Bodega Norton rechazó irregularidades tras la imputación a tres directivos por una operación con cheques y afirmó que su reorganización avanza hoy a buen ritmo.
Bodega Norton fijo posición respecto a la resolución de la justicia
El directorio de Bodega Norton rechazó esta tarde “cualquier interpretación” que le atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular, luego de que se conociera que la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputó a tres de sus directivos por una presunta maniobra con cheques vinculada a una operación comercial cerrada en 2024 con la Cooperativa San Carlos.
La empresa aclaró que ni ella ni sus colaboradores fueron notificados de la causa y que, según afirmó, ni siquiera conocían su existencia. También expresó su confianza en que la Justicia determine que no hubo un accionar contrario a derecho. En el mismo comunicado buscó despejar dudas sobre su situación financiera: aseguró que el proceso de reorganización avanza “a buen ritmo” y que mantiene relaciones comerciales con la mayoría de sus proveedores históricos.
La compañía manifestó que desea “transmitir tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, distribuidores y consumidores sobre el futuro de Bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina”.
El origen de la causa se remonta a una operación aparentemente rutinaria del mercado vitivinícola. En 2024, la Cooperativa San Carlos Sud le vendió a Bodegas Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet por poco más de 503 millones de pesos. Para agilizar el pago, las partes acordaron canalizarlo mediante un crédito del Banco Santander Río, que la propia Cooperativa gestionó a su nombre por tratarse de una pyme con mejores condiciones de financiamiento.
Norton asumió esa deuda mediante una cesión a favor de la Cooperativa y se comprometió a cancelar el crédito, junto con sus intereses y gastos. Para garantizar la operación ante el banco entró en escena un tercer actor: Acindar Pymes, una sociedad de garantía recíproca que avaló el préstamo y, a cambio, aseguró el cobro mediante la cesión de la factura de venta del vino. Ese mecanismo le permitía cobrarle directamente a Norton.
Según la Fiscalía, el esquema funcionó de acuerdo con lo pactado hasta septiembre pasado. El crédito vencía el 9 de septiembre de 2025 y Norton no lo canceló. Recién el 21 de octubre, tras sucesivas comunicaciones del banco, los representantes de la Cooperativa se enteraron de que el pago había sido cubierto por Acindar, que se subrogó en los derechos del Banco Santander contra la Cooperativa.
En ese punto comienza, según la Fiscalía, el presunto delito. Diez días antes de que Norton se presentara en concurso de acreedores, el 31 de octubre de 2025, con la cesación de pagos fijada retroactivamente al 17 de septiembre, sus representantes negociaron con la Cooperativa y con Acindar la forma de saldar la deuda por la compra del vino. El acuerdo consistió en la emisión de seis cheques por 955 millones de pesos.
El 29 de octubre, un día antes de la presentación concursal, Norton libró esos cheques. No los giró a Acindar, que era el acreedor real de la deuda, sino a la Cooperativa San Carlos, a la que le pidió que los endosara. La maniobra, señala el fiscal Alejandro Iturbide en su despacho, le permitió a Acindar obtener un título ejecutivo por fuera del concurso, actualmente en trámite en un juzgado comercial porteño, y a Norton ganar tiempo frente a la verificación de ese crédito en su propio concurso.
La Fiscalía sostiene que la incorporación de la Cooperativa como endosante de esos documentos se logró “mediante engaño, diálogos cordiales, recursos técnicos y persuasivos” por parte de tres directivos de Norton, David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, mientras esta última negociaba en paralelo con Carlos Moyano, de Acindar Pymes. Sobre la base de ese razonamiento, Iturbide dispuso imputar a los tres primeros como coautores del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el artículo 173, inciso 3°, del Código Penal, y a Moyano como partícipe primario.
La causa llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de una consulta de la anterior titular de la Fiscalía de Instrucción n.° 3, Susana Muscianisi, quien pidió directivas particulares ante la disparidad de posiciones entre las partes.
Los abogados de la Cooperativa San Carlos, Claudio Fernando Caballero y Juan Bautista Ferrari, consideran que existen motivos suficientes para profundizar la investigación contra los directivos de Acindar y de Norton. El apoderado de Acindar Pymes, Pablo Gastón Pereyra, y su abogado patrocinante, Santiago Pontis Day, reclamaron el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.
En su resolución del 11 de agosto, el fiscal encuadró los hechos posteriores al incumplimiento original como una maniobra que, a su criterio, excede el mero libramiento de cheques para cancelar una deuda preexistente y configura una obligación cambiaria adicional creada mediante ardid, en perjuicio patrimonial de la Cooperativa San Carlos.
Con la imputación ya formalizada, la causa avanza hacia la etapa de instrucción. En paralelo, sigue su curso el juicio ejecutivo que Acindar Pymes inició contra la Cooperativa ante la Justicia comercial de Buenos Aires.
Bodega Norton insiste en que la resolución judicial terminará por confirmar que no incurrió en ninguna conducta contraria a derecho y apuesta a que ese desenlace no interfiera con el proceso de reorganización que, según su comunicado, continúa “a buen ritmo”.
