Las claves no públicas del sufrido acuerdo entre Pérez y Cornejo
El perseguido y sufrido pacto político que Francisco Pérez y Alfredo Cornejo persiguen y que podrían firmar hoy si se salvan diferencias que surgieron en el seno del propio peronismo, documento al que han llamado pomposamente Acuerdo Político por la Transición Institucional de Mendoza, en verdad es un punto de partida en todo sentido, pero con final incierto. Un proyecto de ley que busca, como objetivo central, encontrar que un banco le preste a Mendoza al menos 5.800 millones de pesos para dejar las cuentas en orden; las del gobierno que deja Pérez y que Cornejo arranque su gestión a fojas cero, con una deuda manejable, prorrateada por varios años y atribuida políticamente al peronismo que ha representado Pérez. Es un proyecto de ley para financiar el ejercicio del 2015 que la Legislatura tiene que aprobar.
Una semana atrás, cuando este diario difundía que Cornejo y Daniel Scioli habían mantenido un encuentro a solas en Buenos Aires como parte de las muchas urgencias del gobernador electo para ganar tiempo y preparar un plan de contención a las demandas que lo esperan desde el 10 de diciembre, los equipos del gobierno actual y los del que viene le comenzaban a dar cuerpo a los puntos esenciales del acuerdo político llamado a darle una solución al desbarajuste financiero en el que cayó Mendoza durante los últimos dos años.
En buen romance, con el pacto, Pérez pretende cerrar su gestión sin reclamos abiertos, ni deudas que pagar en medio de las críticas que ha recibido su administración por el manejo de los recursos del Estado; aunque claro está, el desajuste que se produjo y lo que costará en caso de que la provincia reciba el préstamo, claro está se patea para adelante licuado en las gestiones que arrancan con la de Cornejo, en el mejor de los casos.
El pacto debió firmarse el jueves a las 11 de la mañana. Y se suspendió por las profundas diferencias internas que surgieron en el peronismo. El terremoto en Chile del miércoles y sus consecuencias en Mendoza resultó ser la excusa perfecta para demorar el anuncio de la firma mientras se limaban las asperezas en el oficialismo. Entre las consecuencias más visibles que ha dejado la pulseada en el peronismo, se destacan las diferencias insalvables, según parece, entre Pérez y el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús, el diputado que hoy deja la provincia por varios días para presenciar el Mundial de Rugby que se realiza en Inglaterra.
Tanús se transformó en la cabeza de la resistencia peronista que le intentó convencer da Pérez de que a Cornejo había que frenarlo en cuanto a las demandas porque, entienden, entre los que figuran buena parte de los intendentes, que el gobernador electo acorraló a Pérez para obtener la firma del pacto que avala el pedido del financiamiento, bajo la amenaza cierta de llevar a la justicia una serie de movimientos supuestamente extraños en la administración que se habrían cometido con el manejo de los fondos públicos.
Las negociaciones continuaban hasta el mediodía de ayer, en la Legislatura, cuando la mayoría de los intendentes peronistas con la excepción del azul jefe comunal de San Martín Jorge Omar Giménez se reunieron con el vice Carlos Ciurca, el propio Tanús y algunos funcionarios de Pérez para negociar los puntos más resistidos por el peronismo y los intendentes. Estos últimos reclaman que parte de la plata que llegue a Mendoza durante lo que queda del año se distribuya entre las comunas bajo el criterio de la participación municipal para hacer frente a los quebrantos comunales. Exigen, cuando menos, alrededor de 1000 millones de pesos, según trascendió.
El pacto consiste en salir a buscar 5.800 millones de pesos. De esos, 2.600 millones serán usados por la actual administración para hacer frente a las obligaciones impagas y el resto, los 2.200 millones restantes pasarían a ser administrados por la gestión Cornejo. El peronismo que se distanció de Pérez pretendía que no se salga a pedir el total de los fondos y que el radicalismo, en su proyecto de presupuesto 2016, pida lo que le hará falta corriendo con los costos políticos, con la promesa de que el peronismo, ya en la oposición, le garantice la aprobación del endeudamiento.
Uno de los aspectos más resistidos del pacto es el punto en donde el gobierno de Pérez, antes de que termine su gestión, tiene que emitir un bono provincial, similar a los recordados Petrón que circularon durante la crisis financiera del 2001 en la administración de Roberto Iglesias, para hacer frente con eso a las deudas que se tienen con los proveedores del Estado.
Pero también hay otros dos aspectos, que en el seno del peronismo que no comulga hoy con Pérez se resisten y son aquellos vinculados con una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal que le permitiría al próximo gobernador pedir deuda sin que pase por la Legislatura para afrontar los pagos del quebranto que deja Pérez y otro que tiene que ver con la puesta en marcha de una moratoria especial para aquellos empleados públicos con edad para jubilarse pero sin tener los años de aporte. Esa medida podría impulsarla Cornejo desde el inicio mismo de su gestión para comenzar a ordenar la planta de personal del Estado y bajar los costos de su crecimiento.
Pero pese a las diferencias internas en el peronismo, todo se resolvería una vez que los intendentes se aseguren que parte de toda la movida financiera que se está armando, les signifique a ellos una tajada importante de recursos.
