El día D ha llegado para las finanzas provinciales. Hoy, Diputados debe continuar con el tratamiento del acuerdo por endeudamiento para sanear las cuentas oficiales alcanzado entre Francisco Pérez y Alfredo Cornejo y luego de aprobarlo arrancar el camino quizás más complejo: el de encontrar un banco, el Nación parece ser lo más apropiado, que preste el dinero o gran parte de los 5.800 millones de pesos que se necesitan antes de fin de año con el solo fin de evitar el colapso generalizado.
Hoy, a lo que dé lugar, el endeudamiento debería alumbrarse y dar a luz. Se sabe que no se trata de un parto normal, que la criatura llegará de nalga y que probablemente dejará una buena dosis de sufrimiento hacia adelante por los próximos años hasta enderezar la marcha de las cuentas públicas y alcanzar el sueño de un Estado sólido y fuerte.
Es probable, también, que para lograr su nacimiento, sigan apareciendo más complicaciones de las que ya existen, obligando en ese caso a hacer una intervención más invasiva y definitiva. De ser así, la ley de financiamiento que se está discutiendo tiene que nacer por cesárea, pero de una buena vez.
La Legislatura ha estado jugando con fuego. La interna del peronismo se ha ocupado en los últimos días de arrimar leña seca a las llamas cuando lo más sensato hubiese sido dejar para otro momento la caída de la ficha en la que se encuentra: una situación en donde de pronto buena parte del peronismo gobernante comenzó a tomar conciencia de que se le termina el tiempo en el poder en la provincia y que se llegó a tal situación en buena medida por una dosis importante de desaprensión y desidia que debió haberse advertido cuando menos desde dos años a esta parte.
La crisis es de tal magnitud que el próximo gobierno necesita imperiosamente contar con las herramientas administrativas que sustenten las medidas que se deben comenzar a tomar para enderezar la situación. Luego llegará el tiempo de evaluar si el nuevo gobierno las usa bien o mal, pero de ninguna manera Cornejo debiese arrancar su gestión más condicionado de lo que ya se encuentra.
La provincia requiere de calma además y de cierto grado de estabilidad mínima para que las cosas funcionen como deben hacerlo. Esto es dejar de penar por la falta de recursos en los hospitales, en el sistema de seguridad pública, o hacer lo que obligatoriamente hay que hacer para que a los chicos de las escuelas no les falte nada como para servirles una merienda decente y digna, que los proveedores ingresen en un sistema planificado para cobrar lo que se les debe y que a los cerca de 100 mil trabajadores estatales se les borre la incertidumbre de todos los meses de saber si tendrán o no depositados los sueldos en cada una de sus cuentas.
Está claro que no se debe gobernar como si se tratase de un bombero usando todas las horas del días, inclusive las del descanso, apagando incendios aquí o allá o como si se tratase de una ambulancia buscando heridos en medio de un bombardeo.
No se trata tampoco de hacer un borrón y cuenta nueva sobre las responsabilidades de aquellos que no supieron, no quisieron o no pudieron advertir la situación de caída libre en la que parece que se encuentra el Estado provincial. Porque alguien deberá explicar el origen de semejante descalabro con argumentos un poco más sólidos de aquellos que afirman que el mundo se nos vino encima y nos aplastó. No se trata de impunidad. Se trata de buscar la forma de salir del colapso para retomar el camino del crecimiento y del desarrollo.
Hoy, oficialistas y opositores retoman el análisis de la ley que acordaron los dos gobernadores. Todo pareciera que está resuelto y discutido, a excepción del artículo dos de la norma que es el que le permitiría a Cornejo tomar créditos por más de 2 mil millones de pesos al año, sin pedirle autorización a la Legislatura (de ahí que el proyecto requiere de su aprobación ahora) para compensar los gastos de vencimientos de deudas históricas que fueron tomadas en los últimos años y que vencen entre el próximo año y el 2019.
Tras el cuarto intermedio de ayer, surgen dos opciones en medio de un peronismo que ya luce fragmentado, independientemente de cómo vote hoy en Diputados: la primera es que Cornejo acepte modificar el artículo 2 limitando a un año, al 2016, esa suerte de superpoder que le está dando el proyecto. Si es así, es posible que la ley obtenga media sanción por unanimidad. Esa es una de las alternativas.
La segunda es que Cornejo insista, como ha venido exigiendo por medio de sus legisladores a lo largo de toda la polémica, que el artículo dos debe ser votado sin cambios y tal como lo acordara algunas semanas atrás con Pérez. En este caso, el gobernador electo puede que cuente con los votos peronistas que necesita para alcanzar la mayoría especial valiéndose de un PJ quebrado que votaría dividido por el pedido que han hecho algunos intendentes. Si esto ocurre, Cornejo contará con la ley tal como la quiso, aunque se arriesga a gobernar en medio de un clima todavía más enrarecido.
Como sea, la ley debe salir y de ser posible como fue acordada entre ambos gobernadores. Lo necesita Mendoza y es un derecho con el que cuenta Cornejo, porque a partir de diciembre será quien gobierne y recaiga sobre él todo el peso de las mayores responsabilidades.
