El plan económico enfrenta límites para acumular reservas mientras busca contener la inflación con medidas de corto plazo, según advierte el IERAL.
Reservas, riesgo país e inflación: ¿cómo se ordenan las prioridades?
En el convulsionado tablero de la economía argentina y mundial, donde los equilibrios son siempre inestables y los ciclos suelen ser más políticos que económicos, el informe de la Fundación Mediterránea (IERAL) publicado esta semana ofrece una lectura profunda de la coyuntura y la situación de las reservas, la inflación y la incidencia en riesgo país del proceso electoral que se avecina.
El trabajo dirigido por Jorge Vasconcelos analiza la arquitectura conceptual que sostiene el actual programa económico del Gobierno nacional, sus grietas internas y sus márgenes de maniobra frente a un escenario internacional hostil.
Desde abril, el equipo económico ha apostado a una meta clara: la desinflación. Con resultados visibles, al menos en términos nominales, la inflación mensual cayó del 3,7 % en marzo al 1,5 % en mayo. La política detrás de ese logro es conocida: contracción monetaria, restricción fiscal y una flotación cambiaria administrada bajo nuevas reglas. Pero el informe advierte sobre el costo oculto de esa estrategia: la incapacidad estructural de recomponer reservas netas y reducir el riesgo país, dos variables claves para proyectar la sustentabilidad del programa más allá del corto plazo.
El Gobierno parece haber elegido –como señala el informe– un sendero de consolidación que privilegia el impacto visible sobre los costos invisibles. Con un saldo negativo de 7.300 millones de dólares en reservas netas, las cifras oficiales siguen mostrando una recuperación de fachada. La brecha entre lo que el Banco Central declara como reservas brutas (superiores a los 40.000 millones) y lo que realmente puede utilizar es demasiado significativa como para pasar desapercibida.
El informe pone el foco en una cuestión crucial: el plan económico actual no se define por lo que hace, sino por lo que posterga. Recuperar reservas propias del BCRA, reducir el riesgo país y encauzar la cuenta corriente de manera sostenible son tareas que han quedado para el “día después” de las elecciones. Pero el mercado no siempre espera. La dinámica adoptada por el Gobierno, basada en la emisión de deuda en pesos (suscripta con dólares) para acumular reservas, abre una nueva incógnita: ¿es sostenible un programa que cambia estabilidad por vulnerabilidad financiera?
La referencia al “modelo Bontes” es particularmente ilustrativa. Con tasas en pesos del orden del 26,65 % anual, el Tesoro busca captar dólares del mercado para engrosar las reservas. Es una operación que puede funcionar en el corto plazo, pero que tiene como contrapartida el aumento de compromisos en moneda local, en un contexto de actividad debilitada y crédito muy costoso. La estabilidad, entonces, se compra con deuda y se mantiene a través del ancla cambiaria, sin que medie una recomposición estructural del aparato productivo ni una agenda clara de crecimiento.
El informe advierte sobre el “techo de cristal” que pesa sobre la recuperación de la actividad. La pérdida de productividad acumulada desde la instauración de los cepos, en 2011, ya no es sólo una variable teórica: en el segundo trimestre de 2025 se la empieza a sentir en el estancamiento del salario real, la rentabilidad empresarial y el crédito al consumo. La economía argentina está chocando contra sus propias limitaciones estructurales.
La recaudación muestra señales de estancamiento, las importaciones crecieron por encima de lo razonable (con un aumento interanual del 37 % en las no energéticas) y el aumento del crédito se detuvo por el encarecimiento financiero. La política monetaria es tan contractiva que los préstamos personales presentan tasas reales que superan en 4 puntos mensuales a la inflación.
Esta combinación —estabilidad nominal con deterioro real— remite a experiencias pasadas en la historia económica argentina. El informe sugiere, aunque no lo dice con todas las letras, que un programa de estabilización que no mejora los fundamentos productivos ni genera confianza sostenida en los mercados de capitales termina siendo transitorio. Y esa transitoriedad puede volverse un búmeran político.
Otro aspecto clave del documento del IERAL es el análisis de la cuenta corriente y el flujo de capitales. Si bien se espera un superávit comercial acotado para este año, la balanza de servicios y el componente financiero proyectan un déficit de cuenta corriente del 2 % del PIB, frente al superávit del 1 % del año anterior. En otras palabras, la economía necesita más capital del que genera.
A ello se suma un panorama preocupante en materia de deuda externa: aun si los compromisos de 2025 están cubiertos, entre 2026 y 2027 se acumulan vencimientos por más de 12.500 millones de dólares anuales. En ausencia de un mercado financiero dispuesto a prestar, y sin acceso claro a organismos multilaterales, esta es una bomba de tiempo cuyo temporizador está corriendo.
El informe no lo dramatiza, pero advierte que si los resultados electorales no revalidan el rumbo actual o no aportan un nuevo horizonte de gobernabilidad, será indispensable un “Plan B”. En ese contexto, acumular reservas y bajar el riesgo país no es sólo una variable técnica, sino una condición de posibilidad para cualquier programa económico que pretenda durar más allá de una primavera desinflacionaria.