El inicio de la semana le traerá al gobierno mendocino algún cierto alivio a nivel financiero, que no es poco, a la luz de los problemas que atraviesa el Tesoro provincial. Mañana martes, Mendoza, junto a tres provincias más, llegarán a la Rosada para firmar, tardíamente, el programa de refinanciación de las deudas provinciales que la nación firma cada tres meses con los estados federales.
Está claro que Mendoza fue castigada a fines de julio y los primeros días de agosto pasado cuando fue excluida del programa que venía suscribiendo sin novedades por enfrentarse a las modificaciones que Cristina Fernández impulsaba sobre la Ley de Hidrocarburos. Los cambios a esta ley, paralelamente, serán aprobados también esta semana bajo los preceptos del Gobierno nacional mientras que las provincias, una vez más, debieron ceder a la presión del gobierno central y a la de YPF.
Un combo perfecto, típico producto del modus operandi de una administración que basó siempre su estrategia de gobierno por medio de un sistema de premios y castigos según la cercanía y lejanía que se tuviera de sus políticas y decisiones.
Pérez, sin ser un rebelde ni por asomo, como sí lo fueron otros de sus colegas que así y todo consiguieron más victorias que derrotas, debió padecer la ira oficial por osar rechazar en medio de las negociaciones algunas de las modificaciones a la ley que pretendió la Nación.
Junto a Pérez también sufrieron la misma suerte Neuquén, Chubut y Rio Negro, las mismas provincias que tras el forzado acuerdo también se sentarán con Pérez a firma la prórroga de los pagos que las provincias deben hacer sistemáticamente a la nación y que se vienen renovando cada tres meses.
El alivio para Mendoza es importante, aunque no modificará de manera sustancial la compleja y preocupante situación financiera por la que atraviesa. Al ingresar en el plan, Mendoza no le pagará a la Nación entre 160 y 200 millones de pesos de aquí a fin de año. Pero sus problemas son lo suficientemente graves como para no tener tiempo en distracciones detrás de una necesidad de financiamiento cercana a los 1.800 millones de pesos como ha admitido la administración de Pérez.
Para esta semana, sin ir más lejos, Pérez espera que la nación le aprueba el lanzamiento de un bono por esos 1.800 millones y ha animado a los municipios a imitar el comportamiento de su gobierno, adelantando entre líneas que el Ejecutivo puede que no pueda salir en auxilio de las comunas para cuando lo soliciten, ya sea para sueldos o el cercano aguinaldo de fin de año.
Al menos así lo dejó claro Pérez en un mano a mano que tuvo el viernes con los caciques comunales del peronismo. Los intendentes, en cambio, le reclamaron algún tipo de acción oficial para evitar el desmoronamiento aún mayor de sus pequeñas economías regionales y los temidos despidos del sector privado.
En medio de un laberinto, Pérez tiene varios frentes que atender. El interno, de cara al pedido cada vez más ruidoso de los gremios para reabrir paritarias y el de los proveedores del Estado a los que les debe unos 700 millones de pesos y amenazan, a diario, con cortar sus servicios. El externo, si se quiere, con la presión de la nación para someterse a los designios que desde la Rosada se cranean y a las urgencias de los intendentes, como está dicho.
Mientras, elabora un presupuesto para su último año de gestión sin poder, por ahora, tapar un déficit previsto de ante mano de unos 2 mil millones de pesos. Y una oposición inquieta, porque espera que abra esos números para enfrascarse en una pulseada política no dura y rabiosa, sino larga y extensa como los meses que se avecinan de campaña electoral.
video