CFK está siendo juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita.
Foto: NA CFK habló durante casi una hora en defensa propia, aunque su alegato por las redes sociales, además de procesalmente improcedente, su estrategia defensiva fue de poco calibre, recurriendo a una estrafalaria apelación, sintetizándola, sería: “Si todos robamos porque sólo me juzgan a mí”
Incluso, no tuvo la mínima dignidad de respeto a su marido muerto; ¡Sí, para defenderse atacó a Néstor Kirchner! Le recriminó haber “arreglado” con el dueño de Clarín la fusión de Cablevisión y Multicanal, “un negocio más grande que todas las licitaciones de obras públicas”
Recordemos que Intentó hacerlo ante los jueces que la juzgan, como presunta jefa de una asociación ilícita formada para enriquecerse con dinero de la obra pública. No se lo permitieron, por la improcedencia en la instancia procesal del juicio. Decidió entonces hablar ante una cámara que colocó en su despacho del Senado.
El lunes pasado, fue la última de nueve jornadas de alegatos de la acusación en la llamada causa Vialidad. El fiscal Diego Luciani consideró a Cristina Kirchner la jefe de una asociación ilícita que perpetró durante sus dos mandatos como presidenta, entre 2007 y 2015, “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La investigación alcanza a otros 12 altos funcionarios del kirchnerismo acusados de desviar dinero de la obra pública para enriquecerse.
El desafió del fiscal fue enorme. Probar que se había creado en el Gobierno de Kirchner una asociación ilícita que la tenía como jefe, no es tarea sencilla desde el punto de vista jurídico. El alegato de acusación del Fiscal fue preciso y contundente. De excelencia desde la óptica del Derecho. Por el contrario, el presidente Fernández, se ubicó en términos políticos en las antípodas de la postura elevada que tuvo el fiscal Luciani, “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”
¡El fiscal tuvo vuelo de cóndor, Fernández no despegó del suelo!
Todos debemos respetar la independencia del poder judicial, incluye esta premisa republicana, con más vigor aún, al presidente Fernández y a la vicepresidente acusada. Como bien lo ha sostenido REJIA (Red de Entidades por la Justicia Independiente) “La independencia judicial constituye un Derecho Humano, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”
La esencia de la democracia impone el debido respeto por la división de poderes que permita el pleno funcionamiento de los frenos y contrapesos, de modo que los distintos poderes se mantengan mutuamente en equilibrio. Es la premisa básica para una armónica convivencia en un Estado de Derecho.
Retomando el asunto judicial en pleno trámite, el fiscal Luciani pidió una pena de 12 años contra CFK, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El kirchernismo se aferró a lo que considera un intento de proscripción de su líder, cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales. Al unísono, los funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández salieron a respaldar a la líder del movimiento. Según el relato oficial, la justicia ha complotado con la oposición conservadora para proscribir a CFK de cara a las elecciones presidenciales de 2023. El canciller, Santiago Cafiero, comparó la situación de la vicepresidenta con al de otros líderes regionales que terminaron en la cárcel. Sergio Massa, dijo que la acusación del fiscal Luciani sienta un grave precedente, porque “es absurdo plantear que el jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”. El ministro de economía, intento una defensa más técnica -si así pudiera calificarse -olvidando que algunos años atrás, el eje de su campaña presidencial, prometía “Meter presa a CFK”
Puede que sea una manera de victimizar a la vicepresidente, hasta de buscar el objetivo de consolidar el voto duro de CFK, el de aquellos que la siguen con devoción cuasi religiosa.
Sin embargo, el daño institucional es inconmensurable. En un país ajustado a las normas que estableció el gran acuerdo nacional, plasmado en los principios liminares de nuestra Constitución Nacional, consolidar la institucionalidad indica que, Cuando un fiscal habla, la prudencia debe ser el silencio de los encausados, hasta que una sentencia efectivamente considere culpable o no, a quién se acusa”.
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