En su capítulo referido a las Declaraciones, Derechos y Garantías, nuestra Constitución establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal (Art. 1°).
En su capítulo referido a las Declaraciones, Derechos y Garantías, nuestra Constitución establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal (Art. 1°).
Y es que - como prefacio de este precepto legal - cuando comenzó a forjarse nuestra nacionalidad, en el intento de construir un Estado Nacional en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se vivió una etapa de gran conflictividad producto de la necesidad de adoptar uno u otro sistema de gobierno en base a proyectos políticos diferentes: ¿seríamos un país Unitario o Federal?
Luego de sangrientas y largas luchas protagonizadas por dos bandos profundamente antagónicos, la emergente Nación Argentina adoptaba el sistema Federal de Gobierno, siendo la Ciudad de Buenos Aires la que constituiría su Capital Federal.
No obstante, como decía Juan Bautista Alberdi en sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina: la federación o unidad, es decir, la mayor o menor centralización del gobierno general, son un accidente, un accesorio subalterno de la forma de gobierno. Este accesorio, sin embargo, ha dominado toda la cuestión constitucional de la República Argentina hasta aquí. Afirmación que aún hoy mantiene plenamente su vigencia.
Todavía conservamos la dicotomía sobre la centralización o no del poder, de los recursos y, con ello, de las toma de decisiones. Lo cierto es que el federalismo o centralismo no son fines en sí mismos, sino que son herramientas para organizar el poder, y eso es lo que expresa Alberdi en su ensayo.
El resultado del modelo de Constitución implementado en Argentina ha sido sustentado en una enorme transferencia progresiva de poder desde las provincias hacia la Nación. En teoría, el Gobierno Federal debería ejercer sólo el poder que expresamente le ha sido delegado, pero lo cierto es que éste se ha constituido en el nivel de gobierno más poderoso dentro del sistema político argentino.
Actualmente, y por distintas circunstancias, no hay mejor método que analizar la forma en la que se distribuyen los recursos nacionales, para determinar si el poder en la Nación se encuentra centralizado o no.
Por su parte, la Constitución Argentina establece en su Artículo 4° que: El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.
Ahora bien, cuando se discutió la Reforma de 1994 los constituyentes instaron a la sanción de una ley de coparticipación antes de la finalización del año 1996, donde las Provincias debían estar en un 100% de acuerdo. Aunque existen coincidencias entre el arco político y especialistas en la materia sobre las deficiencias del actual sistema, su cumplimiento se viene posponiendo. Era evidente que las Provincias que más reciben por coparticipación no iban a ceder en beneficio de aquéllas que lo hacen en menor cantidad, lote en el cual se encuentra la provincia de Mendoza, penúltima en cuanto al porcentaje por habitante que recibe de la Nación por ese concepto.
Mendoza, como el resto de los Estados provinciales, viene padeciendo una merma de los recursos que la Nación le debe girar. Ejemplo de ello es la no coparticipación de impuestos que deberían ser coparticipados, como el impuesto al cheque, y por otro lado, el traslado de servicios públicos como la educación, sin los recursos necesarios para atender su funcionamiento.
El año próximo las Provincias recibirán por la coparticipación de impuestos apenas el 26% del total de los ingresos, mientras que el Gobierno Nacional se quedará con el restante 74%. Las provincias apenas logran detener la caída de su participación en la torta de recursos federales. Incluyendo el Fondo Sojero, en 2014 apenas concentrarían el 27% de la renta federal, cuando a principios de siglo dicho ratio se ubicaba próximo al 35%, dice la consultora Economía & Regiones, la cual - valga decirlo - ha sido contratada por provincias gobernadas por el Justicialismo, entre ellas la provincia de Mendoza, lo que evita cualquier tipo de suspicacias sobre parcialidad respecto de sus datos.
Como si esto fuera poco, vemos que a raíz de la estatización de YPF, las provincias productoras de petróleo, socias con la Nación en la titularidad de la empresa petrolera de bandera, se acaban de anoticiar que deben pagar solidariamente la indemnización a la empresa Repsol. Aunque según el Ministro Kicillof no íbamos a pagar ni un solo centavo, a Mendoza le corresponden abonar nada menos que 500 millones de Dólares!!!
La pétrea sumisión del Gobernador Pérez - entre otros dirigentes del PJ - respecto de las políticas del gobierno de Cristina Kirchner, nos ha llevado a la pérdida de recursos provinciales. Recursos que son cada vez más escasos y más necesarios que nunca, sobre todo hoy que no tenemos obra pública, que los sindicatos estatales se encuentran en plena pugna distributiva y que los servicios públicos esenciales se encuentran afectados.
Recuperar el sentido federal que nuestra Constitución manda no es un concepto discursivo y demagógico, por el contrario, es una materia pendiente. Pero si nos remitimos a los antecedentes previos no parece que el Gobernador Pérez esté dispuesto a revisar su política respecto de la Nación. Sólo queda entonces apostar al próximo gobierno. Éste deberá colocar al federalismo en su agenda política, a fin de defender con real fuerza lo derechos federales de los mendocinos y comenzar a revertir el viejo axioma que nos viene condicionando: "la Argentina termina en la General Paz"....