"Vamos a hacer las cosas que no hicimos hasta ahora" dijo el presidente Alberto Fernández tras el resultado de las PASO. La frase seguramente resuenan en las cabezas de los más de 9 mil damnificados de créditos hipotecarios UVA en Mendoza en busca de librarse de ese "salvavidas de plomo" que, por imperio de la inflación, los aleja del sueño de convertirse definitivamente en dueños.
El universo del sistema presentado como la panacea en 2017 y hoy una pesadilla para sus bolsillos, es muy dispar. Quienes obtuvieron financiamiento a través del IPV y del programa Procrear respiran más aliviados por la conversión al CVS (Coeficiente de Variación Salarial) como fórmula de ajuste, pero muchos que los gestionaron en bancos están en un limbo: por eso, mientras algunos fallos como el del BBVA y el Nación sientan precedente, se aferran a la posibilidad concreta de que intervengan organismos internacionales de derechos humanos.
Lo más concreto se relaciona con Amnistía Internacional, que en Argentina ya participó en gestiones institucionales ante el Gobierno sobre varias causas. Entre otras, desde la situación de los argentinos varados en el exterior durante la pandemia y el aislamiento forzado por el Gobierno de Formosa, hasta el derecho al IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), al que se sumaría ahora la defensa al derecho a la vivienda única en el caso de los damnificados UVA.
Los primeros contactos entre el movimiento de Autoconvocados por los créditos y la sede local de Amnistía comenzaron hace algunos meses. Y si bien en principio todo se encaminaba a dar un paso en agosto, la definición de un plan de acción dilató la decisión hasta ahora, en parte a la espera de una audiencia prometida (previo al cisma político generado en el seno del Gobierno nacional) por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y ahora en duda.
Según Sebastián Zelada, referente del grupo en Mendoza "depende de la tasa que termina cobrando cada banco, pero las subas llegan al 450%. Un ejemplo es el caso de un afectado del Supervielle, que sacó $4,5 millones y hoy debe $19,5 millones, mientras la cuota inicial de $34 mil actualmente está en $144 mil. Ni siquiera se está cumpliendo la relación cuota-ingreso del 35% por resolución del Banco Central, lo cual obliga a gestionar una medida cautelar para que se cumpla".
De la justicia y el Congreso a la acción directa
Por eso adquiere peso la posibilidad de que un organismo reconocido por su militancia en la defensa de derechos básicos del ser humano se involucre. "Amnistía Internacional es un movimiento comprometido en defender a aquellos a quienes se les ha negado justicia o libertad", rezan como carta de presentación desde la sede en Argentina, donde acreditan contar con 7 millones de activistas que tienen "otras ideas".
Al respecto, afirman que "millones de personas viven con miedo y en la pobreza porque otras personas deciden que así sea, pero los activistas de Amnistía Internacional tienen otras ideas. Hasta que todos puedan disfrutar sus derechos y vivir con dignidad, nuestra vela seguirá ardiendo".
Tras 2 reuniones con la entidad hay 2 vías bajo análisis: la institucional ante el Gobierno, y también con una participación como actor en las causas judiciales que mantienen en vilo a muchos sujetos de créditos UVA ante el riesgo de desalojo por el sobreendeudamiento generado.
"Estamos en conversaciones. Siempre apostamos a una salida política; pese a que hay un proyecto que replantea los montos sin solucionar el sobreendeudamiento en el Congreso ya no nos reciben tanto. Y al menos los fallos judiciales sientan precedente", admiten entre los Autoconvocados, donde aguardan activar ese recurso desde fines de setiembre. Y desde Amnistía, sin dar precisiones, confirman que se avanza en "un trabajo conjunto" al respecto.
En tanto, uno de los últimos fallos todavía genera repercusión. Es el de la jueza Cecilia Landaburu que aceptó la denuncia de un hombre que en mayo del 2017 tomó un crédito de $1,2 millón con garantía hipotecaria para comprar su casa de Luján en el banco BBVA Francés a devolver en 180 cuotas, y obligó a la entidad bancaria a renegociar el contrato en un plazo de 90 días corridos.
Con 24 cuotas pagas, el sujeto aún adeuda más de $3 millones de pesos. Es decir, 250% por encima el crédito originalmente tomado, pese al pago puntual de la cuota pactada durante esos 24 meses, lo que Landaburu toma para aseverar que existe un "desequilibrio contractual" a subsanar".
Pagar según salarios: impacto en Mendoza
Aunque más preocupados por sacarse el lastre de las deudas de encima, los damnificados en lucha esperan y consideran "viable" terminar de pasar a la Fórmula Hog.Ar, que ajusta montos según salarios. "Con paritarias que oscilan el 35% frente a una inflación proyectada del 50%, sería un alivio", resalta Zelada, mientras el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) avanza con la migración de una modalidad a otra.
Desde el organismo provincial empezaron el 2021 con los "nuevos" préstamos regidos por Hog.Ar, mientras impulsa la migración de buena parte de la cartera heredada de los UVA. Según la titular del Instituto, María Marta Ontanilla "de los 6 mil créditos en UVA que teníamos, 2.500 familias cambiaron al sistema de ajuste por variación salarial. Están al día con sus cuotas, no presentan morosidad, y esperamos que paulatinamente el resto también terminen de traspasarse".
Un caso a favor de otro mendocino endeudado en el sistema financiero señala el camino: de deber $6,5 millones, por el pasaje a CVS logró bajar el capital a $3,5 millones, y de pagar una cuota cercana a $48 mil hoy abona la mitad.