El Gobierno nacional apura la reforma de fondo y recorte del aparato estatal antes de que finalice el período de facultades extraordinarias el próximo 8 de julio. En el entorno presidencial aseguran que, a lo largo de las próximas semanas, comenzarán a publicarse entre diez y veinte decretos que apuntan a cerrar, fusionar o transformar hasta cuarenta organismos públicos.
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Reforma contrarreloj: el Gobierno acelera el ajuste del Estado
El Gobierno acelera la reforma del Estado con decretos que apuntan a cerrar, fusionar o transformar organismos antes de perder facultades delegadas.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia central del Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, y tiene como figura clave al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario confirmó que no solicitará la prórroga de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso mediante la Ley Bases. De allí la urgencia por avanzar con las reformas antes de esa fecha.
Los decretos por venir son esperados con cierta ansiedad en Mendoza porque es casi una fija que, entre otros, incluirá el futuro del Instituto Nacional de Vitivinicultura y muy probablemente varios entes con mucho arraigo en la provincia.
Desregulación, eficiencia y ahorro fiscal
Según explicó Sturzenegger en recientes declaraciones a una cadena internacional de información económica, el propósito de la batería de decretos es eliminar, según el ministro, duplicaciones administrativas, recortar gastos innecesarios y desmantelar lo que califica como una expansión “injustificada” del Estado. Las reformas buscan centralizar funciones dispersas y simplificar estructuras, sin afectar, según se afirma desde el oficialismo, las tareas esenciales que cumplen los organismos involucrados. Algo que, según advierten desde los organismos, es imposible.
En su aparición pública, el ministro sostuvo que “un organismo descentralizado tiene su propia estructura organizativa y la centralización ahorra todo eso” y agregó que “en algunos casos se reduce la planta a la mitad, sin afectar las funciones verdaderas”.
Desde el Gobierno aseguran haber reducido ya la dotación del empleo público en 47.000 personas, lo que implicaría un ahorro anual de 2.000 millones de dólares. Este recorte, insisten, contribuye a la disminución de la presión tributaria sobre la sociedad, aunque no se han precisado aún qué tributos han sido efectivamente reducidos, más allá de los anuncios de algunas reducciones impositivas, pero que parecen más destinadas a cumplir con otros objetivos del modelo económico que a reducir la carga tributaria.
Áreas prioritarias
Los primeros decretos apuntaron a modificar aspectos regulatorios vinculados con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Entre ellos se destaca la decisión de reducir a la mitad el costo de la vacuna contra la fiebre aftosa, medida que según el Gobierno impactará directamente en la producción ganadera, aunque desde el mismo sector pusieron algunos reparos a la medida. En paralelo, se anunciarán cambios en los procedimientos de exportación de cargas desde Rosario, mediante la eliminación de una norma que limitaba esta posibilidad.
En el caso de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), se llevaron adelante (y se prometen más) reformas destinadas a agilizar los procesos de aprobación y control de productos, mientras que en el área de Transporte ya se flexibilizaron varias condiciones y reglamentaciones para las operaciones de vuelos de cabotaje.
Respecto de la Dirección General de Aduanas, el Ejecutivo avanza en una profunda transformación orientada a simplificar los trámites aduaneros, como la medida de aceptación de certificaciones internacionales para productos importados. Esta medida busca reducir costos, acelerar procesos y facilitar la incorporación de bienes de consumo y tecnología, por sobre los elaborados en el país.
Coordinación interna y reforma institucional
El avance de estas reformas está siendo coordinado con las autoridades de cada organismo, que se encuentran alineadas perfectamente con los lineamientos libertarios y profundizan los conflictos con los trabajadores y líneas de conducción de carrera.
Un claro ejemplo de esto es la situación que se vive casi desde el primer día de gobierno de Javier Milei con el CONICET.
Sturzenegger también se refirió al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al que cuestionó por su dimensión presupuestaria. “Gasta la mitad de las retenciones del maíz”, afirmó, al tiempo que señaló la necesidad de revisar el diseño institucional y financiero de ese ente.
El avance sobre los distintos organismos muestra un proceso escalonado perfectamente diagramado: tras los primeros ajustes en el ámbito cultural y científico, las modificaciones continuaron (y continuarán) por las áreas de economía, salud y transporte. En los últimos días, el Gobierno oficializó la eliminación o transformación de más de una decena de organismos culturales, entre ellos institutos dedicados a figuras históricas y organismos vinculados con derechos humanos. Las funciones de esas entidades serán absorbidas por la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Flexibilización laboral y cambios normativos
Otra de las dimensiones de la reforma promovida por el oficialismo, y que confirmó el ministro, es la flexibilización del régimen laboral, comúnmente llamada reforma laboral. En el marco de la reglamentación de la Ley Bases, el Ejecutivo anticipa la creación de un nuevo esquema que permitirá a las empresas acordar con los gremios sus propios sistemas de despido e indemnización. Esta iniciativa busca, según Sturzenegger, dotar de mayor agilidad al mercado de trabajo. Ninguna sorpresa en la argumentación; la misma esgrimida en intentos anteriores de flexibilización de las normas laborales. En este aspecto, ya están vigentes varias modificaciones en la relación entre trabajadores y empleadores.
Sturzenegger confirmó que las medidas se implementarán mayoritariamente mediante decretos simples o DNU y las enmarcó en la estrategia más amplia para conservar el superávit fiscal, objetivo prioritario del programa de gobierno, superávit que también es cuestionado por distintos sectores, que aseguran que solo es sostenible por la contabilidad creativa del Ministerio de Economía.
Al Gobierno le queda poco más de 30 días para encarar las reformas que imaginan por decreto. Después deberá pasar por el Parlamento, que, a fuerza de sinceridad, le habrá sido costoso, pero prácticamente en ningún caso imposible.