Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los embargos fueron dispuestos por la jueza federal Lilian Herraez al admitir un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Herraez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156.432.000 millones de dólares. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y cuentas bancarias de empresas británicas y estadounidenses.
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