La presentación judicial apunta a los responsables de los disturbios durante la marcha universitaria. Hubo detenidos, ocho efectivos heridos y daños estimados en $90 millones.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal por los incidentes frente al Congreso, que dejaron detenidos, efectivos heridos y destrozos millonarios.
Foto: NAEl Gobierno nacional avanzó con una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los violentos incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrolló este jueves frente al Congreso de la Nación. La jornada terminó con al menos 25 detenidos, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y destrozos millonarios en el espacio público.
La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, y contempla acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
El equipo jurídico de la cartera comenzó a reunir registros audiovisuales y fotografías para identificar a quienes participaron de las agresiones y establecer las responsabilidades individuales. Posteriormente, otros medios confirmaron la presentación de la denuncia ante la Justicia.
La denuncia oficial sostiene que algunos de los involucrados actuaron con sus rostros cubiertos y utilizaron elementos contundentes para atacar a los efectivos que custodiaban las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Uno de los aspectos centrales de la presentación es la hipótesis de que los disturbios buscaron interferir en el funcionamiento del Congreso, motivo por el cual el Gobierno solicitó investigar un posible atentado contra el orden constitucional.
Para sostener las acusaciones, el Ministerio de Seguridad pidió incorporar grabaciones de cámaras públicas y privadas, informes de los operativos policiales y documentación médica de los agentes lesionados.
La investigación deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada una de las personas señaladas y si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones.
Los enfrentamientos ocurrieron durante la tarde del jueves, en el marco de una movilización convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender la educación pública.
Los incidentes se produjeron cuando grupos de personas se desprendieron de la manifestación principal y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra las fuerzas de seguridad.
Como consecuencia, ocho efectivos resultaron heridos: cuatro integrantes de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal Argentina.
Entre las personas detenidas también se encontraba un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad tras ser acusado de arrojar piedras contra un patrullero. Por tratarse de un menor de edad, intervino el organismo de protección correspondiente.
Por otra parte, el Gobierno porteño estimó en $90 millones los daños materiales ocasionados en la Plaza de los Congresos y sus alrededores. Los destrozos afectaron veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano.
Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazaron que los hechos violentos representen a la comunidad universitaria.
El vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que quienes protagonizaron los disturbios constituyen una minoría y pidió que sean identificados por las autoridades.
Asimismo, defendió el carácter pacífico de la movilización y reclamó al Ejecutivo nacional que cumpla con la legislación de financiamiento universitario.
De esta manera, mientras el Gobierno de Javier Milei busca establecer responsabilidades penales por los incidentes, las universidades intentan mantener el eje de la discusión en el presupuesto y los recursos destinados a la educación superior.
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