Este viernes se realizó en el Hotel Savoia de Guaymallén la audiencia pública para discutir el ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera el trabajo de las distribuidoras de energía eléctrica. Por un lado, las empresas solicitaron una actualización del 46% mientras que el Entre Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), propone un aumento del 16%. No obstante, el Gobierno de Mendoza es quien tiene la palabra final.
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Luz: entre el 45% de las distribuidoras y el 16% del EPRE, el Gobierno decide
En la provincia existen 11 distribuidoras de energía eléctrica aunque Edemsa concentra el 70% de los usuarios. Según la presidente del EPRE, Jimena Latorre, en promedio las empresas solicitaron un incremento del 45% en la tarifa.
"El Epre ha hecho un estudio minucioso, ha aplicado criterios de esfuerzo compartido y estrictez en cuanto a los índices oficiales que se aplican y el resultado que nos arrojó ese informe ronda el 16% de aumento para la tarifa final", explicó Latorre. Y siguió: "El marco regulatorio permite que en caso de desfasaje en los costos y precios, las empresas pueden presentar los pedidos de actualización que estimen que correspondan. También prevé la posibilidad de este ajuste anual por lo tanto no correspondería volver a analizarlo hasta febrero del año que viene".
Audiencia pública en el Hotel Savoia. Fotos: Yemel Fil.
Cabe recordar que la tarifa de luz ya había sufrido un incremento de 26% a principios de febrero. En esa ocasión respondió a una actualización del aumento del valor de la energía estipulado por la Nación. Ahora, lo que se discute es el costo del VAD y, en este caso, el Gobierno provincial es el que define si habrá aumento o no, de cuánto sería y de qué manera se aplicaría.
"Hemos venido a explicar la necesidad de acomodar las tarifas. La postura de Edemsa ha sido pedir actualizaciones trimestrales con el sólo objetivo de atenuar el impacto en el bolsillo del consumidor, que haya aumentos más pequeños y más cercanos en el tiempo. Hemos planteado una actualización de costos que acompañen el contexto inflacionario que vive el país. Sin embargo, el porcentaje lo va a determinar el ente regulador y las empresas acatamos", señaló Renato Di Fabio, gerente de Relaciones Institucionales de Edemsa.
En la otra vereda, la ONG Consumidores Mendocinos pidió el congelamiento de las tarifas: "Las distribuidoras en general han solicitado un aumento del 46%, el Gobierno planteó uno que oscila entre el 15% y 20% y los usuarios planteamos el congelamiento inmediato de las tarifas de los servicios públicos dada la situación de crisis y emergencia que atraviesan las familias y sectores de la producción y sobre todo comercios que influyen en la estructura de costos, lo que implica poner en riesgo la viabilidad de empresas y comercios", indicó Martín Sevilla, en representación de la ONG.
Y agregó: "Si se incrementa un 45%, en la categoría T1R3- que concentra la mayor cantidad de usuarios (19 mil)- el aumento sería del 17% lo que implicaría una suba de mil pesos en la factura. Son mayores en casos de comercios que pagan categoría T1G1, sería un incremento de 22,5% y los montos sumarían $2.500 pesos. El Gobierno debería reflexionar sobre esto. Los reclamos llegan de a cientos, es impresionante. Los usuarios no pueden pagar los servicios, se están endeudando permanentemente, entonces ya no sólo tenemos consultas por tarifas sino también por los préstamos que toman. El poder ejecutivo tiene la potestad para definir la tarifa. Si concede el aumento habrá más pobres energéticos.", cerró.
Martín Sevilla, de la ONG Consumidores Mendocinos. Fotos: Yemel Fil.