El diputado por el Frente Para la Victoria, Lucas Ilardo, acompañó hoy a los trabajadores de la Unión de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) en la manifestación que se desarrolló por el Día Internacional de la Lucha Campesina. Además, participó en la reunión que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales (LAC), donde volvió a pedir que la provincia de Mendoza adhiera a la Ley Nacional 27.118 que prevé la reparación histórica de la agricultura familiar a partir de un Proyecto que presentó junto a la ex diputada provincial, Marina Femenía, en 2015.
Según el texto impulsado por Ilardo (es co-autor) y Femenía, es necesario que la provincia se acople a la ley nacional, la cual, además de contemplar una reparación para el sector, declara de interés público la agricultura familiar en su primer artículo. Según consta en el texto, la norma fue sancionada por el Congreso argentino el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015.
Existe una necesidad de avanzar con políticas que promuevan un modelo de desarrollo rural inclusivo que facilite el acceso de los productores de pequeña escala y los agricultores familiares al conjunto de los recursos requeridos para el pleno despliegue de sus potencialidades económicas, argumenta el proyecto presentado por Ilardo y Femenía.
La importancia que la agricultura familiar tiene para la provincia, es otro de los puntos sobre los cuales el actual legislador y la ex diputada basan su presentación. Según datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar en Mendoza, más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen son producidos por productores familiares. Ocupan el 53 por ciento del empleo rural, que asciende al 70 por ciento si se considera la mano de obra familiar. Además, representan el 71 por ciento del total de productores del sector agropecuario y en solo el 13,5 por ciento de las tierras explotadas producen el 19,2 por ciento del producto bruto del sector, enfatiza el texto.
Por otra parte, el Proyecto de Ley presentado por Ilardo y Femenía, estima que la adhesión a la Ley Nacional de Agricultura Nacional permitirá promover el acceso a políticas activas en favor de la agricultura familiar y de la producción a pequeña escala que incluyan principalmente el acceso al crédito, el desarrollo y tecnologías apropiadas, la promoción de mercados alternativos, la tierra y los recursos productivo, entre otros puntos.
