El sistema de aprobación de los pliegos para los funcionarios propuestos a ocupar cargos en aquellos lugares clave, que necesitan del visto bueno del Senado es, por demás, no sólo antediluviano, además de tremendamente injusto para los candidatos es falto de transparencia, cargado de motivaciones políticas y dudoso bajo todo punto de vista.
El sistema prevé que cada postulado o designado, por caso para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía de Estado, debe ser sometido a una votación secreta que se resuelve con bolillas blancas y negras. Así de simple. Si el postulado supera la mitad más una de bolillas blancas puestas por los senadores que votan, quedará automáticamente designado en el cargo. Si las bolillas son negras, su pliego se queda en el camino por no pasar el cedazo de la Cámara Alta, es rechazado y el gobernador, que es quien tiene la facultad de elegirlos para ser sometidos a esa votación, debe buscar otro candidato.
Todos saben en la política mendocina que las bolillas blancas, y también las negras, son pasibles de ser enajenadas. Se manejan, esas bolillas, según los intereses políticos muchas veces personalísimos, como mercancía transable y de acuerdo con el mayor grado de interés que haya y el compromiso y empeño asumido por quien está detrás de la propuesta, será más alto o más bajo el valor de la preciada bola. El valor de cada bolilla varía según las épocas y son las épocas, como el mercado en la economía, las que rigen el precio, si se permite el exabrupto.
También es cierto que jamás se podrá probar el comercio de las bolillas cuando llega la temporada de las designaciones. Pero no es menos cierto que todos saben, y más cuando se presumen votaciones muy cerradas, finitas y justas, que e mercado negro detrás de los discursos grandilocuentes, políticamente correctos y de ocasión, goza de buena salud.
El sistema es injusto para los candidatos, independientemente de sus cualidades, de su idoneidad y de sus aptitudes para ocupar estos cargos más que clave. Porque puede ser que no estén a la altura y que sólo llegaron a ese lugar de expectativa por pura decisión política de quien lo propuso. Pero también puede que se dé lo contrario: que sean extremadamente probos y que sus antecedentes estén a la altura del cargo que pretenden. Pero de igual manera, sea una cosa o la otra, como la votación es anónima da lugar a las suspicacias.
Justo y sano para el sistema sería que se avanzara en un cambio detrás de la transparencia plena. Para que todos sepan cuáles son los argumentos de los senadores que votan para aprobar o para desaprobar y para dilucidar si detrás de una aprobación o de una desaprobación existe o no una orden, una suerte de disciplina partidaria para darle aval o para quitárselo a un candidato.
Hoy, Fernando Simón, candidato a la Fiscalía de Estado; Ricardo Pettignano, aspirante a ocupar un lugar en el Tribunal de Cuentas y muy especialmente Miriam Gallardo postulada a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, están en el ojo de la tormenta y sus nombres, justa o injustamente, han sido defenestrados en medio de la fuerte discusión política que ha generado sus postulaciones.
Las suspicacias, las dudas, las sospechas, la falta de definiciones de tal o cual senador más o menos cercano al gobierno para aprobar o desaprobar a un candidato le hacen muy mal al sistema y a quienes deben pasar por ese examen. Y los que llegan a ocupar los cargos de por vida llevarán la mácula de la sospecha sobre ellos, lamentablemente por siempre.