Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), siempre fueron una piedra en el zapato para las estructuras partidarias tradicionales que siempre gobernaron en Mendoza, o bien al frente del Ejecutivo provincial, o bien en las comunas y que se fueron alternando en el poder desde 1983 a la fecha.
Las PASO primero se implementaron a nivel nacional, luego de la sanción de una ley en el 2009 que modificaba el financiamiento de las campañas electorales que definían los candidatos de los partidos políticos. Tenían como intención democratizar el sistema de selección y metían mano en el método siempre oscuro y dudoso con el que los partidos seleccionaban sus propios referentes. Fue, o al menos intentaba ser, un golpe al clientelismo partidarios. Las PASO se aplicaron por primera vez en el 2011 y luego en el 2013, sólo a nivel nacional.
En Mendoza, un acuerdo político permitió sancionar la ley de PASO provinciales las que tienen que debutar en el inminente año electoral del 2015. La ley mendocina copió el sistema nacional, especialmente en el punto del financiamiento, el que debe estar garantizado por el presupuesto provincial. Pero no avanzó en el cómo. Con lo que la ley no reglamentó las PASO y es un tema que ha dividido a los juristas que se reparten entre aquellos que dicen que deben aplicarse sin más y los que sostienen que son tantos los asuntos irresueltos que al no contar con la reglamentación hacen a esta ley de imposible cumplimiento.
Las PASO, filosóficamente, democratizan la posibilidad a cualquier ciudadano de ser escuchado por fuera de los partidos tradicionales. Por eso los pequeños partidos políticos o aquellos ciudadanos organizados en mínimas estructuras son igualados en cuanto a sus posibilidades para que todos puedan ser escuchados, al igual que los grandes que poseen los recursos.
Pero también las PASO avanzaron en los procesos internos de los partidos al darle la misma oportunidad a los sectores minoritarios, por fuera de la estructura partidaria, para competir de igual a igual con el candidato de la mayoría interna. Y por su fuera poco, la ley de PASO declaró esas internas obligatorias, con lo que el clientelismo se ha visto seriamente amenazado: esto es el sistema que funciona a favor de quien gobierna porque tiene a su favor el aparato partidario y la estructura de gobierno.
En las PASO votan todos, afiliados y no afiliados, estén o no allegados o atados a una estructura de gobierno que los pueda condicionar a favor del candidato oficial que los puede condicionar con prebendas o garantizarles el trabajo.
Pérez sorprendió ayer con un decreto que suspende el financiamiento de las campañas electorales en las PASO, aunque no la elección primaria que debe hacerse de igual manera. El argumento es que no hay fondos para soportarlas, con lo que todo, por ahora, vuelve a fojas cero. En verdad y más allá de las quejas de los partidos opositores, como las de la UCR o el PD, por caso, pocos creían en su implementación. Y han sido muchos, por no decir todos, los intendentes que también se han quejado.
Es que el proyecto que se aprobó no tuvo en cuenta aspectos centrales, como por ejemplo la distribución equitativa de los espacios propagandísticos, el criterio con el que el Estado definiría los lugares y los espacios para que se fijaran las ofertas electorales de todos los partidos y sus candidatos.
Además de la falta de presupuesto oficial para sostener el sistema, que no es un dato menor, la ley no sólo no define el cómo se implementarían los espacios en los medios electrónicos (radios, canales de televisión), sino que además, la ley mendocina, incluye a la vía pública y a la prensa escrita, medios que no están contemplados en la ley nacional que sólo obliga a distribuir segundos en los canales y en las radios, porque es el Estado nacional el dueño de las licencias que concesiona a los privados y quien puede distribuir los espacios. La provincia no tiene injerencias en esas frecuencias de los medios electrónicos y mucho menos en los diarios y la vía pública en la que intervienen los municipios como autoridad de aplicación.
Con lo que el decreto sorprendió a medias. Porque no sólo a la ciudadanía le falta recorrer años de cultura democrática para internalizar como naturales los sistemas de selección de candidatos y utilizarlos de la mejor manera para su propio bien. Sino que a la política, mendocina especialmente, le ha faltado un sinceramientos respecto de estos procesos y está obligada a encontrarle la solución a problemas que hoy no la tienen y que hacen inviable la aplicación de una ley buena y necesaria que requiere de un profundo estudio para hacerla operativa y equitativa para todos, como lo indica la filosofía de estas primarias.
¿Estás de acuerdo con el decreto de Pérez?
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