El Gobierno de Mendoza avanzó con nuevas pautas para controlar el impacto de las actividades productivas sobre el agua y la calidad del aire. La medida forma parte de la reorganización del sistema de fiscalización ambiental de la Provincia.
La Provincia avanza con nuevas pautas para fiscalizar el impacto ambiental de las actividades productivas.
El Gobierno de Mendoza avanza con cambios en el sistema de control ambiental de las actividades productivas, con especial atención sobre dos recursos sensibles: el agua y el aire. La Provincia estableció nuevas pautas destinadas a ordenar los procedimientos de fiscalización y actualizar los criterios que deben cumplir las actividades alcanzadas.
La medida se enmarca en una reorganización más amplia del sistema ambiental provincial, que durante 2026 incorporó una nueva estructura de fiscalización dentro del Ministerio de Energía y Ambiente.
El objetivo es concentrar y fortalecer las tareas de seguimiento sobre industrias y emprendimientos que, por las características de sus procesos, requieren controles específicos.
El esquema alcanza tanto al monitoreo de efluentes líquidos como a las emisiones a la atmósfera, dos aspectos centrales al momento de evaluar el desempeño ambiental de las actividades económicas.
En una provincia árida como Mendoza, donde la disponibilidad y calidad del recurso hídrico tiene una importancia estratégica para el consumo humano, la producción y los ecosistemas, los controles sobre posibles fuentes de contaminación adquieren especial relevancia.
La actualización busca establecer procedimientos más claros para determinar cómo deben realizarse los monitoreos, qué parámetros tienen que analizarse y bajo qué condiciones debe presentarse la información ante la autoridad ambiental.
Uno de los ejes es avanzar hacia una mayor estandarización de los estudios. Esto permitirá que los resultados obtenidos en diferentes establecimientos puedan ser evaluados bajo criterios comunes y, al mismo tiempo, facilitará el seguimiento de cada actividad a lo largo del tiempo.
El control no se limita a constatar una situación puntual. La intención es contar con información que permita detectar modificaciones, advertir eventuales desvíos y exigir medidas correctivas cuando corresponda.
Para ello, los análisis deberán realizarse siguiendo las condiciones técnicas fijadas por la autoridad ambiental y a través de los mecanismos previstos para garantizar la validez de los resultados.
De esta manera, el monitoreo ambiental pasa a ocupar un lugar central dentro de la fiscalización: los datos obtenidos permiten conocer qué sucede con los efluentes que genera una actividad y con las emisiones que pueden llegar a la atmósfera.
En materia de agua, el control apunta principalmente a conocer las características de los líquidos generados por las actividades productivas y verificar su comportamiento de acuerdo con los parámetros ambientales establecidos.
El objetivo es prevenir impactos sobre un recurso particularmente sensible para Mendoza. La Provincia posee una economía estrechamente ligada al aprovechamiento del agua y gran parte de la población y de la producción se concentra en los oasis irrigados.
El segundo eje corresponde a la calidad del aire y las emisiones atmosféricas. Allí, los controles buscan determinar qué sustancias generan determinadas fuentes y en qué concentraciones, para verificar el cumplimiento de las exigencias ambientales.
Este último aspecto se vincula, además, con otros cambios que Mendoza viene implementando durante 2026. En agosto, por ejemplo, la Provincia amplió el alcance del registro de emisiones de gases de efecto invernadero, dejando de considerar únicamente el tamaño de una empresa para poner el foco en la actividad que realiza y en las emisiones que efectivamente genera.
En ese esquema quedaron comprendidas las personas y empresas registradas como fuentes fijas, además de aquellas que la autoridad determine que deben presentar información por su aporte a las emisiones provinciales.
Las modificaciones forman parte de una transformación mayor en el funcionamiento del área ambiental.
El Ministerio de Energía y Ambiente creó la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA), que reemplazó una estructura con más de tres décadas y reunió bajo una misma órbita distintas competencias vinculadas con evaluación, seguimiento y control.
Dentro de esa dirección funciona una Coordinación de Industrias Extractivas, integrada por las áreas de Hidrocarburos, Minería y Control de Agua y Aire. También existen coordinaciones específicas para residuos y economía circular, además de vinculación, innovación y desarrollo.
La reorganización apunta a que los procedimientos de inspección y seguimiento tengan criterios comunes y que exista una mayor coordinación entre las diferentes áreas que intervienen cuando una actividad puede producir impactos sobre el ambiente.
Entre las funciones asignadas a la nueva dirección se encuentran la evaluación ambiental de obras y actividades públicas y privadas, la fiscalización a través de inspectores ambientales, el seguimiento de permisos, la atención de denuncias y el monitoreo de actividades industriales, extractivas, energéticas y sanitarias.
El cambio de enfoque apunta a reforzar una instancia clave de cualquier política ambiental: contar con información confiable antes de que un eventual problema se transforme en un daño mayor.
Los controles periódicos permiten comparar resultados, detectar tendencias y establecer si una actividad mantiene sus parámetros ambientales dentro de los límites exigidos. También brindan herramientas para determinar cuándo resulta necesario profundizar una inspección o solicitar medidas de adecuación.
Para las empresas y establecimientos alcanzados, el nuevo esquema implica prestar especial atención a los procedimientos utilizados para tomar muestras, realizar análisis y presentar los resultados ante la Provincia.
Para el Estado, en tanto, supone fortalecer su capacidad de fiscalización ambiental en momentos en que Mendoza busca ampliar y diversificar su matriz productiva.
El desafío será que esa mayor actividad económica pueda convivir con controles capaces de proteger recursos esenciales. En ese escenario, el agua y el aire aparecen como dos de los principales indicadores para determinar hasta qué punto el crecimiento productivo puede sostenerse sin comprometer la calidad ambiental de la provincia.
