El Gobierno de Alfredo Cornejo sigue trabajando en reformas a las leyes del Código Procesal Penal (CPP), para buscar una agilización cada vez mayor de los procedimientos penales preventivos y la administración de las investigaciones de las fiscalías.
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Punto a punto: la estrategia de Cornejo para agilizar la justicia
El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, pulen en estos días un nuevo proyecto de ley de reforma al CPP que será presentado luego del receso legislativo-, que tiene como objetivo eliminar, o por lo menos ir dejando de lado la burocratización con los procedimientos a través de expedientes escritos, para pasar a la oralidad y los formatos digitales.
Hace unas semanas, la Legislatura aprobó otra reforma al Código Procesal Penal, en el tema de prisiones preventivas, en las que se establecieron audiencias orales exprés entre el juez, querella, defensor, víctima y victimario; para determinar en pocos días la espera en prisión o no del acusado de un delito.
El ministro Dalmiro Garay explicó el proyecto, que se presentará en 2 semanas en la Legislatura. Foto: Yemel Fil.
Es por eso que desde el Poder Ejecutivo se impulsa otro proyecto de "microingeniería procesal". Si bien entienden que el juicio es una etapa ágil, al ser oral; lo que sigue ralentizando todo el proceso es la investigación penal preparatoria que comprende al trabajo del fiscal que investiga el caso.
Absolutamente todo el proceso del fiscal es a través de expedientes escritos. Pasando al formato digital pretendemos una Justicia más ágil, eficiente y rápida, explicaron desde el Ministerio de Justicia; y también pretenden acortar los tiempos de la investigación propia del fiscal.
En tanto, también se prevé dotar de una mayor participación a la víctima, testigo -o particular- de algún delito, para que pueda constituirse como querellante aún sin la imputación del acusado, y no como sucede actualmente, que tiene que esperar al fiscal a que impute para luego constituirse como tal. El ministro de Justicia, Dalmiro Garay, sostuvo que es importante la participación del querellante particular ya que puede coadyuvar con la investigación al aportar datos importantes.
Además, otra de las reformas estructurales será que el propio fiscal que lleve adelante la investigación de la causa pueda ser el que defienda su trabajo en el juicio. Si bien este punto suena lógico; no se aplica ya que los fiscales de cámara son los que participan del proceso final.
Las principales reformas son las siguientes:
- Audiencias rápidas: con actos orales y no escritos, con la participación de todos los protagonistas: juez, fiscal y defensor. En vez de tres años, se dará sólo uno para la investigación; y se podrá prorrogar por uno más, si lo decide el Juez de Garantías.
- Con respecto a las audiencias sobre prisiones preventivas, siempre que haya un acuerdo entre las partes se podrá realizar un juicio abreviado.
- Cuando existan incidencias entre las partes (objeciones) también se realizarán de manera oral.
- Ingresar en el método informático, eliminando el papel y establecer un sistema de notificaciones del Poder Judicial en formato digital, con videoconferencias. Se evitará el traslado del fiscal con el expediente, ya que los mismos quedarán en Tribunales.
- Establecer un auxiliar administrativo en los penales, que reciba las notificaciones judiciales por mail y sea él el que notifique a los presos, evitando gastos en traslados, uso de móviles y policías.
- Víctima querellante: en vez de esperar la imputación del fiscal (que puede durar actualmente tres años), la propia víctima podrá ser querellante desde el momento en que radica la denuncia.
- Se eliminaría el secreto de sumario en los casos de delitos correccionales.