13 de abril de 2026
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Por Marcelo Torrez

Cornejo y el desafío de lograr que las cosas funcionen, tan simple como eso

A la nueva administración de gobierno, que liderada por Alfredo Cornejo asumirá el control de la provincia el próximo 10 de diciembre, le llevará más de un año de gestión acomodar las finanzas del Estado para llegar a un nivel aceptable desde donde comenzar a aplicar la batería de medidas que se necesitan para reducir el déficit fiscal e invertir la actual relación de ingresos con egresos, donde los primeros crecieron al 35 por ciento, pero los segundos treparon en promedio al 45 por ciento.

La conjetura es la que abonan los propios técnicos que el radicalismo puso a trabajar en la elaboración real del diagnóstico de situación que heredará Cornejo una vez que asuma. Lo que preocupa en verdad es lo que ya se sabe desde hace varios años: que la mayor parte de los ingresos de la provincia originados en recursos propios se la lleva la recaudación de sellos e ingresos brutos, precisamente los gravámenes más distorsivos que han afectado sistemáticamente el desarrollo económico provincial, las inversiones y el sostenimiento de las fuentes laborales que se han ido perdiendo desde, al menos, el 2011 en adelante.

De entrada, en el primer día de gestión, quien sea el ministro de Hacienda del nuevo gobernador, se encontrará sobre su escritorio un panorama dramático de no mediar alguna modificación de la actual situación. Los datos que difunde el propio radicalismo –de fuentes y organismos oficiales, aclaran– indican que al 1 de julio pasado había una deuda de caja de casi 1.000 millones de pesos; 770 millones a proveedores varios; cerca de 600 millones de retenciones de los empleados destinados a la OSEP, al IPV, mutuales y otros; más de 100 millones de pesos a los municipios; una deuda por un préstamo que debió girarse a Aysam por 450 millones de pesos y una proyección deficitaria de alrededor de 2.700 millones de pesos para el segundo semestre de año que empezó exactamente un mes atrás.

Es decir que cuando menos 5.000 millones de pesos son los que le faltan a la administración para cerrar la gestión de Francisco Pérez más o menos de manera decorosa, sin dejarle a su sucesor semejante lastre. Cornejo, consciente de la situación, instruyó a algunos de sus colaboradores a mantener en su nombre algunas reuniones con dirigentes nacionales del oficialismo, con expectativas ciertas de ser llamados a protagonizar lugares más que clave en la próxima administración nacional de gobierno si es que se impone el oficialista Frente para la Victoria (FPV) en octubre, para lograr la construcción de puentes que sí o sí deberá utilizar en busca de los salvatajes y ayudas nacionales para levantar Mendoza.

La reciente declaración de Daniel Scioli, en su visita a Mendoza del martes, en el sentido de dar garantías si llega a la presidencia de entablar un diálogo institucional y serio con Mendoza y de avanzar en el cumplimiento de aquel Acta compromiso con los mendocinos que firmó y anunció en junio pasado, significaron para Cornejo más que una buena noticia, una bocanada de oxígeno, que le despejará un frente de conflicto vital para el futuro de la provincia en caso de que Scioli gobierne el país desde el 10 de diciembre.

Se sabe que el gobernador electo una vez que tomó conocimiento de la declaración del candidato oficialista, rápidamente envió a los suyos a pedir el urgente restablecimiento del diálogo con el gobierno de Pérez y el propio peronismo, relación perdida e interrupta desde que el PJ tomó la decisión de no pactar con Cornejo y plantearse como objetivo terminar el último año pagando los sueldos de los empleados públicos y lo mínimo y necesario.

El miércoles pasado, el gobernador Pérez repasó, como todos los días el flujo de ingresos y egresos de la Tesorería provincial. Una vez que corroboró que los papeles le demostraban el mismo panorama de los últimos meses, llamó a su ministro de Hacienda: “Juan, hay que llamar a Anabel”, le ordenó. “¿Yo?”, le respondió el funcionario esperando impaciente la voz del gobernador del otro lado del teléfono. “No sé, en todo caso llamálo al Marcelo para que se encargue”. El “Marcelo” no era otro que Costa, el actual ministro de Agroindustria ocupado desde hace algunas semanas de las tareas finas y sensibles de la Hacienda provincial. Gantus, entonces, buscó a Costa para encomendarle la orden del jefe. Y fue así como, una vez más, Anabel Fernández Sagasti, la diputada nacional que aspira al Senado en las próximas elecciones y de fluida relación con la presidenta de la Nación, debió terciar para llegar a las máximas autoridades del Banco Nación, comandado hoy por los “cumpas” de La Cámpora para autorizarle a Mendoza el uso del sobregiro necesario para el pago de los sueldos del mes de julio a los estatales. El jueves a la 3 de la tarde el millonario monto debía estar disponible en las cuentas del Estado mendocino para que a las 24 del mismo día, y en el primer minuto de hoy viernes, ya estuviese acreditado en cada una de las cajas de ahorro de los más de 80 mil empleados públicos.

Así se está hoy en Mendoza, a los palos con las águilas. Pero además de ordenar las cuentas con la ayuda de la nación y quizás de algunos organismos internacionales con los que está abriendo algunas puertas, Cornejo tiene por delante la no menos trascedente y clave misión de lograr que el Estado funcione en toda su dimensión.

Esto implica avanzar en un cambio cultural, en un giro de 180 grados que tiene que dar la administración para que el acceso a los servicios del Estado se simplifique y se evite el tedio que supone encarar cualquier trámite. Ya no sólo se habla de mejorar la atención en los centros de Salud, en los hospitales o en cualquier dependencia gubernamental, en las oficinas del Registro Civil, en las del IPV, en las de los organismos descentralizados, sino también en la Justicia, en cada uno de los tribunales y oficinas fiscales.

Ante tanto desbarajuste financiero, los funcionarios suelen pasar por alto las cuestiones mínimas y de sentido común. Las tres o cuatro horas que significa lograr el sello oficial para cualquier documento que lo requiera o encontrarse con situaciones tan desagradables, por la falta de información debida, de que tras horas esperando por un trámite cualquiera cuando le llega el turno se encuentra con que el empleado o funcionario público lo sorprende con un “mamita, vaya al cuarto piso y compre el código 151 y luego vuelva”; o bien “esta copia certificada de nacimiento está vencida”; o “mire, no se puede seguir con el papeleo porque tiene un embargo el vehículo, ¿sabe?” y así por siempre.

Así como alguna vez el gobernador actual nos dijo que soñaba con pasar a la historia como el gobernador que logró industrializar Mendoza, Cornejo bien podría apelar a algo mucho más sencillo, pero tremendamente efectivo y que los mendocinos se lo agradecerían de por vida: lograr un sistema por el cual las cosas del Estado funcionen. Tan simple como eso.

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