10 de abril de 2026
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Se va González, el aliado de Cornejo contra los “garantistas” de la Corte

La salida del procurador le permitirá a Cornejo impulsar en ese puesto clave a un hombre del Derecho que entienda, comprenda y que esté convencido de lo que pretende el gobernador en las nuevas medidas vinculadas con la Seguridad pública que se impulsan en breve. Tan es así que en la noche de este lunes y durante todo el martes el gabinete de Seguridad trabaja en un paquete de reformas al Código Procesal Penal que tienen a la labor de los fiscales como el principal objeto.

Tras 24 años al frente del Ministerio Público Fiscal, el procurador general de la Corte, Rodolfo González, el jefe de los fiscales que tienen como misión desentrañar la maraña de cada delito que se produce en Mendoza, investigando, aportando pruebas y acusando, dejó su cargo este lunes luego de haber acordado su salida con el gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, quien, al mediodía, aceptaba y oficializaba la renuncia del magistrado la que quedó plasmada en el decreto número 800 de la nueva gestión.

En términos políticos, Cornejo se adjudicó una nueva victoria sobre sus espaldas. En pocos meses al frente de la provincia, y cuando había decidido enfrentar las causas del delito en Mendoza impulsando una profunda reforma por etapas al Código Procesal Penal (CPP) para agilizar los procesos y determinar con más claridad la responsabilidad de jueces y fiscales, el gobernador recibió en su despacho la renuncia de un hombre clave en todo el sistema judicial que finalmente se jubilará gozando del 82 por ciento del haber que los magistrados cobran en actividad.

A diferencia de sus antecesores, Cornejo, en vez de buscar un enfrentamiento liso y llano con el funcionario a quienes todos apuntaban por diversas razones, se alió al él y juntos encararon un fuerte enfrentamiento contra el ala considerada “garantista” de la Suprema Corte de Justicia, apuntada como la principal traba jurídica, cuando no ideológica, que encontró la lucha contra las bandas de delincuentes en toda la provincia.

González se quedará un par de meses al frente de la Procuración General de la Corte, el tiempo que prevé Cornejo para enviar al Senado el pliego con el nombre del candidato a sucederlo. Para su remplazo, como suele suceder siempre, una danza de nombres comenzó a circular mencionándose como posibles al actual ministro de Seguridad, Gianni Venier; al actual juez Alejandro Gulle y al subsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D’Agostino.

De extracción peronista, González había sido nombrado procurador 24 años atrás, durante la gobernación del también peronista, Rodolfo Gabrielli. Con el discurrir de los años, no hubo un solo gobernador que, enfrentado con el Poder Judicial, tuviera la intención más o menos visible de remover a González del cargo. Las gobernaciones peronistas de Celso Jaque y la más reciente de Francisco Pérez fueron por su cabeza obteniendo como contrapartida derrotas más que resonantes.

González sobrevivió, incluso, a varios intentos de jury en su contra y a lo largo de su gestión fue siempre apuntado por darle aire a la siempre polémica práctica del nepotismo del que se beneficiaron sus familiares directos, su esposa, también magistrada, y sus dos hijos. Precisamente las cuitas familiares se mezclaron con su función. El año pasado llevó adelante una embestida muy dura contra Daniel Carniello, su ex yerno, a quien logró removerlo de la Fiscalía de Delitos Especiales para confinarlo en la fiscalía de Guaymallén. González acusó a Carniello de favorecer a un datero proveniente del mundo del hampa con quien tenía una muy aceitada relación, conduciéndolo hacia un jury en su contra que fue desestimado por pocos votos.

Pero al revés de otros gobernadores, Cornejo tuvo en González a un aliado de envergadura en su franco enfrentamiento con el ala progresista de la Corte que lidera el juez Omar Palermo secundado por el otro no menos importante ministro del tribunal, Alejandro Pérez Hualde. Palermo, por su lado, es un reconocido miembro activo de la organización de magistrados K conocida como Justicia Legítima. Palermo y Pérez Hualde fueron los que al comienzo de la gestión le provocaron un fuerte dolor de cabeza a Cornejo cuando dieron aire al polémico fallo sobre las prisiones preventivas que el gobierno entendió como un paso inevitable a la liberación masiva de presos en los penales de la provincia. González frenó ese fallo y logró neutralizarlo enviándolo a la Corte Suprema de Justicia de la nación. Desde el momento en que se conoció el fallo, en las horas previas de la Navidad del 2015, Cornejo y González se soldaron en una cruzada contra los jueces garantistas de la Corte. Allí nació una sólida relación en la que se acordó, incluso, las condiciones del retiro del jefe de los fiscales que finalmente se conoció este lunes.

La salida del procurador le permitirá a Cornejo impulsar en ese puesto clave a un hombre del Derecho que entienda, comprenda y que esté convencido de lo que pretende el gobernador en las nuevas medidas vinculadas con la Seguridad pública que se impulsan en breve.

Tan es así que en la noche de este lunes y durante todo el martes el gabinete de Seguridad trabaja en un paquete de reformas al Código Procesal Penal que tienen a la labor de los fiscales como el principal objeto.

Las modificaciones que llegarían promediando la semana a la Legislatura se concentran en agilizar el sistema de notificaciones del Poder Judicial al que se pretende eliminar el papel, para ir hacia el método informático por medio de correos electrónicos; a un cambio sustancial en la constitución del querellante el que deberá ser reconocido desde el momento mismo en que se realiza la denuncia y no cuando el fiscal produzca la imputación, hecho que en el sistema actual puede demorar hasta tres años de denunciado el delito; se cambian los plazos que tienen los fiscales para realizar la instrucción o investigación, lo que significa que estos magistrados tendrán un año para reunir la prueba, con la posibilidad de contar con una prórroga de un año más. Pero a los tres meses de iniciada la investigación deberán presentar un informe de situación que debe evaluar el juez de Garantía.

Otra de las reformas propuestas avanza en cambiar el sistema de notificaciones de los internos alojados en los penales. Para evitar gastos de traslado, logística, combustible, móviles y personal policial y del sistema penitenciario interviniente, se va hacia la figura del notario actuante a quien se le enviarían por mail las notificaciones y este auxiliar, constituido en los penales, notificaría en persona a los internos sobre sus causas. A su vez, se dispondrá que en un trámite rápido, en una audiencia oral, un juez de Garantía debe aceptar o no el archivo de las causas que proponen los fiscales o bien –otra de las modificaciones– aceptar o no la elevación a juicio de las causas sin que se permita la apelación a una instancia superior.

Uno de los objetivos de fondo que, la reforma de Cornejo, pretende perseguir apunta a una reforma integral del accionar de la Procuración, lo que se verá si el gobernador lo impulsará en el breve lapso que le queda de gestión a González, un par de meses más, o bien durante la gestión de quien lo suceda.

En este punto, el gobierno quiere idear un sistema por el cual los fiscales estén obligados a trabajar en la calle, en el campo de acción. Junto con esto, que sean ellos mismos los que defiendan los casos en los juicios y no un fiscal de cámara como sucede en la actualidad y por último, distribuir los fiscales de cámara por territorio o por departamentos, para que estos magistrados trabajen junto con los jefes de las policías distritales y coincidan en el mismo campo de acción.

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