
Por su parte, el Departamento Correccional de Tennessee emitió un descargo oficial en el que defendió su accionar, asegurando que se cumplió rigurosamente con cada paso del protocolo avalado por la Oficina del Fiscal General. Desde el organismo explicaron que el reglamento contempla el suministro de una segunda dosis en caso de que la persona siga con vida, pero no autoriza ninguna aplicación adicional tras ese punto.
Ante la gravedad de la situación, el gobernador Bill Lee resolvió frenar de inmediato todas las ejecuciones programadas en el estado para lo que resta del año. Además, instruyó una auditoría independiente a cargo de terceros para investigar en detalle qué falló durante el procedimiento penitenciario.
Especialistas del Centro de Información sobre la Pena de Muerte catalogaron lo sucedido como una situación médica y jurídica sin comparaciones previas. Tras el procedimiento abortado, Pike fue trasladada de urgencia hacia un hospital zonal para recibir asistencia médica especializada, sin que hasta el momento las autoridades brinden un reporte sobre su estado de salud.
