El legislador cuestionó la intimación del intendente alvearense, invocó la libertad de expresión y advirtió que no borrará sus publicaciones en redes sociales. Por qué se habían cruzado.
El legislador sanrafaelino respondió la carta documento del intendente alvearense.
El senador provincial Mauricio Sat rechazó la carta documento que le envió el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y aseguró que no se retractará de sus declaraciones sobre la deuda que reclama San Rafael por el Gasoducto del Sur. El legislador sanrafaelino consideró que la intimación constituye un intento de disciplinar el debate público mediante amenazas judiciales y ratificó el contenido de sus publicaciones en redes sociales.
“No me retractaré ni eliminaré publicación alguna”, sostuvo Sat en la respuesta formal que envió el 28 de julio, luego de recibir la notificación del jefe comunal el día anterior. En el documento, el senador rechazó de manera categórica los planteos de Molero y defendió sus expresiones como parte de una controversia institucional vinculada con el financiamiento de una obra de interés para el sur mendocino.
La disputa comenzó después de que Sat publicara un video en sus perfiles de Instagram, Facebook y TikTok en el que reclamó al intendente de General Alvear que pagara los fondos que, según sostiene el legislador, el municipio le debe a San Rafael por la obra del gasoducto.
En la publicación, el senador señaló que una familia tipo puede gastar alrededor de $320.000 mensuales para calefaccionarse, cocinar y disponer de agua caliente, mientras que el acceso al gas natural permitiría reducir ese costo en unos $200.000. “Por eso es fundamental que el intendente Molero pague para que más sanrafaelinos accedan a un servicio más económico y seguro”, expresó en el texto que acompañó el video.
La respuesta del jefe comunal llegó días después mediante una carta documento, en la que le otorgó un plazo de 48 horas para que se retractara públicamente, eliminara las publicaciones y cesara en sus manifestaciones.
Molero argumentó que las expresiones constituían una falsa imputación de un supuesto incumplimiento económico atribuible tanto a su persona como a la Municipalidad de General Alvear. También sostuvo que Sat había presentado como cierta una deuda que, según su postura, no existe, y advirtió que podría iniciar acciones civiles por daños y perjuicios y las acciones penales que considerara correspondientes.
En su respuesta, el senador rechazó que sus declaraciones constituyan difamación, injuria o una falsa imputación. También negó que exista un deber jurídico de retractarse, eliminar el contenido o reparar daños.
Sat sostuvo que sus expresiones estuvieron vinculadas exclusivamente con la gestión pública de Molero y con una controversia sobre el financiamiento de una obra regional, sin hacer referencias a su vida privada o a cuestiones ajenas a su función como intendente.
En ese sentido, consideró que la carta documento busca trasladar al terreno personal una discusión institucional relacionada con el uso de recursos públicos y la finalización del gasoducto. “Su misiva procura desnaturalizar una controversia institucional de estricto interés público (...) para trasladarla indebidamente al terreno de un conflicto estrictamente personal”, planteó el legislador.
Para respaldar su posición, Sat invocó el artículo 96 de la Constitución de Mendoza, que regula las expresiones de los integrantes de la Cámara de Senadores, y citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la inmunidad de opinión de los legisladores. También mencionó precedentes judiciales nacionales e internacionales vinculados con la protección del discurso político y la libertad de expresión en asuntos de interés público, entre ellos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Respecto de las posibles acciones penales, el senador afirmó que la amenaza de judicialización carece de sustento legal. Citó los artículos 109 y 110 del Código Penal, que regulan los delitos de calumnias e injurias, y sostuvo que esas figuras no comprenden las expresiones referidas a asuntos de interés público en los términos previstos por la legislación vigente.
Además, cuestionó la invocación de normas del Código Civil y Comercial por parte del intendente y argumentó que el ejercicio regular del derecho a criticar la gestión de un funcionario público no genera, por sí mismo, una obligación de indemnizar.
Por esos motivos, el senador no solo ratificó sus declaraciones, sino que también intimó al intendente a abstenerse de realizar nuevas acciones que puedan amedrentar o condicionar la crítica política.
Sat advirtió que considerará cualquier reiteración de esas prácticas como una posible restricción indirecta de la libertad de expresión y un ejercicio abusivo del derecho. Asimismo, dejó planteada una reserva para ejercer acciones civiles o formular denuncias ante los organismos que correspondan.
De esta manera, descartó cumplir con el pedido de retractación y anticipó que mantendrá sus publicaciones. "Ratifico íntegramente el contenido de mis expresiones públicas", señaló.
El cruce entre ambos dirigentes se inscribe en la disputa por el financiamiento del Gasoducto del Sur, una obra estratégica para ampliar el acceso al gas natural en San Rafael y General Alvear, que fue inaugurada el mes pasado.
Desde San Rafael, el reclamo apunta a que el municipio alvearense aporte los fondos que, según la posición del gobierno sanrafaelino, le corresponden por la infraestructura. Molero, por su parte, cuestiona que exista una obligación económica de General Alvear en los términos planteados por sus interlocutores.
La controversia cobró mayor relevancia tras la inauguración del gasoducto y los avances en las gestiones para habilitar nuevas conexiones. En ese escenario, Sat sostiene que el pago reclamado permitiría ampliar el acceso de los vecinos a un servicio más económico que otras alternativas de calefacción y cocción.
El legislador también dejó en claro que su reclamo no está dirigido contra los habitantes de General Alvear, sino que forma parte de una discusión sobre las responsabilidades económicas de los municipios involucrados.
