Por Marcelo Torrez

Ganancias: Pérez se dispone a ofrecer un nuevo cálculo

Técnicos y funcionarios políticos de la administración provincial analizaban anoche ofrecer en la paritaria de salud, que se realiza hoy a las 15, un nuevo cálculo para evitar el pago del impuesto. Pero a la vez, evaluaban los costos de la decisión política, entre ellos un recrudecimiento de las represalias de la nación hacia la provincia. El impacto es de 23 millones de pesos menos por mes a la AFIP.

El gobierno de Francisco Pérez se encontraba anoche analizando tomar hoy una decisión de alto impacto y riesgo político: en la reunión paritaria prevista para esta tarde con los gremios de la salud, a la que acudirán las combativas Raquel Blas de ATE y María Isabel del Póppolo de Ampros, los paritarios gubernamentales ofrecerían un nuevo cálculo del aumento salarial que operará en el 2015 para evitar que los trabajadores que superan los 15 mil pesos deban pagar el impuesto a las ganancias.

Pérez ya tiene el decreto redactado. Sólo le falta número y firma. La pieza administrativa dispone calcular la deducción de ganancias sobre el básico asignado de la clase, el presentismo y la antigüedad, mientras que el resto de los adicionales quedarían afuera para hacer sentir el incremento salarial. Junto con esa medida, el gobierno ratificaría hoy, en la reunión prevista para las 15, el aumento del 34 por ciento que ya anunció para el sector y que los sindicatos rechazan.

Hasta anoche, a Pérez sólo le faltaba hacer unas pocas consultas para tomar la decisión que, para las arcas provinciales sería inocua. Aunque los defensores del ofrecimiento del nuevo cálculo sostienen que se potenciaría el consumo al volcarse un poco más dinero a los bolsillos y, por ende, un leve repunte de los ingresos brutos. Aquellos que se oponen, sin embargo, afirman que la provincia se expondría a un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Cristina Fernández, alterando aún más la frágil y conflictiva relación política entre la nación y la provincia.

Otras provincias ya decidieron tomar el camino que evalúa Pérez, pero claro, con una situación financiera mucho más holgada que la que presenta Mendoza y con plazos fijos en los bancos con suficiente cantidad de fondos como para afrontar un desplante nacional y un enfriamiento de la relación.

La medida favorecería, de aplicarse, a un diez por ciento de la fuerza laboral del Estado mendocino, entre 9 y 10 mil liquidaciones reales. Muchos de esos trabajadores son docentes con cargos altos y medios, la mayoría de los médicos, pero especialmente todos los funcionarios públicos, lo que obligaba a quienes analizaban la medida a evaluar la reacción de las reacias Blas y Del Póppolo que, al ver que todos los funcionarios quedan exentos de ganancias, podrían utilizarlo como argumento para seguir agitando la vida del conflicto y el enfrentamiento con el gobierno en medio de la campaña electoral.

El impacto fiscal de una medida de esta naturaleza ascendería a los 280 millones de pesos anuales, un poco más de 23 millones de pesos por mes. Esos fondos van directamente a las arcas para las que recauda la AFIP, con lo que inmediatamente la nación, al no contar con ellos, podría o bien, seguir ninguneando a Mendoza; arreciar con toda su furia contra la provincia arrinconándola y asfixiarla financieramente, o tomar una suma de las dos opciones.

De ocurrir esto último, un escenario temido desde ya, la administración de Pérez ya debiese estar buscando diferentes planes y acciones de financiamiento para solventar los aumentos salariales que se vienen y, por sobre todo, el pago del medio aguinaldo de junio, el mismo mes de la elección a gobernador.

En concreto, cuatro eran las dificultades que se discutían anoche y que pueden hacer variar la suerte de la oferta: una primera es que la decisión puede afectar aún más de lo que está la relación entre la provincia y la nación; una segunda vinculada con el riesgo de que una decisión política de tal envergadura no garantiza el acuerdo con los gremios; una tercera que apunta a que sólo alcanzaría a no más del 10 por ciento del universo de empleados y la cuarta, quizás, la más sensible de todas que el beneficio impacta en todo el plantel de funcionarios políticos del gobierno de Pérez, elemento más que suficiente como para tirarle motivos a los sindicatos dispuestos a tensar la cuerda con la administración.


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