Álvarez, de Irrigación, sospechado de seguir con la corrupción de la dupla Frigerio-Villalón
Regantes de todas las cuencas hídricas de la provincia preparan, con cierto grado de discreción, una andanada de cargos que podrían depositar al gobernador del agua en la antesala de un Jury de Enjuiciamiento.
Foto: Yemel Fil
A cuatro años largos de haber asumido en el cargo, al actual superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI), José Luis Álvarez, se le acercan tiempos difíciles. Regantes de todas las cuencas hídricas de la provincia preparan, con cierto grado de discreción, una andanada de cargos en su contra que podrían depositar al gobernador del agua en la antesala de un Jury de Enjuiciamiento. Los documentos que los regantes acumulan dan cuenta de que el funcionario no sólo no cumplió afirman, acompañados por varios especialistas en Derecho del Agua, con la misión que se le confió en marzo del 2012, cuando asumió con el fin de terminar con la impunidad y una red de corrupción que habían dejado como estela indeleble Eduardo Frigerio y su máximo colaborador, Jorge Caballo Villalón, en el máximo organismo rector del agua de los mendocinos.
Álvarez, junto al Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del DGI de acuerdo con las acusaciones que se le endilgan, no sólo no frenó el avance de aquella veintena de pozos que su antecesor, Frigerio, permitió perforar en el 2010, en medio de una maniobra escandalosa, en la zona de altísima restricción conocida como Alto Agrelo, en Luján. Sino que, para quienes lo tienen en la mira, Álvarez evitó, con medidas dilatorias, cegar las perforaciones permitiendo que siguieran adelante los proyectos en un zona prohibida, al punto tal de que una jueza en primera instancia, Fabiana Martinelli, debió darle la razón a los poderosos particulares aduciendo que en verdad se salían con la suya, pero no por derecho, sino por las omisiones administrativas cometidas por el superintendente Álvarez.
Los beneficiarios de los permisos para tales perforaciones fueron importantes hombres de negocios y de la farándula, como Marcelo Tinelli, y otros representantes de mega emprendimientos inmobiliarios y de recreación que lejos estaban de ser proyectos agrícolas o agroindustriales. Por medio del armado de una asociación de regantes, y merced a un tráfico de influencias pocas veces visto, lograron obtener agua en tierras que habían adquirido sin ese derecho, multiplicando miles de veces su valor en dólares.
En medio de aquel escándalo de seis años atrás, se mezclaría más tarde el valijero Leonardo Fariña, ya como parte de la causa conocida como la ruta del dinero K, quien llegó a Tupungato adquiriendo el derecho para tres pozos de riego en un campo que había comprado por más de 4 millones de dólares pero que extrañamente se desembarazaría de él por un valor menor a la mitad del que lo había adquirido. En esa investigación, la Justicia todavía intenta probar que Fariña compró las tierras por orden del empresario K, Lázaro Báez, quien invirtió en ellas para lavar el dinero obtenido, se presume, por los sobreprecios de la obra pública con la que había sido beneficiado en tiempos de Néstor y de Cristina Kirchner.
Álvarez asumió en Irrigación el 23 de marzo del 2012, a poco de comenzar el gobierno de Francisco Pérez. Frigerio, acosado por un jury en su contra que ya se había activado, renunció al cargo en medio de las denuncias que lo acecharían también en el fuero penal. El nuevo gobernador del agua prometía volver todo a la normalidad y suspender los permisos dados a los poderosos en una zona donde el agua es escasa y donde había, además, decenas de pedidos de permisos anteriores tramitados por productores para invertir en la zona y que estaban frenados por la emergencia hídrica agravada desde 1998 a esta parte.
Los regantes advirtieron, sin embargo, que la nueva conducción no se movía con rapidez para suspender los permisos. Cuando pidieron explicaciones por las demoras, Álvarez les respondió que no podía avanzar porque las causas se habían judicializado por las presentaciones realizadas por los integrantes de la nueva asociación.
En verdad, se había realizado sólo una presentación, la que quedó registrada en el expediente número 104.785-SCJ-Del Pópolo Marcelo c/DGI por APA del 23 de diciembre del 2011. El 9 de noviembre del 2012, uno de los integrantes de la asociación, Aymuray, que llegó con la pretensión de realizar en esos campos de Agrelo una cancha del golf, pidió a la Corte que unificara la causa de Del Pópolo con el resto de los beneficiarios de los pozos y pocos días después, el 14 de noviembre del 2012, fue el propio DGI el que requirió integrar lo que se denomina la Litis, es decir unir las mismas causas detrás de aquella Acción Procesal Administrativa para impedir que los pozos fueron cegados.
La Corte terminó por rechazar los pedidos, entre ellos el del mismo DGI que solicitaba, extrañamente, lo mismo que quien iba en contra del organismo. Quien representaba legalmente al inversor Del Pópolo en el 2011, era Santiago Ruiz Fretes, quien luego sería promovido por Álvarez como el secretario administrativo del Honorable Tribunal Administrativo del DGI, cargo que actualmente ocupa. Ruiz Fretes había renunciado al patrocinio de Del Pópolo en mayo del 2012.
Por la misma época, en el 2012, el Honorable Tribunal Administrativo daría a conocer la resolución 548 por la que creó lo que para los regantes resultó ser una maniobra para sacar a concesión pozos de riego al mejor postor. La resolución, en uno de sus artículos, da cuenta que para adquirir el permiso para perforar se debe realizar un ofrecimiento pecuniario, violando, dicen desde las asociaciones de regantes, las leyes 4035 y 4036 de 1974 que fijaron que el único que tiene el poder concedente es el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, un órgano colegiado.
Para el especialista en Derecho del Agua y abogado de los regantes, Marcelo Romano, Álvarez permitió un mercado negro del agua en toda la provincia en donde aquel inversor con fuertes sumas de dinero se queda con los pozos de regantes que se los terminan cediendo por no contar con los medios para explotar sus campos. Aquella resolución 548 del 2012 y la 164 del 2013, firmada por el superintendente Álvarez, permitieron ceder permisos de una zona a otra abriendo posibilidades de negocios no tan claros en las zonas de riego, especialmente en las tierras más aptas para la producción de alta calidad como zonas de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.
Las polémicas decisiones tomadas durante la gestión de la dupla Frigerio-Villalón en Irrigación tuvieron su correlato durante la actual gestión de Álvarez, al decir de los regantes que buscan apoyo político para sacar a la luz las supuestas irregularidades que se han venido manteniendo.
En marzo del 2017 finaliza la conducción de Álvarez. Por estos días comienzan los primeros movimientos, políticos, para que Cornejo defina el nombre que propondrá para manejar el organismo por los próximos cinco años. Los regantes han comenzado a pedirle al gobernador Cornejo que dé a conocer su plan para el manejo del agua y, especialmente, que los tenga en cuenta al momento de dar a conocer su candidato.
Mientras tanto, los regantes reúnen documentación para llevar a un juicio político a Álvarez y, a la vez, analizan la elaboración de un proyecto de ley para que sean los representantes de las cinco cuencas de riego que existen en la provincia los que le eleven al gobernador una terna de candidatos que debe enviar al Senado de la provincia. Con la descentralización, afirman, se terminarían los negociados a los que ha sido expuesta la actual política de la administración del agua en Mendoza. Pero antes de todo eso, insistirán para que la clase política se adapte al cambio de época y haga pagar a quien creen que se ha corrompido mientras está en el poder.
