En una conferencia de prensa realizada esta tarde, la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso repudió la decisión de la Justicia de solicitar a varios diarios las direcciones de los periodistas que informan sobre inflación. Asimismo, los legisladores aseguraron que pese a la presión judicial, continuarán difundiendo los índices de precios calculados por consultoras privadas.
El revuelo se generó después que la Justicia el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 requirió a varios diarios con domicilio porteño y de distribución nacional datos de periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios.
Mediante un exhorto, el juez en lo Penal Económico Nº 4 pidió "suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas editores, redactores, etc.- que hayan publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios" desde el año 2006.
Diputados de la oposición cuestionaron duramente la resolución del juez Alejandro Catania y calificaron la medida como una "persecución".
"No le vamos a dar ninguna información, no vamos a permitir que a través de estos exhortos vergonzosos se requieran datos personales sobre periodistas que escriben sobre inflación", afirmó la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich.
Agregó que "no vamos a aceptar bajo ningún concepto que la Argentina sea un país sin libertad".
Asimismo el diputado del GEN, Gerardo Milman, dijo que el Gobierno "pretende silenciar lo que no se puede silenciar y es el aumento de precios".
También participaron de la rueda de prensa los diputados Eduardo Amadeo (Peronismo Federal), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) y Carlos Faverio (Demócrata Progresista).
El magistrado realizó el pedido en el marco de una causa penal iniciada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra consultoras que difunden sus indicadores inflacionarios.
Sólo como testimonios
Sin embargo, fuentes judiciales ligadas a la investigación señalaron anteriormente que "no existe una persecución de periodistas", sino que estos serían tomados en cuenta "sólo como testimonios" en caso de ser necesarios.
Las fuentes consultadas precisaron que los datos de periodistas se pidieron a las empresas que administran los diarios para tener una dirección de contacto para el caso en que el juez decida citarlos a testimonial.
No obstante, los periodistas podrían ser imputados en la causa sólo en el caso de que estos confiesen que sabían de la falsedad de algunos de los datos, relevamientos o informes que recibieron en las redacciones de parte de las consultoras.
"Ésta parte de la investigación apunta a determinar cómo se transmitía la información, y cómo los periodistas obtenían esa información", dijeron las fuentes.
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