El Tribunal Penal Colegiado Nº 2 rechazó los recursos presentados por la defensa del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, y su exesposa, Claudia Sgró, por lo que ambos quedaron detenidos, a raíz de la condena por "defraudación en perjuicio de la administración pública" que se les impuso en 2019 y que quedó firme ayer cuando la Suprema Corte negó la posibilidad de apelar ante la Corte nacional.
Ambos acusados pasarán la noche en dependencias de comisaría provincial, según confirmó su representante legal Fernando Luquez, y posiblemente durante el fin de semana o a inicios de la próxima serán trasladados al sistema penitenciario provincial. Él se alojará en el módulo 6B del complejo San Felipe, en tanto que ella lo hará en el penal de mujeres de El Borbollón.
Los jueces Aníbal Crivelli, Jorge Del Pópolo y Marcelo Gutiérrez Del Barrio -los mismos que los condenaron hace tres años- tras escuchar a las partes y tomar un cuarto intermedio, definieron no hacer lugar al último recurso que planteó la defensa para evitar la prisión efectiva. Luquez había presentado el jueves pedidos para que mantengan la libertad, o bien que cumplan la pena en prisión domiciliaria.
Lobos y Sgró fueron condenados en 2019. En agosto de este año afrontarán un segundo juicio por otra causa.
No obstante, tras la audiencia en el Polo Judicial el abogado advirtió que están a la espera de un planteo efectuado ante la Corte esta mañana para que recuperen la libertad mientras continúen las "vías recursivas", en relación a que buscarán interponer una nueva apelación ante el máximo tribunal nacional.
Lobos deberá cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por el delito de fraude, en tanto que Sgró lo hará por tres años y cuatro meses, por considerarla "participe primaria" del mismo delito. Ello se debe a que la Justicia corroboró que ambos contrataron personas para realizar labores hogareñas en la vivienda de la madre de Sgró, pero que habían sido incorporadas a la planta de personal de la Municipalidad de Guaymallén.
Según determinó la investigación a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianissi, los trabajadores no estaban en conocimiento de esa maniobra y eran los acusados quienes cobraban con tarjetas de débito a nombre de ellos, y luego les pagaban un salario "en negro" menor al que percibían por ser contratados de la comuna.
Esta fue la primera causa judicial que afrontó la pareja. Está previsto que en agosto de este año se lleve adelante la que los tiene imputados por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta por no poder justificar un patrimonio millonario (entre inmuebles y vehículos) cuando ambos ejercían la función pública.
