Basura electrónica: Mendoza cuenta con una ordenanza para su tratamiento

En el marco de esta problemática y con el objeto de optimizar y sistematizar la gestión de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) es que el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza para el manejo de la llamada “chatarra electrónica”. Lo que se busca con su implementación es proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de salubridad y la calidad de vida de la población.

Los RAEE son desechos eléctricos y electrónicos que se originan cuando finaliza la vida útil de los equipos (computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouse, decodificadores, módems; impresoras, teléfonos fijos, celulares,   equipos de música, reproductores de DVD etc). Esta “chatarra” contiene  contaminantes (cadmio, plomo y níquel; mercurio y plásticos bromados) que al ser desechados, reaccionan con el contacto del agua y la materia orgánica, convirtiéndose en tóxicos al no ser biodegradables.

La iniciativa, presentada por Pablo Giaquinta (FPV), implica un proceso de concientización de la población acerca de los beneficios del programa a fin de obtener una participación activa y cooperativa de la misma. El acelerado crecimiento poblacional fue uno de los factores principales para el impulso del proyecto.

Giaquinta explicó a SITIO ANDINO que la idea surgió en conjunto con el intendente de Luján, Carlos López Puelles, debido a la cantidad de residuos electrónicos presentes en el departamento.“Al no haber una ley nacional a la cual adherimos, apelamos al artículo 41 de la Constitución que habla de un ambiente sano”, afirmó. Dicho artículo permite bregar al Estado para hacer una ordenanza de este tipo.

La metodología propuesta por los impulsores de la ordenanza es realizar una recolección selectiva con días y horarios especiales, trasladando  los RAEE a lugar de acopio o plantas de tratamientos. “Se separarán los que puedan ser recuperados  de los que deben ser reciclados en plantas especiales.  Desde el municipio se establecerá un lugar físico para su tratamiento y almacenamiento", indicó Giaquinta. 

El punto que todavía falta determinar es cómo se va a realizar la recolección. El concejal aclaró que existen tres posibilidades: el municipio hace el reciclaje, se establece una cooperativa con una empresa privada o queda totalmente en manos de una empresa privada. En caso de elegirse la última opción, Reclicrag S.A. es la única empresa en Mendoza que se encarga de dicha tarea.

La ordenanza fue promulgada hace aproximadamente 20 días, por lo que está en pleno proceso de ejecución.  “En 15 días se iniciaría la campaña de concientización a través de los medios masivos para que comience a pensarse en el bien común como un derecho y una obligación de todos los ciudadanos”, dijo Giaquinta.

La ventaja de esta ordenanza que sólo se aplicará en Luján de Cuyo es que puede ser de vanguardia y servir de ejemplo para implementar en otros departamentos.

Un problema sin respuesta

En el 2012 el diputado Aníbal Ríos (PD) encabezó la iniciativa para que el Congreso de la Nación diera sanción definitiva a la ley de basura electrónica. El proyecto surgió por la preocupación producida ante el alto monto de desechos electrónicos generado en la provincia, que ascendía a más de 40.000.000 de kg al año, según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Maquinas de Oficina y Afines (CAMOCA).

Explicó que este problema hay que ponerlo en perspectiva desde la protección del medio ambiente, especialmente con el actual aumento en la generación de residuos electrónicos. “Es un tema pendiente en la República Argentina, lo consideramos una prioridad legislativa y por eso seguimos trabajando”, dijo Ríos sobre sus planes futuros con respecto al tema.

Un informe sobre los generadores de artículos electrónicos y el acortamiento de los ciclos de utilización de los mismos produjo preocupación en el diputado. Aseguró que “es indispensable reflexionar sobre la clasificación de la basura, porque el contenido ácido en algunos generadores resulta preocupante”.

A pesar del primer rechazo, Aníbal Ríos sostuvo que siguen trabajando en el tema. Su meta es lograr la sanción de la ley para que la iniciativa tenga contenido obligatorio, y así poder bajarlo a los municipios. “Es el Estado el que tiene que implementar estas políticas, y por eso seguimos luchando”, finalizó el concejal.