El proyecto de ley que obliga a que los presos trabajen debe ser encuadrado en el contexto de este histórico enfrentamiento ideológico entre la visión del actual gobierno provincial y parte de la Justicia. Incluso en su discurso el Gobernador no dudó en apuntarle a la corriente garantista que pisó fuerte durante el gobierno kirchnerista.
Foto: Yemel Fil
El proyecto de ley que presentó el gobierno ayer en la Legislatura, y que había sido anunciado el lunes 1 de Mayo por el gobernador Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa no parece ser, tras su lectura, una simple medida con pretensiones de obligar a los presos con condena firme de los penales mendocinos a trabajar y/o a estudiar mientras permanezcan detenidos, como una manera de combatir la simple ociosidad del encierro; ociosidad que deriva en consecuencias altamente nocivas y tóxicas que, según los expertos, producen más y peores trastornos de la conducta de los condenados que se tiene como objetivo combatir.
Si se asume al proyecto de ley desde un análisis político, se coincide rápidamente en que Cornejo ha buscado dar un golpe de gracia a la visión garantista y/o abolicionista que según él se ha apoderado de una porción de la Justicia mendocina. Cornejo tiene, desde el momento en que asumió la gobernación, un sordo y profundo enfrentamiento con Justica Legítima, con varias organizaciones identificadas con la lucha por los Derechos Humanos como Xumex, por caso y con el influyente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Omar Palermo, el magistrado que suele actuar en un tándem de coincidencias con otro de los integrantes del más alto tribunal, Alejandro Pérez Hualde.
Recordado es aquel episodio del arranque de gestión, en diciembre del 2015, la Corte intimó al nuevo jefe del Ejecutivo a dejar en libertad a casi medio centenar de presos porque consideró que sus derechos de defensa habían sido cercenados. El amparo que motivó aquel fallo había sido presentado por Xumex y el autor intelectual de la decisión de la Corte resultó ser Palermo secundado por Pérez Hualde. La provincia apeló y el caso recayó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin ninguna resolución aún. Pero las consecuencias políticas de aquel impacto judicial sobre el Ejecutivo nunca se disiparon y agravaron la grieta entre parte de la Justicia y el Ejecutivo comandado por Cornejo.
El proyecto de ley que obliga a que los presos trabajen o estudien como condición indispensable para obtener derechos como salidas transitorias, libertades controladas y otros, debe ser encuadrado en el contexto de este histórico enfrentamiento ideológico entre la visión del actual gobierno provincial y parte de la Justicia. Incluso ayer, cuando argumentaba a favor de su iniciativa, el gobernador no dudó un instante en apuntarle a la corriente garantista que pisó fuerte durante los gobiernos kirchneristas, en la provincia y en la nación, y acusó directamente a Cristina Fernández de haber permitido que se extendieran, se internalizaran y se hicieran carne como concepto en la administración de Justicia de todo el país los derechos de los victimarios de delitos por sobre los de las propias víctimas de sus actos.
La iniciativa puede considerarse, entonces, una suerte de venganza de Cornejo por sobre el garantismo. Pero además de ese objetivo, entendido en clave puramente política que apunta a debilitar a la corriente judicial amparada durante los gobiernos K, Cornejo avanza profundizando en lo que íntimamente considera como una de sus características propias: la capacidad de interpretar el sentir y pensar de buena parte de la clase media con la que cree coincidir. Cornejo entiende que la inseguridad en general y todo lo que concierne con la situación de las personas privadas de la libertad, los reos, los presos, los condenados, debe ser asumido desde la perspectiva del resto de la gente que no está presa, que no delinque, que se esfuerza todos los días para llegar a fin de mes y que encima es víctima de la delincuencia. Es un no a la visión que prioriza la mirada del victimario, más que de la víctima. Esa es la filosofía general que cruza transversalmente el proyecto de 17 fojas que envió ayer a la Legislatura.
El gobierno impulsa reformas que cambian el paradigma de lo que se conocía hasta ahora y tiene la firme intención de que se conviertan en ley. Por ejemplo: para acceder a ciertos beneficios, el interno estará obligado a trabajar, a capacitarse y a estudiar. Trabajo, capacitación y estudio como derecho del preso, pero más que nada como obligación. Obligación para acceder a los beneficios de salidas, pero además trabajo para pagar el gasto que le genera al Estado mantenerlo detenido con acceso a comida, a cama y al servicio de salud.
"El rencor generalizado que hoy existe desde la ciudadanía hacia las personas privadas de su libertad se debe esencialmente al dolor producido por quien delinque y se incrementa cuando la víctima observa que quien delinque recibe defensa y atención por parte del Estado, lo que creó -dice textual el proyecto de ley- una brecha que impide ciertamente que esa sociedad acoja a quien pudiere volver y no delinquir. Ese sentir ciudadano es ignorado por estos defensores", agrega, apuntando a quienes aplicaron ese método de acción como políticas gravadas a fuego dentro del sistema carcelario.
"A cada persona privada de la libertad se le provee alimento diario y regular, atención médica, vestimenta, una cama y servicios sin contraprestación obligatoria a la sociedad", señala más adelante el texto del proyecto.
También cuestiona ese pensamiento extendido de que las cárceles suelen cobijar a personas que el Estado decidió arbitrariamente condenar a prisión. "Este concepto tan en boga desde hace unos años, sólo crea irresponsabilidad en la persona detenida, es decir, imposibilidad de cambiar, de comprender el dolor que ha causado. Si la condena o la prisión ocurre porque otro lo desea y no porque la persona haya cometido un delito, difícilmente podrá reflexionar y cambiar su conducta a futuro", sostiene el texto.
Critica además a la jurisprudencia que, desde el punto de vista del Ejecutivo, ha ido subiendo en derechos y prerrogativas sobre los condenados incluso mucho más allá de lo que ley y los tratados internacionales obligan: "Esos derechos se asemejan más a privilegios. Se ha interpretado que el interno debe recibir sus alimentos del Estado, pero nada dice de su manutención y obligación; también que posee derecho a recibir atención médica de parte del Estado por arriba de la que recibe un ciudadano común en el mismo caso, como las intervenciones quirúrgicas y tratamiento en hospitales públicos en un muy breve tiempo y con servicios médicos y medicinas gratuitas -abonadas con los impuestos de los ciudadanos- que los mismos ciudadanos no pueden conseguir. O los traslados de los parientes hasta los lugares de detención bajo determinadas condiciones con alojamiento incluido, beneficio que no existe para los ciudadanos que no han cometido delito y no se encuentran condenados", se lee en el proyecto.
Y atendiendo los reclamos de las organizaciones que representan a las víctimas de la delincuencia, el proyecto se hace eco de uno de los reclamos más escuchados: el de incorporar a la víctima a las audiencias en donde un juez de Ejecución Penal debe decidir entre otorgar beneficios o no al victimario. La opinión de la víctima se incorpora como fundamental y el victimario, además de trabajar, de capacitarse, de estudiar y de comprender cabalmente que cometió un delito y que actuó a contramano del Estado de Derecho, está obligado a pedir disculpas; pero no cualquier pedido de perdón, sino que debe ser convincente y sentido, para lo que habrá un especialista para dictaminar si dice la verdad o no.
Y por último, el reo recibirá una paga por su trabajo, tal como sucede en la actualidad. Aunque la diferencia con lo que existe, es que parte de ese producido irá para indemnizar a la víctima y para pagarle al Estado lo que ha invertido en él.
Señores, bienvenidos al debate. Esto recién arranca.
