La culpa no es mía. La culpa siempre es del otro. Esa máxima de la calle, extendida e instalada en la piel de la sociedad argentina, es, por supuesto y como no podría ser de otra manera, la conclusión final de las repercusiones que ha tenido el promocionado estudio de investigación sobre las posibles irregularidades cometidas en la OSEP y las causas de su mala administración que la ha conducido a prestar un servicio cada vez más decrépito a sus afiliados.
A grandes rasgos y en mayor o menor medida según el estado de las finanzas provinciales, a lo largo de los años la obra social de los empleados públicos fue un coto de caza de todas las administraciones de gobierno. Peronistas, radicales y otra vez los peronistas pusieron el ojo en esa fuente de financiamiento seguro cada vez que les ha tocado gobernar la provincia.
Desde la década de los 90, cuando menos, que se viene dando esa mala costumbre de todos los gobiernos que ha tenido la provincia de sitiar y copar, literalmente, la institución que le debe garantizar a los empleados públicos, de la provincia y de los municipios, y a los jubilados del sistema, las prestaciones médicas necesarias porque para eso la financian, mes a mes, con el correspondiente aporte que se les descuenta de sus magros salarios.
Nadie puede dudar que la OSEP no está funcionando como corresponde ni que está brindando servicios por debajo, muy por debajo de la mínima a la que está obligada. Quien lo hiciera, sólo tiene que preguntarle a un afiliado directo de la obra social. A cualquiera de los 140 mil empleados públicos que la soportan, tanto del Estado provincial como de los municipios.
El problema, como siempre, está en su administración y en los responsables de lo que le sucede. Pero nadie se hace cargo. Las actuales autoridades sólo atinan a expiar sus culpas en lo que recibieron como herencia cuando se hicieron cargo. Tan es así que el actual presidente del directorio ni siquiera se hace cargo de la gestión de quien lo antecedió, un hombre de su mismo partido y gobierno. El punto es que, ni siquiera institucionalmente, quienes conducen el organismo, dan una respuesta convincente que no sea la habitual, de cajón y de manual para el nivel de la dirigencia actual: algo así como que el mundo se nos vino encima, el mundo se cayó y que los problemas financieros son los habituales similares a los que tiene la provincia y el país.
Tampoco se le pide a la OSEP que entre en una suerte de juego político, de ocasión y oportunista en el que pudo haber ingresado la oposición al tomar la situación de la obra social como bandera de las críticas hacia el oficialismo en general de cara a un proceso electoral que se avecina. Pero no puede eludir una respuesta clara y convincente a los afiliados. Una respuesta que demora en llegar y demorará sin dudas un largo tiempo, al menos hasta cambie el concepto frente a lo que se está administrando y todo lo que se pone en juego frente a una mala decisión al momento de autorizar un gasto.
Para colmo de males, el afiliado tampoco puede confiar en la intervención de los organismos de control, como la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuenta. El primero de ellos, absolutamente desdibujado, con un responsable a cargo que hace equilibrio entre las denuncias contra el Ejecutivo y otros organismos y la dependencia absoluta que mantiene con ese mismo Ejecutivo para ser promovido a fiscal de Estado, un cargo vacante desde que cayera su responsable Joaquín de Rosas, jaqueado por un mal desempeño. El Poder Ejecutivo mantiene esa indefinición a sabiendas de los beneficios que le significa un fiscal atado de manos que no investiga a fondo ni incursiona en los temas más calientes por temor a no ser promovido.
El segundo organismo de control, el Tribunal de Cuentas, tampoco garantiza una investigación a fondo. Porque cuando llega su justicia, generalmente es tarde y la misma tiene que ver con un mero control de legalidad; esto es observar un gasto si el mismo no tiene un comprobante convincente. El Tribunal de Cuentas no tiene facultades para observar decisiones de gestión. A la OSEP y a sus funcionarios, el tribunal sólo podrá reclamarle los comprobantes de gastos, las facturas, pero no objetarle la oportunidad del gasto y el por qué del mismo.
La única salida que parece quedarles a los afiliados es rezar. Rezar e implorar para que alguna vez en la vida su obra social tenga una administración honesta y seria, que ante la menor dificultad seria lo haga saber y transparente la situación y, quizás, dé un paso al costado si no se encuentra a la altura de la resolución de conflictos que tenga enfrente.
Con un modelo de gestión que hierve ante las críticas, que patalea en los medios de comunicación que ventilan las irregularidades y denuncias y que poco o nada aporta para el esclarecimiento de las dudas, poco y nada será viable. En la OSEP o en cualquier organismo del Estado.