El presidente Alberto Fernández, el ministro (¿y candidato?) Sergio Massa y su colega (¿y candidata?) Victoria Tolosa Paz anunciaron ayer un nuevo aumento (más que necesario) de los valores otorgados mediante el Programa Alimentar.
El Alimentar tal su logo y nombre de mkt de sus comienzos fue ideado ni bien llegó al gobierno el Frente de Todos bajo la conducción de un tipo serio y responsable como Daniel Arroyo. La idea tenía visos de perfección en cuento a su control y direccionamiento. La tarjeta solo permitía cancelar la compra de ciertos alimentos que apuntaban a la mejor alimentación de las familias y niños beneficiarios. Leche, verduras, carne, alimentos secos. Quedaban expresamente excluidos los rubros de bebidas alcohólicas, gaseosas, ropa etc.
La aplicación era sencilla ya que hoy los sistemas de las cadenas de supermercados y grandes comercios permiten rápidamente identificar que producto se consume y cómo y con qué se paga.
La pata flaca en todo caso era que el esfuerzo del Estado terminaba en las mismas manos concentradas de las cadenas de ventas y los grandes productores de alimentos con quienes el Gobierno vive un conflicto permanente por la suba de precios que día a día toma más características de injustificada.
Cuando Arroyo dejó el Ministerio y llegó Juan Zabaleta, mientras el mundo transitaba la pandemia, se decidió un cambio fundamental; el importe del programa se sumaba a la Asignación Universal por Hijo. La justificación fue precisamente permitir que los beneficiarios pudieran usar el dinero para comprar en los comercios de barrio y no solo en las grandes superficies. La desventaja; se perdió el control de qué se compraba y cómo se alimentaban esas familias.
En los dos casos el programa sufre de las falencias vinculadas directamente a la conformación de la economía argentina que sigue con altísimo porcentajes de funcionamiento fuera de los márgenes de las reglamentaciones, lo que se conoce comúnmente como en negro.
La decisión de ayer involucra un monto cercano a los 121 mil millones de pesos que serán volcados a la asistencia de esos sectores vulnerables, pero finalmente al mercado. La discusión que vuelve a tomar sentido -si se puede levantar un poco la mirada y el debate- es si hay otro modelo u otra forma de implementación para que ese dinero del Estado se vuelva virtuoso en todo el ciclo y no termine a las pocas horas solo en las cuentas corrientes de los grandes elaboradores de alimentos.
El ex titular del INTI, el ingeniero Enrique Mario Martínez se preguntaba ayer al conocer kla medida “¿Como se evita que esa suma mejore algo la alimentación de millones, a la vez que aumenta mucho los beneficios de un puñado de hiper y de grandes proveedoras?” y continuaba que “Si el Estado pone enormes sumas de dinero para conseguir que todo compatriota mejore su posibilidad de tener un plato de comida, ¿no se puede acompañar eso con acciones que aumenten la participación de los pequeños productores en ese abastecimiento?”.
Es una pregunta interesante y plantea precisamente cómo poder trabajar en que el circulo sea virtuoso y el sistema no solo salga en auxilio de los más necesitados sino que la cadena gire poniendo en marcha otros sectores que podrían atender esas necesidades de alimentación, calzado, vestimenta etcétera, de los sectores vulnerables asistidos por Estado desde la economía social que a su vez tienen una importante inserción precisamente en esos sectores alcanzados por la ayuda del Estado.
Hay ejemplos exitosos de ese modelo con participación activa del Estado como lo que se esta viviendo en La Rioja y justamente ayer en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, se inauguró el primer Parque de Producción Social Nacional (PPS) que nace con la necesidad de promover el desarrollo productivo local, alberga empresas sociales que dan respuestas a problemáticas comunitarias y que alcanza hasta la fecha a más de 100 trabajadores/as. Siguiendo el modelo organizacional vincula cooperativas con actores público-privados brindando respuesta a misiones sociales concretas, además de generar empleo digno y cadenas de valor.
El parque que concentra a productores y productoras de la economía social busca precisamente potenciar esas producciones mejorando logística, costos y utilizando las cadenas asociativas para permitir que esas producciones sociales y familiares de alta calidad y mejor valor nutricional y calidad que las industrializadas lleguen con mayor facilidad y competitividad a la los proveedores y al consumidor.
Los Parques de Producción Social, es un proyecto desarrollado precisamente por el Instituto para la Producción Popular (IPP), donde se busca (como decíamos) construir y fomentar un espacio que integre a las empresas sociales en todo el país y comenzó su camino a fines del 2021 cuando se firmó el convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Los ejemplos de las empresas mixtas de La Rioja o el de los Parques de Producción Social muestran que otro modelo es posible si el Estado se involucra fuertemente con una visión más amplia entendiendo que la inversión en asistencia social se puede volver más virtuosa que el apoyo circunstancial a los sectores más necesitados y postergados de la sociedad.