Una jornada de doble protesta se vivió en la mañana de este lunes en Casa de Gobierno. Por un lado, un grupo de guardaparques reclamó el pase a planta de unos 50 trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de contratados; y por el otro, choferes de Uber exigieron la regulación estatal del servicio.
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Guardaparques y choferes de Uber reclamaron en Casa de Gobierno
Pase a planta permanente
En diálogo con TVA, Andrés Castro -delegado de ATE de Guardaparques- señaló que más de 50 fuentes laborales están en peligro por la decisión gubernamental de no abrir la temporada turística en áreas protegidas.
Se trata de trabajadores bajo el régimen de contratos temporales (anuales o por temporada), muchos de los cuales no han percibido sus salarios desde marzo. "Pedimos la estabilidad laboral de estos compañeros, algunos de los cuales llevan trabajando más de ocho temporadas", indicó el representante gremial.
Explicó que "no sólo se dedican a la atención turística, sino que también a cuidar el patrimonio mendocino, a quienes se les rescindió el contrato y, por ejemplo, ni siquiera han podido cobrar el IFE porque figuran en los papeles".
Regulación de las aplicaciones de transporte
Por otra parte, los choferes de Uber y Cabify encabezaron un caravanazo para solicitar que el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) intervenga en el monto de las tarifas de esas aplicaciones y que se bloquee el ingreso de nuevos aspirantes.
Jorge Sandri, uno de los manifestantes, manifestó a TVA que se abona $14 el kilómetro recorrido con pasajero y que las ganancias ascienden a entre 8 y 10 dólares diarios. "Es un índice bajísimo y precario, que nos coloca por debajo de la línea de la pobreza", resaltó.
Por tal motivo, exigen la modificación de algunos artículos de la Ley de Movilidad, fundamentalmente para que el EMOP "pueda interceder en las aplicaciones y regular las tarifas".
En tanto, reclaman la equiparación del pago de las patentes a taxis y remises, y que se limiten las habilitaciones de nuevos choferes. Según expresó Enrique López, otro de los protestantes, calculan que unas 3500 personas prestan estos servicios en la provincia. "Es una enormidad para esta ciudad y hay que ponerle un freno porque estamos ahogando al mercado, con una tarifa que es irrisoria".
La manifestación contó con el apoyo del diputado provincial de "Ciudadanos por Mendoza", Mario Vadillo, quien exigió a la Secretaría de Servicios Públicos que "controle a estas plataformas para evitar los abusos".
El legislador planteó que la ley de movilidad contempla la intervención del Estado "en caso de competencia desleal. Estas aplicaciones no pagan impuestos y así mismo tienen a sus choferes negreados, ganando cada vez menos y trabajando cada vez más".