Lanzada la campaña rumbo a las PASO del 19 de abril y las generales del 21 de junio para que los mendocinos elijamos al próximo gobernador, los principales líderes y protagonistas de la fiesta deberán plantearse, en algún momento, el tono que le darán a las discusiones, la sangre que se derramará entre acusaciones que irán y vendrán y el ancho que tendrán las heridas que, indefectiblemente para la salud de la sociedad mendocina, deberán cerrar cuanto antes, porque la resolución de los problemas mayores que tiene Mendoza, no esperan.
Es decir, los candidatos y principales referentes, además de chivatear de lo lindo de pueblo en pueblo, en algún momento tienen que sentarse a discutir cuán virulenta serán las batallas, porque al final del 21 de junio, día en que los mendocinos sepamos quién tomará la posta de Francisco Pérez, al gobierno le quedará todavía medio año de gestión y si el peronismo no logra un triunfo, Pérez experimentará en carne propia el vacío de poder y prácticamente su nula influencia para nada más y nada menos que seis meses en la vida del Estado mendocino.
La transición entre el gobierno que se va y el que lo sucederá puede llegar a ser traumática y dolorosa para el futuro de la provincia si quienes se impongan no acompañan prudentemente al gobernador que dejará el poder. Más responsabilidad tendrá Cornejo en este fin, si es que finalmente logra imponerse en la elección. Porque una desmedida presión sobre el gobernador, quien además ha sido su principal blanco de críticas a lo largo de todo su mandato, podría provocar decisiones oficiales que los mendocinos pagaríamos muy caro.
Y no sólo decisiones avaladas por una lapicera que prácticamente se quedará sin tinta para esos meses, pero la suficiente para que se cometan errores gruesos, puede ser una de las consecuencias de un irresponsable enfrentamiento, sino que también hay que tener en cuenta que el rol del jefe de Estado, envuelto en un pavoroso vacío de poder, retrasaría más de la cuenta a Mendoza y hasta la podría dirigir a un mar de indefiniciones.
La mano, hay que decirlo, no viene nada bien. Hay dos indicios de lo que puede llegar a ocurrir si la racionalidad no domina a los candidatos. Uno de ellos ha sido la pelea pública entre el diputado radical Héctor Quevedo y uno de los posibles candidatos del peronismo a la gobernación, el ministro de Salud Matías Roby, en un estudio de televisión, el jueves pasado. Por si no se enteró, ambos estuvieron a un tris de agarrarse a piñas en medio de un vendaval de acusaciones varias en donde las palabras corrupto, mentiroso, ignorante y patotero se dejaron escuchar en medio de un griterío.
El otro indicio es Guaymallén. Su intendente, Luis Lobos, quiere legitimar el cargo al que accedió cuando Alejandro Abraham debió dejar la conducción de la comuna para asumir como diputado nacional. Lobos no la pasa bien y su fama de llevar adelante campañas por medio de métodos cuestionados pondría a la batalla por el departamento en los primeros lugares de máxima tensión, tanto hacia dentro del propio peronismo, en su interna, como la fuerza que hará el radicalismo para quedarse con un territorio que puede definir la suerte de la elección final por la provincia.
Hay un tercer indicio que, mirando la elección provincial con aires de esperanza y deseos, quizás, por suerte, pueda que no tenga tanta influencia en Mendoza. Se trata del estilo y de los métodos de los que el kirchnerismo se valió a lo largo de casi una década para mantener y acrecentar su poder para sojuzgar. Ese resentimiento que logró hacer crecer en tantos argentinos, en Mendoza, si se tiene algo de claridad intelectual, debiera no prender en los ardorosos debates que se avecinan, porque más allá de que el gobierno de Pérez haya intentado ser un soldado leal del gobierno nacional, todos saben que allí, en ese escenario, nueva fue visto con confianza ciega.
