La UIA (Unión Industrial Argentina) tiró la piedra, con la "sugerencia" de que las empresas pongan fin a las dispensas (trabajar desde casa) para quienes no quieran darse la vacuna. Eso incluye hasta dejar de pagarles el sueldo. Pero, con hasta un 8% de la población laboral activa en esa condición en Mendoza ¿qué evalúan hacer los empresarios locales al respecto?.
El martes, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, lo había calificado como "una cuestión de conciencia y buena fe" por parte de los empleados, aunque dejó supeditada "a cada empleador" la decisión frente al hecho de volver a la presencialidad sin estar inmunizados. Una situación que conllevaría derivaciones, desde la imposibilidad de ingresar al lugar de trabajo, hasta dejar de cobrar.
"Agroindustria ya nos dio el ok acerca de que debería ser así. Si la vacuna está disponible, muchos ya tienen la primera dosis, el trabajo es esencial y todavía el trabajador no quiere volver porque no quiere vacunarse, indudablemente esa persona se queda sin excusas", consignó Raúl Giordano, secretario de la UIM (Unión Industrial de Mendoza) y titular de Cafim (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza), respecto a la idea.
De hecho, vía Copal (Coordinadora de Producción de Alimentos), la Cafim se prepara para empezar a implementar esa modalidad para los esenciales que se desempeñan en la actividad.
Básicamente, se trata, según Giordano "de aplicar esa normativa, a través del Ministerio de Trabajo, para que la o las personas en tal situación dejen de percibir sus haberes porque no hay más impedimento para ir a trabajar que su decisión". Al respecto, el directivo aclaró que si bien "no pierde su puesto de trabajo, tampoco se le seguirá abonando" su sueldo.
"Esto no puede seguir eternamente"
El de la construcción es otro de los rubros que se muestra proclive a adherir a la medida. Al menos así lo manifestó Gerardo Fernández, presidente de la CECIM (Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza), en medio de una reunión con representantes de la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción).
"Estamos de acuerdo, porque hay hechos que superan a la norma; uno de los principios del derecho es contemplar el interés social. En nuestro sector perdimos más de 100 mil puestos formales, y más allá de eso, el empresario optó por enfrentar el conflicto y no seguir afrontando el gasto", señaló Fernández, quien, aunque reconoce que la cifra de trabajadores que no quieren vacunarse tampoco es significativa "somos solidarios con esta realidad".
Si bien el grueso de los trabajadores está en la calle, y más allá de las comorbilidades como excepción, para el sector hay un impacto indirecto por parte de los proveedores de materiales. Entre ellos, estiman, la incidencia de quienes no regresan a la actividad inmunizados llega al 2%, lo que, según Fernández "ha sido el argumento para justificar la entrega regular de insumos durante la pandemia".
Por su parte, el rubro metalmecánico también se pliega a la propuesta. Y los números avalan su postura: de acuerdo a Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos), entre 7 y 8% de los 15 empleos que hay en Mendoza permanece en sus hogares sin querer aplicarse una dosis anti-Covid.
Para Mariano Güizzo, titular de la cámara metalmecánica, "el planteo no es tan literal como dejarle de pagar a la gente. Pero sí asumir que hay que salir del limbo en el que estamos hoy: se paga una remuneración por un trabajo dado que no se presta, y acá hay derechos contrapuestos. Se necesita una reglamentación que indique qué hacer".
Aunque reconoce que la presencialidad mejoró, el empresario subrayó que "entre marzo-mayo el ausentismo superó el 25%. Por eso debe haber una postura frente a quién no quiera vacunarse, porque esto tampoco puede seguir eternamente".
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