Ayer, un chico de 17 años, Gustavo Villegas Páez, murió fusilado en el interior del barrio Campo Papa. Páez se movilizaba en una moto Cerro 150 cuando, según los pocos testigos que se animaron a dar algo de información a la policía, otros dos jóvenes, también en moto, se le pusieron al lado para luego descerrajarle un tiro mortal en la cabeza.
El crimen tiene ribetes mafiosos y puede estar vinculado a la larguísima guerra de bandas que se asentó en el oeste de Godoy Cruz desde varios años atrás. Páez era el sobrino de Juan Chicho Páez, el enemigo número uno de Jaquelina Vargas, alias La Jaqui, apuntada como la jefa de la banda narco que domina la venta de estupefacientes en esa zona caliente de Godoy Cruz. Por su lado, Chicho Páez, ha sido apuntado como el líder de un grupo de sicarios que asesinó a quien era la pareja de la Jaqui Vargas. Desde que se produjo ese homicidio, nada fue igual en la zona en disputa: una serie de homicidios se desencadenaron tanto de un lado como de otro en la escalada de violencia que organizó Vargas para vengar la muerte de su esposo.
La Jaqui Vargas está presa en la cárcel de El Borbollón, junto a algunos de sus más lugartenientes y hasta con ciertos familiares directos de la jefa narco que fueron cayendo en manos de la Policía provincial en los últimos meses.
La historia de violencia en los barrios del oeste mendocino está plagada de sangre y sufrimiento permanente para quienes moran en ellos y se despegan de los conflictos entre las bandas que pugnan por el control de los numerosos quioscos de venta de marihuana y cocaína que el gobierno no puede desactivar.
Las imágenes de lo que viene sucediendo en el Papa y otros asentamientos precarios conducen a las escenas de violencia, sangre y fuego que a menudo llegan desde los suburbios de Santa Fe y Rosario, centros urbanos en donde el narcotráfico se radicó con inusitada fiereza y dramatismo.
Nuestros barrios mendocinos, quizás con algo de exageración es cierto, han sido comparados con la situación santafecina. Pero no se está para nada lejos de que se llegue, de no mediar un freno al narcotráfico y a las bandas de sicarios, a la misma situación horrenda que se padece por allí y en los populosos barrios del conurbano bonaerense.
La política de seguridad pública del actual gobierno y del anterior no dio nunca en la tecla. El problema nunca pareció asumirse con las complejidades propias del crimen narco que se da los lugares más calientes de Buenos Aires y Santa Fe o de otros países vecinos y en especial en los del Caribe y centroamericanos. Todos los planes que se han anunciado han tenido en cuenta la problemática, al menos desde la teoría, pero evidentemente ha faltado eficacia, recursos y una fuerte decisión política de ir por todo con el objetivo de ponerle fin al flagelo.
Pedir en estos tiempos que se viven, en medio de una campaña electoral tensa, que es necesario preguntarles a los candidatos qué piensan hacer con el tema de la inseguridad y especialmente con el avance del narcotráfico, supone una obviedad y una cuestión de puro sentido común. Pero no es menos cierto que de tanto hablar del tema y plantearlo en la agenda, muchas veces se corre el peligro de banalizarlo. Y, al naturalizar la discusión, se cae, también en las respuestas de ocasión, en las frases hechas, en lo políticamente correcto.
Pero se impone, porque la situación no da para más, una política de Estado de manera imperiosa. Podría ser, quizás y como aporte, la última gran decisión que podría tomar el actual gobierno, la de convocar a una mesa amplia, después de las PASO del próximo domingo y antes de las elecciones generales de junio, para debatir y encontrar un plan de ataque a la delincuencia y al narcotráfico y que el próximo gobierno, el que lo suceda, se garantice a cumplir y por supuesto, mejorar. No es mucho pedir, ¿no le parece?
