El Senado de Mendoza aprobó y envió a Diputados un proyecto de ley que prevé la creación de del programa provincial de "prevención y lucha contra la trata y explotación de personas", una propuesta que comenzó a gestarse durante la gestión de Laura Montero como presidenta de la Cámara Alta, que lleva la firma de 33 legisladores/as de diversas bancadas y cuyo armado contó con la participación de todas las patas del Estado.
La propuesta contempla la institución de un Consejo con representante de los tres poderes, que tendrá como función la coordinación, planificación y seguimiento interjurisdiccional de las acciones de prevención y lucha contra la trata y de la asistencia y protección a las víctimas.
Para el tratamiento de temáticas específicas se podrá invitar a participar, de manera transitoria, a otros actores públicos o privados que resulten atravesados por la problemática.
En cuanto a las políticas de prevención que se ejecutarán, la norma contempla que el Estado llevará adelante acciones que generen conciencia en la sociedad mendocina a través de información clara, campañas de difusión y espacios de capacitación, reflexión, análisis y evaluación que permitan enfrentar los nuevos desafíos, evoluciones y ámbitos de la trata. En particular tiene la obligación de promover la profesionalización de los agentes públicos intervinientes en casos referidos a ese flagelo.
En cuanto a los mecanismos institucionales y recursos públicos humanos y materiales, el Estado deberá generar y fortalecer la atención integral de las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación de personas, bajo la perspectiva de género y de derechos humanos.
Se creará, además, un registro provincial de datos para la prevención y lucha contra la trata y asistencia a las víctimas, con la finalidad de contar con suficiente información que permita el diseño y ejecución de políticas públicas eficaces.