La empresa E&M Viviendas Industrializadas quedó bajo investigación tras las denuncias de familias que pagaron por casas que nunca recibieron. Son casi 100 los damnificados.
La misma presunta maniobra habría sido realizada con al menos otros 15 denunciantes
El sueño de la casa propia para un grupo de familias mendocinas quedó truncado. Una causa por presunta estafa involucra a E&M Viviendas Industrializadas, firma que, según las denuncias incorporadas al expediente, captaba interesados, celebraba contratos para la construcción de viviendas y recibía pagos que, en algunos casos, llegaron a cubrir la totalidad de los montos acordados.
Los denunciantes sostienen que pagaron total o parcialmente sus casas, pero nunca recibieron las viviendas prometidas. Además, aseguran que, con el paso del tiempo, comenzaron las demoras y las dificultades para obtener respuestas ante sus reclamos. El caso ya se encuentra en manos de la Justicia, por lo que la Fiscalía dispuso investigar a los responsables de la firma por la presunta comisión del delito de estafa genérica, aunque hasta el momento no han sido imputados.
Según pudo saber Sitio Andino, la empresa ofrecía distintas modalidades para adquirir las casas. Una de ellas establecía que, una vez cancelado el 70% del valor de la vivienda, comenzaría la construcción y posteriormente podía completarse el porcentaje restante.
Otra posibilidad consistía en cancelar el 100% del valor, lo que, según sostienen los damnificados, otorgaba prioridad para la construcción y posterior entrega de la propiedad. Sin embargo, los denunciantes aseguran que cumplieron con los montos acordados bajo alguna de estas modalidades y las viviendas no fueron entregadas. Algunos sostienen que los incumplimientos se arrastran desde hace varios años.
Según información a la que accedió este medio, una de las denuncias presentadas ante la Justicia de Mendoza describe cómo habría comenzado el contacto entre los potenciales clientes y la empresa. Los denunciantes señalaron que conocieron la firma mediante publicidad en redes sociales.
En particular, mencionaron una página de Facebook que contaba con más de 5.000 seguidores, publicaciones frecuentes, fotografías de viviendas supuestamente instaladas y comentarios atribuidos a clientes. De acuerdo con la denuncia, esa estructura digital proyectaba una imagen de "solvencia, seriedad y trayectoria", lo que habría generado confianza entre quienes buscaban acceder a una vivienda propia.
Pero el modus operandi no se limitaba a las redes sociales. Los interesados también concurrían personalmente a una sede ubicada sobre calle Húsares, en Guaymallén. Según la denuncia, el lugar contaba con cartelería institucional, personal destinado a ventas y administración y una estructura comercial que reforzaba la apariencia de una empresa estable.
Otro elemento señalado por los denunciantes es que, durante las reuniones, les mostraban una maqueta de la vivienda, terminaciones y diferentes materiales
En uno de los casos incorporados al expediente, una familia relató que, después de firmar el contrato en las oficinas, un cobrador acudía mensualmente a su domicilio para recibir las cuotas.
Según surge de una de las denuncias, la empresa había indicado a una familia que la construcción comenzaría una vez alcanzado el 70% del pago. En ese caso, una de las familias comenzó a pagar en 2022 y posteriormente, en diciembre de 2023, suscribió un nuevo documento denominado "Convenio Compra Directa", mediante el cual se establecieron nuevas condiciones para completar el valor de la vivienda.
Este punto forma parte de la investigación debido a que los clientes ya llevaban meses realizando desembolsos cuando se celebraba un nuevo convenio y continuaban efectuando pagos con la expectativa de que comenzara la construcción. En el caso de esta familia, además, hubo una intervención concreta en el terreno: un grupo de aproximadamente ocho obreros realizó una platea de hormigón.
Sin embargo, según consta en el expediente, después de ese trabajo la obra no continuó. Este aspecto resulta particular dentro de las denuncias analizadas, ya que otros damnificados aseguran que sus viviendas directamente no llegaron a esa instancia.
La mujer a la que le realizaron la platea comenzó posteriormente a reclamar por el avance de la construcción. Según declaró ante la Justicia, en reiteradas oportunidades le respondieron que debía esperar hasta el mes siguiente y que primero tenían que finalizar viviendas correspondientes a 2023.
La denuncia sostiene que, a partir de entonces, comenzaron una serie de postergaciones y maniobras dilatorias frente a los reclamos de los clientes. Incluso, en ese caso particular, posteriormente se confeccionó un acta de compromiso de entrega de vivienda, mediante la cual se estableció una nueva promesa para avanzar con la construcción. Sin embargo, la vivienda tampoco fue finalizada.
Las presentaciones contra la firma derivaron finalmente en una investigación penal. En junio de 2026, la Fiscalía dispuso investigar a los dueños por la presunta comisión del delito de estafa genérica. En la resolución incorporada al expediente, el Ministerio Público Fiscal reconstruyó los pagos efectuados por una de las familias, la firma de los convenios y la realización de la platea que posteriormente quedó abandonada.
Además, la medida judicial señala que la misma presunta maniobra habría sido realizada con al menos otros 15 denunciantes. De esta manera, la Justicia busca determinar si detrás de los incumplimientos contractuales existió una maniobra destinada a captar dinero mediante la promesa de construir viviendas que finalmente no fueron entregadas.
