Repsol contrató a Deutsche Bank para negociar el acuerdo con YPF
La petrolera española había asegurado en un comunicado oficial que contrataría a un banco de inversión. La empresa demanda garantías del pago tras aprobar la oferta del Gobierno.
La empresa española Repsol contrató al banco suizo Deutsche Bank para asesorar al equipo de la petrolera al negociar los detalles del acuerdo de compensación, tras la expropiación del 51% de las acciones de la filial argentina YPF. El Consejo de Administración de la compañía se había reunido ayer y valoró "positivamente" el principio de acuerdo.
A través de un comunicado oficial, Repsol aseguró que "el proceso deberá atender a las exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia". Y agregó: A tal fin, el Consejo de Administración ha acordado la contratación de un Banco de Inversión de prestigio internacional para apoyar al equipo de Repsol y facilitar una conducción profesional del proceso".
El principio de acuerdo se había dado a conocer este lunes, cuando representantes de los gobiernos argentino y español se reunieron en la torre de YPF en Puerto Madero. Si bien Repsol no ha dado a conocer el monto de la negociación, fuentes allegadas aseguraron que se trata de un pago de u$s5.000 millones en bonos de la deuda soberana a 10 años.
Los acuerdos del comunicado fueron aprobados por unanimidad de los 16 miembros del Directorio, y estos pasos finales hacia un acuerdo formal Pemex negocia una alianza con YPF en Vaca Muerta.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que "es imposible no pagar una indemnización porque es ilegal". "La ley de soberanía votada remite a la ley de expropiación para indemnizar al dueño anterior de las acciones, que es Repsol", precisó el funcionario.
"Lo que no se le iba a pagar a Repsol era la cifra que reclamaba que estaba lejana a la realidad de la compañía. Cuando se expropia un bien, se tiene en cuenta cuál es su valor", agregó. Inicialmente, la firma reclamaba un pago cercano a los 10.000 millones de dólares por los activos expropiados.
