OPINIÓN

Una cuestión de libertades

La libertad de expresión y de culto, dos ámbitos muy diferentes, en el centro del debate.

 El tema de las libertades estuvo esta semana sobre la palestra en distintos aspectos y en ámbitos muy diferentes, aunque recurrentemente San Rafael fue foco de la discusión.

En el primero de los casos, la controversia tuvo que ver con la libertad de expresión, a partir de un estudio que realizo la fundación LED y que explicó en Radio Andina Mendoza, Carlos Aguinaga, integrante de la entidad.

El ex senador señaló que en Mendoza hubo algunos casos, "6 ó 7" , "donde la acción de algunos funcionarios o policías provincial impidieron la libre función de un periodista". Mientras que en Argentina hubo en 2014 más de 400 casos que afectaron la libertad de expresión.

Respecto a la censura, ejemplificó con el caso de Daniel Lorenzo, periodista de LV 4, a quien se le cortó el micrófono, y el del diario El Sol "con los periodistas que fueron intimidados por bandas del narcotráfico".

En la explicación, Aguinaga esbozó un concepto muy interesante y esclarecedor al decir que es tolerable que los medios privados tengan un sesgo editorial o una posición ideológica determinada y que sus publicaciones estén en línea con esos postulados, aunque no ofrezcan diversidad en cuanto a las opiniones, pero no es aceptable que los medios del Estado esgriman esta posición.

El fundamento es que los medios privados se solventan en la gestión de sus propios dueños y dependen de sus niveles de audiencia, que les abren las puertas a los auspicios que llegan a través de la publicidad.

Si acentúan sus posiciones hasta llevarlas al extremo, el riesgo que corren es que la opinión pública no admita esa perspectiva agonal y le retire su preferencia, quitándole audiencia, espectadores o lectores y poniendo en fuga a sus auspiciantes.

Pero en el caso de los medios estatales, que no dependen del mercado y que no asumen riesgos porque son solventados por el erario público, la cuestión es distinta.

Ellos sí deberían garantizar pluralidad y diversidad de voces, aun cuando sean de posiciones antagónicas con el gobierno, por cuanto su responsabilidad es generar espacios de expresión horizontales que abarquen a todos los sectores, por minoritarios que sean.

Pero la realidad indica que esto no se verifica y viene acorriendo así desde hace décadas, aunque es verdad que hace mucho tiempo que no se veía a un gobierno asumir una posición tan recalcitrante en este punto, como lo que se advierte en la actualidad en el ámbito nacional.

El otro tema afecta la libertad de culto y es una discusión que recién empieza y que promete tener algunos capítulos más y surge a partir de una iniciativa presentada por la APDH ante el Concejo Deliberante y que pretende que el municipio sanrafaelino sea declarado “Municipio laico”.

El proyecto tiene por objeto garantizar la igualdad y la libertad de conciencia en el Estado municipal asegurando su neutralidad en materia religiosa, prohibiendo en todos los edificios públicos y cualquier otro espacio dependiente de la jurisdicción municipal la instalación o exhibición permanente de símbolos, referencias, imágenes o motivos religiosos y la utilización de cualquier denominación que haga alusión a preferencias religiosas de cualquier índole, en ocasión de realizarse actos de imposición de nombre a establecimientos educativos o sanitarios dependientes del Departamento Ejecutivo municipal.

Se mezclan en esta discusión, cuestiones que tienen que ver con lo cultural y lo religioso, pero es en este punto, donde justamente el espíritu de la Constitución Nacional y la legislación vigente tienen una clara tendencia hacia la laicidad del Estado.

Aquí y en muchos otros países, donde estas dicotomías hace mucho que están superadas.

El asunto es que ambas cosas ocurren, aunque una considerable mayoría de la sociedad no las ve como positivas.

Todo el mundo acepta que pretender influir sobre la opinión pública con argumentos sesgados y operaciones políticas que presentan lo malo como si fuera bueno o no tan malo, es uno de los actos de corrupción más sutiles y perversos que se puedan concebir.

El nazismo dio cátedra sobre este punto.

También es evidente que darle preferencia a un culto sobre los demás, es algo que embiste frontalmente contra el sentido común y rompe reglas de equidad e igualdad que son pilares de la vida republicana.

Estas contradicciones llegan a la incongruencia cuando desde la misma Carta Magna se declara que el Estado debe sostener el Culto Católico, apostólico y romano, en una disposición que es ostensiblemente anacrónica e injusta.

¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué es tan difícil solucionar esta clase de problemas que dese lo conceptual no ofrecen dificultad, pero que en la praxis hace décadas que están ahí y nadie se atreve a corregirlos?

El art. 2 de la Constitución Nacional, rige desde que la misma fue sancionada y la cuestión de la manipulación de los medios por parte del gobierno, surgió casi con los mismos medios.

Evdentemente somos una sociedad que tolera estas situaciones, o en todo caso, que no tiene el carácter necesario para asumir las posiciones indispensables para corregir estas iniquidades.

En otras sociedades donde el juicio crítico de la opinión pública no tolera estas cuestiones, pues sencillamente no ocurren, u ocurren de manera más moderada.

La cuestión religiosa ya casi no admite discusión en el mundo de hoy y así se distingue la democracia de la teocracia, entendiendo a esta última como una forma de gobierno en la que lo religioso es la razón de ser del Estado y sólo se admite un culto.

En punto a los medios de comunicación, la cosa es más sutil, por cuanto como es admitida la tendencia en el ámbito privado, es más difícil evitarla en lo público.

Pero siempre es el juicio crítico de la opinión pública lo que establece los límites.

Tendremos que entrenarnos y rendir un examen de madurez política como sociedad, esgrimiendo juicios más rigurosos que no toleren estos excesos.

Desde luego que el gobierno y los sucesivos colores políticos que lo detenten serán los que deberán provocar y sostener los cambios necesarios, pero mientras no haya una sociedad que los demande, nunca ocurrirán.

Por más evidente que sea la iniquidad que manifiestan.

El general Perón, en sus años de exilio, percutía con un latiguillo que repetía como una letanía a los entusiastas que lo visitaban con la esperanza de que regresara a la Argentina a conducir el cambio y la evolución política que la sociedad creía merecer.

Cada vez que ponía su foco en alguna problemática social o política y explicaba las posibles salidas, Perón decía:

“Estas cosas las arreglamos entre nosotros, o no las arregla nadie”

Estas dicotomías le dan la razón con una contundencia que apabulla. 

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