Para el último año de gestión al frente de la provincia, Francisco Pérez prevé un Presupuesto cercano a los 44.500 millones de pesos, esto es un 20 por ciento más que el votado para el 2014 y entre las medidas más importantes, dispuestas para financiar el gasto público, el gobernador analiza si autoriza o no un ajuste del 20 por ciento en el valor fiscal del metro2 de construcción que impactaría directamente en el impuesto Inmobiliario, una de las fuentes de recursos propios más importantes de las que dispone la provincia.
La semana termina con un gobernador metido de lleno en la elaboración de la pauta de gastos para el 2015, la que le ha preparado Juan Antonio Gantus, el ministro de Hacienda que según afirman en Casa de Gobierno, ha estado en permanente contacto con los principales dirigentes opositores, en especial radicales, para llegar a acuerdos previos que eviten el desgaste que hubo en este 2014 que tuvo su presupuesto recién pasada la mitad del año, en medio de un debate ardoroso por el endeudamiento que pedía Pérez y que el radicalismo evitaba aprobarle.
El gran dato a dilucidar para el 2015 es si el presupuesto irá al debate legislativo con déficit; esto es con gastos más elevados a los ingresos totales. El radicalismo adelantó que no avalará más deuda para el último año de Pérez; en verdad quien lo hizo fue Alfredo Cornejo, el intendente de Godoy Cruz que quiere ser el candidato del partido convencido de que el peronismo perderá en las elecciones del año que viene con lo que ve muchas chances de suceder al actual gobernador y pretende, por todos los medios, evitar que le caiga encima una provincia hipotecada que lo inmovilice de manos para el gobierno que se imagina.
Pero Pérez, que hoy está siguiendo de cerca la misión de su ministro de Hacienda en Buenos Aires a donde lo ha enviado para arrancarle a la Rosada la autorización que le permita lanzar al mercado un bono por 1.800 millones de pesos que necesita para cerrar este año, no le encuentra la vuelta a un rojo cercano a los 2.000 millones de pesos que tendrá que hacer frente el año próximo por vencimientos de amortización de la deuda. Ese número, en principio, sería el que iría inscripto en el proyecto de presupuesto del 2015 si es que no le halla alguna solución. Para borrar ese déficit y evitar una pelea descarnada con el radicalismo que seguramente se dará, el gobernador deberá priorizar entre algunas partidas de gastos, justo en su último año de gestión.
El borrador en análisis, no sólo calcula un incremento del gasto en un 20 por ciento como está dicho, un número que de todas maneras deberá aprobar Pérez; el citado incremento en el avalúo del Inmobiliario también del 20 por ciento; el déficit posible de por lo menos 2.000 mil millones más, puede que incluya un nuevo ajuste, en este caso de un 30 por ciento, en lo que se denomina y conoce como las tasas retributivas; aquellas que cada ciudadano debe abonar cada vez que realiza un trámite oficial bajo la forma de códigos especiales. Estos valores impactarán directamente en el bolsillo de los mendocinos que deban pasar por las oficinas de la ATM.
El resto de las variables del presupuesto han sido calculadas sobre la base del proyecto que elaboró la nación para el 2015. En esta pauta de ensayo, preliminar, Hacienda ha calculado una inflación del 14,7 por ciento, un crecimiento del 2 por ciento y un dólar oficial a 9,40 pesos, todo igual que la nación.
Sin embargo, los técnicos mendocinos creen que esos números variarán y que todo terminará fijándose tal como el Parlamento nacional apruebe el presupuesto nacional, cuyo tratamiento ha comenzado al promediar la semana. Y junto con esto, no es menos cierto que el gobierno de Pérez está acordando con la oposición comenzar el análisis del presupuesto mendocino una vez que se haya aprobado el de la nación. Si esto es así, la Legislatura local comenzaría a discutir la nueva ley a mediados de octubre, con suerte.
Otro elemento a tener en cuenta serán los recursos nacionales que el gobierno ha previsto podrían llegar, en todo concepto, en el 2015. Se cree que podría ser unos 16.000 millones de pesos, aunque en Hacienda evalúan una cifra menor, todo supeditado al presupuesto nacional. Ese monto contiene los envíos por la Coparticipación Federal de impuestos y todas las partidas de fondos del componente envíos nacionales.
Este punto no es menor, porque una de las primeras críticas que ha recibido el proyecto de presupuesto nacional para el último año de Cristina, es que ha aumentado su participación en la toma de los recursos en detrimento de las provincias. Es que el proyecto indica que el 74 por ciento de los recursos recaudados serán controlados por la Casa Rosada y solo el 26 por ciento restante será enviado a las provincias mediante la coparticipación y otras transferencias automáticas.
Un estudio de una consultora privada calculó, una vez que se dieron a conocer los número proyectados del gasto nacional para el año próximo, que el déficit global de todas las administraciones provinciales en conjunto orillaría los 30.000 millones de pesos y que con las transferencias a las provincias, sólo 16 de ellas podrían cubrir la totalidad del gasto en personal, o en sueldos estatales. El resto, como es el caso de Mendoza, deberá hacer frente a lo que le falte con recursos propios. Para el caso de Mendoza el mismo estudio calculó que con la plata que le transfiere la nación cubre el 82 por ciento del gasto en personal, mientras que otras provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cubre sólo el 21 por ciento; Neuquén el 48 por ciento; Buenos Aires el 58; Chubut el 62; Santa Cruz el 70; Tierra del Fuego el 76 y Río Negro el 93 por ciento.
Mientras Pérez comienza a recibir los trazos gruesos del presupuesto que le ha elaborado Hacienda y decide, en términos políticos, qué hacer con el déficit, cuánto aumentar la presión fiscal por ahora en Inmobiliario y en las tasas retributivas, su ministro Gantus llega a Buenos Aires para presentar la documentación con el fin de que se le autorice el lanzamiento de un bono por los 1.806 millones que se necesitan para que el 2014 termine más o menos en regla.
Esa plata tiene incluida la autorización que le dio la Legislatura para endeudar a la provincia por 800 millones de pesos que irán a parar, si es que se consigue el dinero, al Fondo para la Transformación y Crecimiento, a la amortización de deuda, a algunos planes para sostener el empleo y para fondear el denominado fondo solidario agrícola. Eso constituye 800 millones de pesos.
El resto, los 1.006 millones restantes, está comprometido para el plan Poda (200 millones de pesos) y los 806 millones de pesos que requiere Aysam, la empresa de agua, para su programa de inversión en toda la provincia con el fin de renovar redes y recuperar canales cloacales.
Se vienen tiempos de discusión caliente, tiempos en los cuales Pérez deberá defender su plan de acción para el último año al frente de la provincia y donde la oposición, especialmente la radical, hará todo lo que esté a su alcance para forzar al gobierno a realizar el mayor ajuste posible, por la expectativa que tiene de gobernar la provincia desde fines del 2015.
