Las distintas entidades financieras muestran diferencias de hasta un 160 por ciento en créditos para el consumo, de acuerdo a un informe difundido por la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La comparación se realizó entre dos bancos públicos, tres bancos privados y dos entidades financieras no bancarias en agosto pasado.
La variable que se tomó para realizar la comparación de los préstamos fue el Costo Financiero Total (CFT) en función de un préstamo de 1.000 pesos a tasa de interés fija mediante el sistema de amortización francés financiado en 12 cuotas.
En promedio, el costo del préstamo en bancos públicos resultó del 51,9 por ciento, en bancos privados del 96,6 por ciento y en entidades financieras no bancarias arrojó un 135,5 por ciento.
De esa forma, el informe indicó que "el Costo Financiero Total al que accede un cliente de un banco privado es un 86,2% más costoso que el ofrecido por los bancos públicos a sus clientes".
"Dicha diferencia se amplía a 161 por ciento si se cotejara el CFT al que accede un cliente de un banco público con el CFT al que accede una persona no bancarizada que recurre a una financiera", señaló.
El trabajo "Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares", realizado por Germán Fedelman, advirtió además que en la Ciudad de Buenos Aires "las entidades financieras y no financieras que otorgan créditos para el consumo se encuentran concentradas fundamentalmente en los barrios populares con predominante población de bajos recursos".
A través de un relevamiento, se concluyó que "la mayor cantidad de financieras se encuentran en el sur de la ciudad".
"Dentro del sur de la capital, los principales focos de concentración están emplazados en los siguientes barrios: Once, Caballito - Primera Junta, Flores, Liniers, Pompeya y Constitución. En todos estos barrios las financieras se encuentran en casi todos los casos sobre las avenidas donde se ubican los locales comerciales", señaló el reporte.
En el trabajo de la PROCELAC se señaló que "aprovechándose de la tradicional expulsión de los sectores populares del circuito bancario formal, y de que la única opción para el acceso al crédito de estos sectores son estas entidades financieras no bancarias, el CFT como las tasas de interés que fijan son mucho más altas que las que aplica la banca pública y la banca privada sin contar los abusos de la letra chica de los contratos", señaló.
En los casos de las entidades financieras no bancarias "el no pago del crédito tiene como consecuencia la apertura de un juicio en el que el deudor posee escasas posibilidades de defenderse y que, además, puede convertirse en una oportunidad para realizar mayores ganancias".
"Esto es así toda vez que la demanda que interpone la financiera en caso de incumplimiento del pago tramita mediante el proceso de juicio ejecutivo. Estos juicios se caracterizan por su corta duración ya que en los mismos no se investiga la legitimidad o la causa de la obligación sino que consisten en los casos aquí analizados en la ejecución de un documento comercial (pagaré) que se caracteriza por su autonomía", reveló el informe.
Además, se indicó: "De esta manera, el uso del pagaré resulta alarmante ya que deja al consumidor a merced del proveedor del crédito quien podría cometer cualquier tipo de ilicitud, sea completando el pagaré con un monto distinto del pactado o bien desconociendo los pagos ya devengados, y todo esto sin posibilidad de ser analizado en un proceso Ejecutivo".
La PROCELAC realizó un relevamiento sobre 61 juicios ejecutivos iniciados por una sociedad anónima que se dedica al otorgamiento de créditos para el consumo a través de dos locales con nombres de fantasía, uno ubicado en el barrio de Flores y el otro en el Microcentro porteño.
En la mayoría de los casos, "los tomadores de los préstamos eran personas asalariadas que residen en la zona sur de la ciudad y que habrían solicitado préstamos por bajas sumas de dinero conforme surge de los expedientes".
"En todos los casos relevados (a excepción de tres no enmarcados en una relación de consumo) la SA presentaba la demanda junto con el pagaré solicitando el embargo de los haberes o, en su defecto, de los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, u otro tipo de acreencias".
Al respecto, se advirtió que "de los 58 casos vinculados a operaciones de crédito para el consumo, en 53 se procedía conforme a la pretensión de la financiera o se estaban tomando las medidas diligenciales a tal fin". Fuente: NA
