La Legislatura mendocina discute, desde hace algunos días, el presupuesto provincial del 2015. El gobierno pide autorización para gastar cerca de 50 mil millones de pesos en el último año de gestión de Francisco Pérez.
La Legislatura mendocina discute, desde hace algunos días, el presupuesto provincial del 2015. El gobierno pide autorización para gastar cerca de 50 mil millones de pesos en el último año de gestión de Francisco Pérez.
Al defenderlo, Pérez y sus ministros aseguran que no endeudarán a Mendoza, que no existen trampas ni maniobras encubiertas y que entregarán la provincia sin déficit a quien lo suceda a fines del año que viene.
La oposición asegura que todo se trata de un dibujo y que Pérez sí o sí deberá pedir autorización por más fondos para terminar el año por la estructura del plan que ha enviado y por negarse a realizar un ajuste general y hacer más eficiente los recursos provinciales.
La discusión no termina allí ni de cerca. Las leyes de Avalúo e Impositiva, aún no aprobadas, y que le dan sustento al presupuesto, son motivo de duras discusiones, por la fuerte presión impositiva que ha sufrido la provincia durante los últimos años sin que el 2015 haya sido la excepción, porque el año que viene sorprenderá con subas en automotor, inmobiliario y tasas retributivas del orden del 30 por ciento.
Pero los municipios no le van en zaga a la provincia. Parece un fenómeno nacional. Todos buscan recursos extras de manera desesperada y la presión asfixia a los contribuyentes comunes, a todos los ciudadanos que pagan tributos y a las PYMES, las que han sufrido al Estado nacional, a las provincias y a los municipios.
Ayer, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, distribuyó un informe específico de la presión que sufren en manos de los municipios. De 157 departamentos relevados, el 70 por ciento incrementó la presión fiscal en los últimos tres años, en la mitad de ellos se crearon nuevas tasas y en el resto las subas resultaron abusivas.
Según la CAME, en la ciudad de Mendoza, la tasa comercial subió 28,33% en 2013 y 29,87% en 2014. También en la provincia de Mendoza, las tasas al comercio y la industria de Godoy Cruz subieron 33% en 2013 y 36% en 2014, mientras que en Guaymallén las subas fueron del 30% anual. Para los comercios e industrias locales son un exceso.
En términos generales, los empresarios medianos y pequeños del país advierten que el 2014 termina con un exceso de presión y exceso de desorden. Y sostienen, en el documento distribuido este domingo:
La carga tributaria efectiva que se aplica a las pequeñas y medianas empresas en la Argentina viene creciendo en todos los niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.
Las transferencias de recursos desde el sector privado en general, y desde las PYMES en particular, al sector público es excesiva en relación a los niveles de rentabilidad que requieren las empresas. En los últimos 14 años, la presión fiscal aplicada conjuntamente entre Nación, provincias y municipios, como mínimo, se duplicó.
Actualmente una industria o comercio que cumple con todas sus obligaciones fiscales puede llegar a pagar al fisco más del 50% de su margen bruto en concepto de impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo.
Uno de los impuestos más distorsivos es el de Ingresos Brutos, que no sólo es por donde más subió la presión a las PYMES a nivel provincial, sino también a nivel municipal.
Es que hoy la mayoría de las ciudades del país convirtieron las tradicionales tasas municipales en un tributo que grava facturación bruta y se superpone con Ingresos Brutos.
En Argentina, cada provincia y cada municipio tienen regímenes fiscales con características propias y cada uno tiene la posibilidad de introducir tasas discrecionalmente y modificar las vigentes. Eso genera un desorden importante, con impuestos que se superponen unos con otros, y donde a menudo empresas de otras jurisdicciones deben pagar dos veces el mismo impuesto.
Ese desorden se acentuó en los últimos años por las subas constantes, arbitrarias y de todo tipo y magnitud en las tasas y contribuciones municipales y provinciales.
Cada impuestazo que se aplica en Argentina, en cualquier nivel de gobierno, castiga al empresario que se moderniza, al que amplía su capacidad de producción y al que invierte.
El sistema tributario no puede seguir priorizando las necesidades fiscales por sobre los objetivos de eficiencia y equidad, y sacrificando competitividad y rentabilidad en las PYMES porque, tal como se está observando en el país, el resultado de esa acción es menos inversión, menos crecimiento, menos empresas y menos empleo.

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