Los sueldos de los funcionarios, de la demagogia a la falta de decisión política
Mientras la dirigencia política de Mendoza no se dé un debate y posible revisión a fondo sobre el gasto del Estado en general, sobre lo que cuesta mantener el recurso humano con que cuenta y sobre la elaboración de una necesaria ley de sueldos que otorgue transparencia y claridad a ese tipo de erogaciones, nada ni nadie acallará las voces de aquellos que cada vez que se mueven las dietas de los legisladores, los haberes de los jueces y fiscales y el sueldo del gobernador y de sus ministros y funcionarios políticos, buscan sacar provecho político con la entendible indignación de buena parte de los ciudadanos que, con sus impuestos, solventan no sólo esos gastos, sino el funcionamiento de todo el Estado en su conjunto.
Ayer, la sociedad tomó conocimiento del salto que pegaron los sueldos de los funcionarios y legisladores al recibir un 30,5 por ciento de incremento. A lo largo de todo el 2014, y por un decreto del gobernador Francisco Pérez, los funcionarios públicos cobraron sueldos congelados por la crisis de recursos que afecta a la caja del Estado. Con lo que primero operó en la conciencia de muchos fue preguntarse qué cambió entre diciembre del 2014 y enero del 2015 como para que legisladores que venía cobrando unos 30 mil pesos pasaron a percibir 45 mil, o el sueldo del propio gobernador que de más de 40 mil pesos pasó a cobrar entre 55 mil y 58 mil pesos.
Es sensato pensar que nada cambió en cuanto a los recursos, porque seguramente las finanzas de la provincia siguen igual de endebles que como terminaron el 2014, porque además, la actividad económica se mantuvo igual de chata que como venía del año anterior. En términos simples, lo que operó fue que no hubo un decreto de Pérez prorrogando el congelamiento de los salarios de los funcionarios y legisladores que reinó a lo largo de todo el año pasado. Simple.
Una ley de sueldos podría resolver la eterna discusión, con mucho de demagogia desde ya, que aparece cada vez que se ajustan los sueldos de los funcionarios. Porque nunca se explican con claridad, porque siempre son inoportunos y porque tampoco desde la dirigencia se hace algo para defenderse de esa eterna, permanente visión que se tiene de todo lo que envuelve la política.
Pero ocurre que ni el gobierno, entendido como Poder Ejecutivo, ni la legislatura en donde están representados todos los partidos políticos que elije la ciudadanía, se animan a meterse de lleno en la discusión sobre la ley de sueldos. Son sólo amagues, algunos parches para dar una respuesta coyuntural, pero nada serio y mucho menos profundo. Lo propio ocurre con otros asuntos que no han sido resueltos por la misma dirigencia y que tienen que ver temas varios y no menos importantes que el gasto en sueldos del Estado provincial, como es el económico y el perfil de la matriz productiva de Mendoza, por caso.
En los fines del gobierno de Pérez es muy probable que nada de lo dicho antes tenga algún tipo de avance. Por varias razones, la primera es porque no tiene tiempo, ni tampoco demostró iniciativa política para avanzar en alguno de ellos. Sólo fueron reacciones espasmódicas, coyunturales, que demostraron que lo había detrás era apostar al paso del tiempo.
Quien lo suceda deberá plantearse esa serie de deudas impagas por la dirigencia desde 1983 a la fecha. Porque la democracia obliga a asumir tales responsabilidades.
