La alianza oficialista buscará este jueves en la Cámara de Diputados dar media sanción a la ley del arrepentido y de extinción de dominio, dos proyectos fogoneados por el massismo, en un tratamiento exprés en el que también aspira incomodar al kirchnerismo con una declaración política contra el ex ministro Julio De Vido y avanzar con la conformación de una comisión bicameral que controlará al Ministerio Público.
La sesión especial convocada por el oficialismo está prevista para las 11 y arrancará con el proyecto de resolución del macrista Pablo Tonelli que autoriza al juez Luis Rodríguez a allanar la propiedad y las oficinas de De Vido, en el marco de la causa que se le inició por presunto enriquecimiento ilícito.
El ex ministro kirchnerista reapareció este miércoles por la noche en el Palacio Legislativo, tras el escándalo desatado por la detención del ex funcionario José López cuando intentaba ocultar casi 9 millones de dólares en un convento bonaerense, y participó en la reunión del bloque del Frente para la Victoria en la que informó sobre su situación procesal.
"En ningún momento me ampare en mis fueros", dijo, en declaraciones televisivas, De Vido, quien a su vez se manifestó "muy consternado" con el caso de López aunque aclaró que "no soy juez para juzgar a nadie, estamos muy dolidos".
El temario de la sesión de este jueves incluyó en segundo orden de tratamiento la creación y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, con la cual el Gobierno, a pedido de Elisa Carrió, volverá a presionar a la procuradora Alejandra Gils Carbó para que abandone el cargo.
El temario difundido por las autoridades de la Cámara se completaba esta noche con la ley del arrepentido y extinción de dominio, que se elaboraron en base a propuestas que llevan las firmas de Sergio Massa y Graciela Camaño, y que el oficialismo terminó de consensuar con otros bloques minoritarios en distintos plenarios de comisiones.
Para conseguir el dictamen de comisión para la ley del arrepentido, el oficialismo tuvo que aceptar varias modificaciones como la que establece que "todos los colaboradores eficaces van a tener la misma respuesta, la reducción de pena, no se va a permitir la eximición de pena", tal como precisó el mendocino Luis Petri (UCR), presidente de la comisión de Seguridad Interior.
También a pedido del kirchnerismo, y por propuesta de Victoria Donda (Libres del Sur), se excluyó del dictamen la posibilidad del "arrepentimiento" en casos de lesa humanidad.
Estos cambios no sólo convencieron a que Diana Conti confirmara el acompañamiento del Frente para la Victoria al dictamen de mayoría sino que además sumó a otros bloques minoritarios, dejando sólo un dictamen de minoría que lleva la firma de Myriam Bregman, del Frente del Izquierda.
Según lo acordado, el dictamen de mayoría establece que se aplicará una reducción de pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme, por algún delito, cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos y comprobables.
Se aclaró que cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años y respecto al arrepentido falaz, la ley fija una pena de prisión de cuatro a diez años, por proporcionar información falsa o inexacta.
Un detalle que se destaca de la ley es que no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político.
Para la ley extinción de dominio, el oficialismo no pudo lograr el apoyo del FpV, pero contó con el respaldo del massismo, Progresistas y del bloque Justicialista, que se comprometió a acompañar en general aunque planteó disidencias, que el macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, trataba de limar con la bancada que gerencia Diego Bossio.
El peronismo disidente exigía fijar una nómina de delitos en lugar de dejar abierta la aplicación de la norma a actividades ilícitas y también sostenía que el decomiso de bienes tenía que estar sujeto a una situación procesal penal avanzada.
Petri defendió la propuesta original al sostener que la extinción de dominio "no depende de un procesamiento penal" sino a "una acción de la justicia civil", ya que la demanda es "contra cosas y no contra personas".
Sin embargo, esta explicación no convenció al kirchnerismo que insistió en que la norma será declarada inconstitucional por la justicia porque dispone el decomiso sin sentencia previa y, por eso, irán con dictamen de minoría que se agrega a otro despacho de Néstor Pitrola (FIT) que también rechazó la propuesta oficial.
Fuente: DyN
