El Gobierno podría contar esta semana con otra de sus leyes vinculadas a la seguridad, cuando tenga nuevamente el acompañamiento de sus socios políticos y, según se espera, también del principal partido opositor. Con esta herramienta, el gobernador Alfredo Cornejo buscará una solución para lo que muchos denominan la "puerta giratoria" en la justicia para los delincuentes, que él ve como una de las principales causas de la inseguridad.
Esta semana la Cámara de Diputados votará las modificaciones al Código Procesal Penal y se descuenta que será sancionada, luego de que el martes el Senado aprobara este proyecto para endurecer las prisiones preventivas que Cornejo anunció el 1 de Mayo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura.
En Senadores la discusión fue áspera, pero solo superficial porque el Justicialismo votó a favor del proyecto a pesar de sus advertencias sobre la inconstitucionalidad, el riesgo de que la provincia enfrente juicios, se agrave el hacinamiento carcelario, se violen derechos y garantías, además de otras observaciones.
Pese a esto, el peronismo acompañó la iniciativa oficialista y logró la primera aprobación. Solo los senadores del Frente de Izquierda, Víctor Dávila y Noelia Barbeito, acompañaron el argumento en contra con sus votos en el mismo sentido.
Es que en Senadores los radicales tienen mayoría propia, independientemente de sus socios políticos; mientras que en Diputados si bien tienen mayoría, dependen en buena parte de sus aliados. En la Cámara baja la UCR tiene 22 legisladores y el PJ 19, mientras que los de Izquierda son 4, el PRO, el Partido Demócrata y el Frente Renovador tienen cada uno un solo diputado.
Por eso necesita sí o sí su acompañamiento cuanto el PJ decide no acompañar ya que el FIT suele oponerse a casi todos los proyectos de ley, como en esta oportunidad.
De todas maneras, se espera que los diputados justicialistas acompañen, del mismo modo que lo hicieron los senadores, aunque con reparos en algunas cuestiones particulares.
En tanto, el demócrata Marcos Niven y el massista Guillermo Pereyra confirmaron que votarán a favor de la iniciativa de Cornejo. "Es necesario este cambio. Vamos a acompañar los pedidos de la sociedad por la seguridad y apoyar al gobierno, sea del color que sea, a solucionar estos temas", señaló Pereyra. "Tenemos que terminar con esto. No se trata de mano dura o blanda, una medida racional y criteriosa", agregó el representante del Frente Renovador. Por su parte, Pablo Priore (PRO) no votará porque no estará en la sesión debido a que estará fuera de la provincia, pero aseguró que "apoya 100% la iniciativa".
Así, se prevé que el martes el proyecto que ya ingresó a la Cámara sea tratado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y el miércoles se debata en el Senado.
El proyecto plantea escasos pero sustantivos cambios al Código Procesal Penal, para regular las prisiones preventivas fijando criterios para impedir la liberación de los detenidos. Se busca de alguna manera prevenir la continuación de la actividad delictual. Así, se fijan nuevas causales que impiden el recupero de la libertad.
Si bien en la Constitución y en los Códigos Procesales vigentes se establece la aplicación del principio de libertad del detenido durante el proceso, con este proyecto el Ejecutivo busca evitar o prevenir nuevos delitos, a través de las tipificaciones de las situaciones, dándole herramientas claras a los jueces para ordenar la continuidad o el cese de la detención.
Así, en casos de reiterancia (cuando no tiene condenas anteriores pero es investigado por delitos similares), reincidencia (cuando tras una condena vuelve a cometer delito), peligros procesales (que se fugue o entorpezca la investigación, por ejemplo amenazando testigos) o en casos de delitos violentos, el acusado deberá permanecer detenido a la espera del proceso judicial.
Además, en casos de delitos con penas menores a los tres años de prisión se le fija un plazo de diez días al juez para definir la situación.
En este proceso se prevé la oralidad. Sería el caso de una audiencia entre el juez, la víctima (y/o su abogado) y el acusado, donde se plantee la situación delictiva sucedida.
¿Y la superpoblación carcelaria?
Según el gobernador si esto se convierte en ley no se agravará la superpoblación de presos en alojados en las penitenciarías. Es que entiende que al acelerarse los procesos de prisiones preventivas, los jueces dispondrán de más tiempo para resolver las demás cuestiones. "Habrá un neto de ingresos y egresos" de las cárceles, aseguró.
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