De multiplicarse la tradicional e histórica visión de la mayoría de los gremios argentinos, un buen día, los fumadores, molestos por no permitírseles disfrutar de su vicio en espacios cerrados, de acceso público, como oficinas, escuelas, hospitales, centros de salud y demás, pues bien podrían organizar una manifestación de reclamo denunciando discriminación o algo por el estilo y copar el hall de acceso del Hospital Central con cigarros en la boca consumiéndolos uno tras otro hasta ser escuchados y obligar a una medida a su favor, por caso, que se vuelva a fumar en todos lados, sin restricciones.
Los bomberos, también, por no recibir una compensación justa por el trabajo que en beneficio de la comunidad realizan, y quizás por la indiferencia que existe en gran medida hacia ellos, pues podrían organizar un incendio gigantesco de los árboles de la Plaza Independencia sin permitir que nadie usara sus propias herramientas, como las autobombas, para extinguirlo, y así lograr visibilidad a sus reclamos y concientizar de lo importante y trascendente que es, en definitiva, la tarea que realizan.
La fuerza policial como ya lo hizo alguna vez en Mendoza y lamentablemente en otras regiones del país, molesta y a disgusto con los aumentos salariales que no alcanzan a cubrir el 100 por ciento de la inflación real, un día de estos podría sorprender a los ciudadanos a punta de pistola en sus propios domicilios e impedirles la circulación, o aliarse por algunas horas, en masa, a las organizaciones de delincuentes y atacar en banda al resto de la sociedad indefensa exigiendo mejoras salariales al gobierno de turno.
Este tipo de ejemplos ridículos, arbitrarios e irracionales, haciendo la salvedad que algunos de ellos se llevaron a la práctica en el pasado reciente de nuestro país, y que a muy pocos de los ciudadanos bien pensantes que tiene la provincia se les podría pasar por su cabeza como modo de reclamo por un malestar puntual, es equivalente a la medida que organizó ATE a fines de noviembre pasado cuando, ignorando las consecuencias, decidió interrumpir un maratón de larga duración internacional que debía disputarse en las estribaciones del cerro Aconcagua, una de los máximos emblemas que identifican a nuestro país y a la provincia en el mundo entero.
Más de medio millar de atletas de otras partes del mundo llegaron a Mendoza para competir, pero una protesta de ATE, que les impidió el paso en medio del recorrido, abortó la competencia y el hecho, rápidamente, se propagó por la prensa especializada en el mundo entero. El reclamo, por más justo que fuera, nunca justificó semejante acción por parte de los militantes y afiliados que, sin embargo, nunca reconocieron la equivocación o el exceso del derecho a la protesta, apoyados en que era necesario llegar a esa instancia para visibilizar sus reclamos y concientizar al gobierno.
Ayer, desde la Justicia, adelantaron que habrá una imputación legal contra los organizadores de la protesta, los líderes gremiales Raquel Blas y Roberto Macho. Un fiscal especial, Santiago Garay, decidió acusar a los dirigentes por coacciones agravadas, esto porque ambos no sólo impidieron el paso de los corredores, sino que además los amenazaron.
Esto de que el derecho de uno termina donde empieza el de los demás, alguna vez debe dejar de ser una declamación para que apoyado en normas, regladas y discutidas como debe ser y con las sanciones correspondientes, se lleve a la práctica de una vez por todas. Porque si no, se corre el riesgo de caer en la visión de que se vive en una sociedad patas para arriba, donde lo anormal pasa a ser lo regular y lo habitual y donde los normal y obvio, lo extraordinario.
