Los servicios públicos no pueden ser un acto de fe. Así, con esa terminante frase finaliza un comunicado de la ONG Protectora que difundió ayer por la tarde, haciendo una reflexión, casi amarga, de lo que tiene que penar para que el gobierno le dé algún tipo de información sobre los cuadros tarifarios y los por qué de los aumentos que se han registrado en los últimos meses en los valores del agua, la electricidad y el sistema de transporte público, éste último con un ajuste a comienzo de año.
Más allá de las razones que pueda tener y esgrimir el Ejecutivo al ordenar ajustes en las tarifas, lo que preocupa y llama la atención y merece, aún mucho más, una reflexión a fondo, es la transparencia en la que se deciden y se llevan a la práctica.
Protectora, una ONG que nació varios años atrás por la falta de respuesta de un Estado insensible y poco afecto a dar explicaciones, se ganó un lugar en el mundo al reclamar por los malos servicios, prestados tanto por el Estado como por las empresas administradoras de concesiones. Protectora batalló pidiendo datos y los fundamentos por los que se ordenaban y aprobaban modificaciones en las tarifas sin que estas subas tuvieran alguna correlación con avances en la calidad y extensión de los servicios.
La ONG logró frenar, desde varios años atrás, las subas indiscriminadas del gas en Mendoza por la vía de cautelares; subas que se fundamentaron en decisiones tan confusas y poco claras como por ejemplo el incluir a Mendoza en una zona geográfica cálida y tórrida como las del norte argentino. Pero ese freno judicial pende de un hilo o de un criterio judicial que en cualquier momento puede revertirse al no estar asentado sobre bases objetivas y claras, como debiese ser.
Sobre el gas, Protectora, en su comunicado de ayer afirma: Nos preocupa, la inexistencia de modificación de la situación por parte de las autoridades y de los prestadores; salvo desde los aspectos judiciales y/o políticos; pero desde la planificación estratégica y/o fijación de la política a seguir, ni el Estado provincial nos informa, ni el Estado nacional, desde el Ministerio de Infraestructura, ni desde el Ente regulador, emiten una idea clara de como continuará, ya que barato por una orden de Juez no puede ser eterno.
Ni el Estado provincial, no el Estado nacional, ni siquiera el ente de control, ¿se entiende?, absolutamente nadie da explicaciones sobre el preocupante nivel de la tarifa.
No sólo es preocupante, sube a niveles de indignación la indiferencia oficial frente a las demandas de los consumidores, ninguneados por quien debiese ser la última instancia frente a los reclamos de los prestadores de servicios públicos, inclusive el propio Estado.
Sobre el aumento de la electricidad tampoco pareciera que existiese un procedimiento objetivo y claro. Las empresas piden un 60 por ciento y el EPRE, luego de analizar los números de las operadoras, llega a la conclusión de ajustar un 32 por ciento sin que los representantes de los usuarios puedan, siquiera, tomar contacto de los estudios y análisis realizados. Tampoco se sabe mucho sobre las inversiones adeudadas por Edemsa y el resto de las cooperativas que distribuyen la energía en toda la provincia. Sobre este punto, Protectora habla, con ironía, de un verdadero acto de fe en torno a los ajustes y los por qué de los mismos.
En los servicios públicos, hay un desorden muy grande, y venimos participando activamente de los procesos, proponiendo que se de información y que se adecúe el sistema. Creemos, que esto necesita de mucha lucha por parte de nosotros como usuarios, y les aseguro que la estamos dando; pero también sabemos, que sí desde los que organizan la política, no lo ponen en el tapete de los temas a tratar, esto se irá agravando, a partir de que los bolsillos de nosotros como usuarios terminemos esquilmados. La idea de una charla, es compartir el trabajo e ir previendo que hay un tema delicado por delante. Los servicios públicos, no pueden ser solo un acto de fe , así termina el documento de la ONG, que hacemos propio de este espacio.
