Presupuesto 2021: la Justicia y Ética Pública cerraron la ronda de exposiciones

La pauta de gastos prevé 2981 millones de pesos para el organismo, fondos que el funcionario pidió elevar en $940 millones más "para proyectos". Entre ellos mencionó mejoras tecnológicas (adquisición de scanners, salas de monitoreo, servidores propios, etc.), equipamiento para la Cámara Gesell, ampliación de muestras del Registro Provincial de Huellas Genéticas (hoy cuenta con 50.400 perfiles genéticos), adquisición de un robot para extracción y purificación de ácido nucleico, modernización del Cuerpo Médico Forense, incorporación de personal, incorporación de personal, apuntalar la Unidad de Apoyo para la investigación Fiscal, creación de la Unidad Fiscal de Ciberdelitos, y reforzar la oralidad en las cuatro circunscripciones.

Gullé informó que cuentan con 1600 empleados, lo que representa el 47% del personal que tiene la Corte.

Garay y el objetivo de "mejorar el servicio de justicia"

Para el funcionamiento de la Suprema Corte se presupuestaron $8.244 millones. Según explicó el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, el 33% está proyectado para inversiones en capitalización tecnológica. El gasto en personal se ubicaría en el 86% del total, 9 puntos por debajo de lo erogado en 2020.

"Buscamos una mejora en la calidad del servicio de justicia, con una eficiente inversión en tecnología e infraestructura", resumió el funcionario judicial el presupuesto para su área

Hizo un repaso del funcionamiento de la Justicia durante la pandemia y remarcó las mejoras tecnológicas para seguir prestando el servicio a la ciudadanía, comparando números de 2019 con el actual. Por ese motivo, aseguró que en 2021 se buscará seguir en la línea de optimización de los recursos en tecnología.

En cuanto al personal, detalló que entre 2017 y 2020 se redujo en un 5% la planta total. El año próximo, en tanto, implicaría un incremento del 1.9%. "Se trata de cargos que sirven para responder a requerimientos para la implementación de las leyes que se votaron en la Legislatura", explicó.

Luego de repasar cada uno de los ejes de gestión para el presupuesto 2021, Garay profundizó en acciones puntuales del plan de inversión tecnológica y oralidad, y de obra pública, que incluye construcción de edificios y mejoras en dependencias.

La Defensoría pide más personal

La titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri, destacó que esa institución "es la más pequeña" de la Justicia, contando con 292 empleados en toda la provincia. La pauta para el área es de 1.338 millones de pesos, de los cuales 910 millones se destinarán a sueldos. Para la parte funcional operativa, se solicitaron otros 37 millones de refuerzo, y 25 millones para reclamos salariales.

La funcionaria planteó que "hay falencias de personal", así como de elementos para la investigación. "No contamos con sistemas informáticos, dependemos de la información que el Ministerio Público Fiscal o que la Corte nos pueda brindar, para que nuestros defensores puedan desarrollar la tarea de la mejor manera posible", graficó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de sumar cuerpos auxiliares de personas que de algún modo contrarresten la opinión de los peritos de la otra parte del conflicto.

"Otro punto en el que estamos en deuda, es el órgano de revisión en materia de salud mental. La ley nacional predica una modalidad nueva de tratar a las personas con padecimientos mentales. Es no dejarlas eternamente internadas en los hospitales monovalentes, predica una transformación de esos hospitales, predica una manera mucho más horizontal de tratar estas patologías. Para ello, hay organismos de control que existen en casi todas las provincias, que hacen un seguimiento de las internaciones. En Mendoza, necesitamos ese órgano, integrados administrativamente en la Defensa Pública, para lo cual se necesita un mínimo equipo interdisciplinario de personas expertas, psicólogos, psiquiatras, un abogado experto en salud mental", destacó.

Requirió más cargos para cumplir con las audiencias orales, particularmente en la asesoría de niños y niñas. "El staff de asesoras de menores es muy competente, pero cuenta solamente con la asesora y dos administrativos. Es decir, no hay un abogado auxiliar (co-asesor), que no pasan por el Consejo de la Magistratura pero sí por concurso. Es una necesidad imperiosa", puntualizó.

Personal propio para Ética Pública

El cierre estuvo a cargo de Gabriel Balsells Miró, responsable de la Oficina de Ética Pública, que funciona en el ámbito de la unidad legislativa, pero con autonomía, con presupuesto propio. Se ha previsto para esa área una pauta de gastos de 10.993.478,97 pesos.

Detalló que el órgano técnico cuenta con personal en comisión que pertenece: cuatro a Fiscalía de Estado, ocho al Senado y uno al EPRE, con lo cual "necesitamos no crear cargos nuevos, sino que se nos transfieran los créditos para tener personal propio".

"El año pasado el único cargo que se cargó en el presupuesto fue el del auditor, esperamos tener cargados esos créditos como las cuatro personas de Fiscalía de Estado", el año entrante, solicitó.

Mencionó que, al 19 de octubre, han ingresado 755 pedidos de acceso a la Información Pública, de los cuales 724 fueron contestados y se encuentran en proceso de respuesta, 27. Esto ha permitido tener una "buena calificación del Banco Mundial, como provincia, un buen concepto de lo que institucionalmente es la provincia de Mendoza".